Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), anteriormente llamados secretarios judiciales, ven con buenos ojos la propuesta que les ha ofrecido el ministerio de Justicia, lo que allana que se pueda poner fin este martes a su huelga indefinida, que ya supera los dos meses.

Así lo han comunicado este lunes por la tarde la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).

De forma mayoritaria, los comités de huelga regionales han apoyado que este martes, en la reunión prevista con el Ministerio de Justicia, los letrados de la Administración de Justicia pongan fin a su huelga, convertida en indefinida el pasado 24 de enero.

El motivo de la misma es el conflicto salarial entre los LAJ y la Administración. Los primeros reivindican una remuneración mayor, al haber aumentado el número de responsabilidades que desempeñan en los Juzgados.

De los 2013 votos emitidos, 1.524 (un 76%) han sido favorables, junto a 421 (21%) en contra y 68 (3%) abstenciones.

No obstante, las entidades convocantes del parón avanzan que aún faltan por aclarar "algunos términos del acuerdo final", que deberán ser matizados este martes.

La propuesta del Ministerio, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, establece que los LAJ "deben asumir una centralidad transversal en los distintos proyectos de eficiencia, y muy particularmente en la implantación de los tribunales de instancia". Por ello, Justicia se abre a mejorar "la cuantía de su complemento específico".

Concretamente, estos "complementos de eficiencia" supondrían un aumento que va desde los 430 euros mensuales hasta los 450.

"El 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos de 1 de enero de 2023. El segundo 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos de 1 de enero de 2024. El 20% restante del incremento mensual tendrá efectos económicos de 1 de julio de 2024", indica el documento con la oferta de Justicia.

No obstante, esta oferta queda lejos de la llamada "cláusula de enganche" con la que los LAJ pretendía asimilar sus retribuciones a las de jueces y fiscales. EL ESPAÑOL ha consultado al Ministerio de Justicia por el coste económico que tendría esta oferta. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

Por otro lado, el departamento que encabeza Pilar Llop se compromete a colaborar con las asociaciones convocantes de la huelga para varios objetivos. Entre ellos, favorecer la participación de este Cuerpo Superior en las leyes y reformas del ámbito de la Justicia, "como impulsores destacados de las reformas emprendidas y como responsables de los nuevos planteamientos organizativos en las respectivas Oficinas Judiciales o centros de destino".

Asimismo, ambas partes colaborarán en "las reformas normativas, tanto de ámbito legal como reglamentario, que resulten adecuadas para complementar y apoyar las previstas en las leyes de eficiencia, las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales de los tribunales de instancia, donde se reflejen las obligaciones derivadas de la eficiencia organizativa, especialmente en materia de digitalización y responsabilidad por la protección de datos".

Las entidades de LAJ, según consta en la propuesta de Justicia, también tendrán voz en "la planificación de los objetivos indicadores y evaluación que permita la implantación de la carrera profesional del colectivo".

En respuesta a esta oferta, la UPSJ, el CNLAJ y la AINLAJ consideran que el Ministerio ha "asumido" la importancia de estos funcionarios y la "entidad de las tareas" que tienen encomendadas.

"No sólo se han puesto de manifiesto durante las jornadas de huelga, sino que, además, se reconocen ahora, con una propuesta que no llega a donde nos gustaría a todos, pero que valoramos en beneficio del servicio público que prestamos".

Tal y como ha informado este periódico, los más de dos meses de huelga de los LAJ han provocado la suspensión de más de 360.000 actos judiciales y que aún haya 425.000 demandas pendientes de reparto y 1.300 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignaciones.