El juez de 'Púnica' propone juzgar a Granados y al empresario Marjaliza por amañar contratos

El juez Manuel García-Castellón ha propuesto mandar al banquillo de los acusados a Francisco Granados, exsecretario general del PP madrileño y exalcalde de Valdemoro, y al empresario David Marjaliza en el marco de la pieza número 5 del caso Púnica.

Así figura en un auto, fechado este mismo miércoles. En total, el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, propone juzgar a 21 personas por el supuesto amaño de contratos públicos en las localidades madrileñas de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle.

Ve indicios para proceder contra otros tres exalcaldes de Valdemoro y varios exaltos cargos del consistorio de dicho municipio. Incluye en su auto a un exalcalde de la localidad de Moraleja de Enmedio, a varios técnicos municipales y a personas vinculadas al Grupo Marjaliza. Y archiva la causa para los exconcejales María Jesús Juárez López de Coca y Ángel Marcos Morante.

Los hechos, según el instructor, serían constitutivos de los delitos de cohecho en concurso con un delito de prevaricación administrativa y revelación de información reservada y secretos; de tráfico de influencias; fraudes; cohecho de particular en concurso con un delito de prevaricación administrativa; aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero y cohecho de persona jurídica.

El auto subraya que la investigación judicial "ha permitido constatar una serie de prácticas por parte de los encargados municipales responsables del procedimiento de contratación, encaminadas a asegurar la adjudicación del contrato administrativo licitado a una determinada empresa".

En todos los contratos, indica el juez, se constata una influencia "directa o indirecta" de Marjaliza, quien se habría beneficiado, de una forma u otra, de las adjudicaciones, actuando, supuestamente, como "conseguidor" de la trama. "Se trata de lograr que la sociedad finalmente propuesta por el órgano de contratación sea precisamente aquella que al empresario interesa en cada caso", apunta García-Castellón.

En ciertas ocasiones, Marjaliza concurría a las licitaciones a través de una sociedad directamente controlada por él o, indirectamente, sometida a su gestión. Otras veces, "influía en los responsables del procedimiento de licitación y lograba la adjudicación del contrato, pese a no concurrir en la misma los presupuestos necesarios".

"Finalmente, podemos constatar la existencia de contratos en los que el empresario concurría al procedimiento de licitación mediante alguna sociedad directa o indirectamente sometido a su control, lograba la adjudicación del contrato a través de la influencia ejercida, y causaba un perjuicio económico injustificado al consistorio", añade la resolución.

En Valdemoro, se han investigado, entre otros, los contratos de gestión del servicio de estacionamiento regulado (SER), las concesiones administrativas de cafeterías, párquing, el servicio municipal de grúa, la explotación de instalaciones deportivas e incluso los servicios de recogida de ropa y zapatos usados.

García-Castellón señala que "el punto de partida" del supuesto amaño de contratos es David Marjaliza "y su vinculación con determinados cargos y autoridades" de estos tres consistorios. Gracias a él, habría disfrutado de un "trato privilegiado en materia de adjudicaciones".

Entre estos privilegios, relata el magistrado, destaca el hecho de que el empresario era informado con antelación, de forma "habitual", sobre el inicio de estas licitaciones. Gracias a eso, podía preparar la documentación necesaria, con una "evidente ventaja" sobre sus posibles rivales en el concurso público. Y, de esta forma, asegurarse su adjudicación.

Desde 2015, un año después del inicio de este macrocaso judicial, Marjaliza colabora con la Justicia. Púnica comenzó con una alerta de un banco suizo, que sospechaba que las cuentas corrientes abiertas en aquel país por el empresario y el político Francisco Granados podrían tener su origen en "actos de corrupción y apropiación indebida de fondos públicos". El primero creó la suya en 2003 y el exalcalde contaba con una desde 1999.

"Ambos investigados se valieron de terceras personas físicas y jurídicas para ingresar de manera encubierta dinero en las cuentas abiertas en Suiza", recuerda el juez.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción y el resto de las acusaciones deberán enviar al Juzgado, en los próximos diez días, los escritos en los que soliciten la apertura de juicio oral o, por contra, el archivo de la causa. García-Castellón también ha propuesto juzgar a Adela Cubas, esposa de Marjaliza.