Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy, ha pedido al juez del caso Kitchen la expulsión de Podemos y del PSOE de esta causa. Ambos partidos ejercen la acusación popular.
En un escrito de 14 folios enviados al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Martínez esgrime las "continuas injerencias" del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para justificar su solicitud.
"El derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y su proyección en el principio de igualdad de armas han sido gravemente lesionados en una causa en la que esta parte se ha tenido que defender dentro del proceso y también fuera del mismo, frente al Legislativo y el Ejecutivo que, lejos de permanecer al margen, han realizado continuas injerencias perdiendo la imprescindible neutralidad que otros poderes del Estado deben tener en un proceso penal y que, a su vez, se encuentran personados como acusación popular en la presente causa", señala el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En Kitchen, una de las piezas del caso Villarejo, el Juzgado ha investigado la supuesta operación parapolicial destinada a robar documentación perjudicial para el PP al extesorero de la formación, Luis Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien fuera superior directo de Martínez, para quien solicita la misma pena.
A juicio de este último, tanto PSOE como Podemos, en este causa, "funcionan como instrumentos de organizaciones políticas con intereses de partido (...) ajenos al verdadero fin del proceso". En su escrito, recuerda, además, la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo y las generales de 2024. "Permiten presagiar un ambiente de contienda electoral en el que aflorarán toda clase de reproches a conductas ilícitas de los rivales políticos", indica.
Como ejemplo, Martínez cita unas recientes declaraciones de Marlaska —"absolutamente incriminatorias"— en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una parlamentaria del PP.
"Yo creo que usted recuerda otro Ministerio del Interior, (...) un ministerio de esa gente con la que usted está muy relacionada, como el señor Fernández Díaz o el señor Martínez, aquellos que rompían ordenadores, aquellos que sustraían o trataban de sustraer pruebas de corrupción para evitar la acción de la Justicia", reprochó el actual titular de Interior.
Marlaska, en el Congreso.
Por ello, la defensa de Martínez reprocha que Marlaska, ministro del Gobierno de coalición conformado por PSOE y Podemos, le "acuse abiertamente de la comisión de los delitos objeto de investigación en esta pieza".
"Se trata de afirmaciones en sede parlamentaria (...) que interfieren y contaminan, de forma evidente, la función jurisdiccional que corresponde, de forma exclusiva, a los jueces y magistrados que forman el Poder Judicial", señala.
Y critica las continuas filtraciones de documentación sobre Kitchen —a la que ambos partidos han tenido acceso—, ya que han provocado "verdaderos juicios paralelos".
"Esta petición se realiza también a efectos de eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", avanza Martínez.
Asimismo, en su escrito, recuerda que el Consejo de Ministros, del que forman parte Marlaska y otros miembros de Podemos, ha sido el encargado de desclasificar cierta documentación —secretos de Estado— necesaria para esta investigación judicial. Por ello, a juicio de la defensa de Martínez, se ha creado una situación de "permanente confusión y solapamiento de funciones e intereses".
"Los miembros del Ejecutivo que forman parte de los partidos políticos personados como acusación en el presente procedimiento deben tomar decisiones de evidente trascendencia para el mismo, como es la desclasificación o no de determinados documentos que forman parte de los secretos de Estado", señala. "El Estado, en definitiva, no ha sido neutral en el desarrollo de la instrucción de la pieza número 7 [del caso Villarejo, la pieza Kitchen]", añade.
Francisco Martínez también recuerda al Juzgado que, cuando se celebraron las comisiones de investigación sobre esta trama en el Congreso de los Diputados, hubo parlamentarios de PSOE y Podemos que "utilizaron información procedente del presente procedimiento en dichas sesiones".
"El solapamiento llega hasta el extremo de que uno de los letrados que solicitó la personación del partido político Izquierda Unida (IU) como acusación popular en la presente pieza, don Enrique Santiago, ha ejercido simultáneamente como vicepresidente de la comisión [de investigación] y portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común", ejemplifica.
"La presencia de evidentes intereses políticos que contaminan todo lo que afecta a esta pieza de investigación y la omnipresencia de quienes, además de ejercer la acusación popular, como partidos rivales del que gobernaba cuando se produjeron los hechos [el PP], utilizan su mayoría para realizar investigaciones parlamentarias sobre esos mismos hechos y, desde los escaños del Gobierno, acusan abiertamente a mi mandante de la comisión de los delitos por los que no ha sido juzgado, quiebra por completo el principio de igualdad de armas y posiciona a los representantes del Legislativo y el Ejecutivo en una posición de parte acusadora que hacer perder al Estado su necesaria neutralidad en el proceso", concluye el escrito.