Clara Ponsatí abandona España tras ser puesta en libertad: Llarena la cita a declarar el 24 de abril

Horas después, ya a primera hora de la mañana de este miércoles, la exconsejera se ha dirigido al aeropuerto barcelonés de El Prat para coger un vuelo que le permita asistir al pleno del Parlamento europeo que se celebra hoy en Bruselas. Según informa RAC1, Ponsatí no tiene intención de volver a España ni de viajar hasta Madrid para declarar ante Llarena.

Ponsatí, exconsejera de Educación del Gobierno catalán presidido por Carles Puigdemont, regresó este martes a España tras cinco años prófuga de la Justicia. Pero, a diferencia de otras implicadas en el 'procés' que estaban en la misma situación que ella, como Ana Gabriel o Meritxell Serret, no se ha puesto a disposición del Tribunal Supremo.

Dado que estaba vigente una orden nacional de detención, los Mossos d'Esquadra han detenido a Ponsatí tras una rueda de prensa en la que, desafiante, había manifestado que "si [el juez Llarena] me detiene, tendrá que atenerse a las consecuencias".

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El magistrado del Tribunal Supremo ha argumentado en una resolución hecha pública al filo de las 23.00 horas la procedencia de la detención de la exconsejera.

Llarena se basa en anteriores resoluciones del Tribunal Supremo, en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras y en el Protocolo sobre privilegios e inmunidades de los eurodiputados.

Éstos no pueden ser detenidos ni sometidos a ninguna actuación judicial sin autorización del Parlamento Europeo cuando se encuentren en cualquier Estado miembro de la UE que no sea el suyo. Pero, en su propio territorio nacional, tienen las inmunidades reconocidas a los parlamentarios de su país.

En España, la autorización de la Cámara es precisa si un juez encuentra méritos "para procesar" a un parlamentario, es decir, para "atribuir a un diputado o senador electo la condición formal de parte pasiva, sujetándolo a un proceso penal que podría afectar al normal funcionamiento de las tareas legislativas", explica Llarena.

"Se trata, por tanto, de una previsión a futuro", no aplicable a parlamentarios que, como en el caso de Ponsatí, ya han sido procesados.

"El sentido constitucional de la inmunidad y su propia justificación histórica no permiten igualar la autorización para procesar con la homologación parlamentaria del ya procesado", afirma el magistrado.

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"Carece de justificación constitucional", añade, "que el normal desarrollo de un proceso terminado en su investigación, y cuya prosecución se ha malogrado por no estar los procesados a disposición de la Justicia y por proscribirse en nuestro ordenamiento jurídico el enjuiciamiento en su ausencia, exija para su normalidad democrática el nihil obstat del órgano parlamentario".

Como también hizo con Serret y Gabriel, Llarena ha acordado la libertad provisional de Ponsatí, que se enfrenta a un cargo -desobediencia al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por llevar a cabo el referéndum ilegal del 1-O- que no tiene penas de prisión sino sólo multa e inhabilitación.

Ponsatí ha quedado citada a declarar para el próximo 24 de abril y deberá comparecer cada vez que sea llamada. Deberá también designar domicilio y teléfono "donde pueda ser localizada inmediatamente", dice el juez.

Todo ello, advierte, "con apercibimiento de que el incumplimiento del llamamiento efectuado conllevará la modificación de su situación personal y su conducción ante este Tribunal por la fuerza pública" mientras permanezca en territorio nacional.