Una secretaria judicial acusa a un abogado de "entorpecer" un proceso por presentar recursos

La sorprendente crítica se plasmó en un escrito enviado al Consejo General del Poder Judicial, al que el abogado se dirigió para denunciar por dilaciones indebidas al juez instructor de unas diligencias en las que interviene como acusación particular.

En el seno de esa denuncia, el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ pidió al Juzgado un cronograma de las diligencias, petición que la letrada de la Administración de Justicia Rosario Montesino contestó mediante un escrito en el que expresó sus propias valoraciones sobre la causa del retraso, sin indicar la base legal de su competencia para hacerlo.

"Se ignora cuál es el objeto sobre el que versa el procedimiento contencioso administrativo [sic], pero sí puedo afirmar que el letrado, con la interposición de sus constantes recursos de reforma y subsidiarios de apelación contra las distintas resoluciones judiciales que se han ido dictando, ha estado entorpeciendo la instrucción de las diligencias previas", manifestó la LAJ.

"Debido a ello", añadía, "no se ha avanzado en la investigación de los hechos, por lo que ya se ha dictado un auto de prórroga del plazo de la instrucción, ya que en las mismas solo se ha podido proceder a practicar la declaración de la denunciante”.

Los "constantes recursos" se limitan a cuatro reformas, cuya desestimación dio lugar a otros tantos recursos de apelación (competencia de la Audiencia, no del Juzgado) en un año y medio. Ninguno de esos recursos tienen carácter suspensivo, por lo que la instrucción hubiera podido continuar.

Denuncia disciplinaria

El letrado interpuso una denuncia disciplinaria contra la LAJ por una "falta grave de consideración con los profesionales". En un escrito sin firma, la secretaria coordinadora provincial de Madrid ha archivado la denuncia argumentando que "se han formulado al menos, un total de cuatro recursos de reforma y otros cuatro recursos de apelación por parte de la defensa y tan importante número de recursos ha hecho que la tramitación del indicado proceso penal se haya visto ralentizada en gran medida”.

El abogado se ha dirigido al Colegio de Abogados de Madrid al considerar que las manifestaciones de ambas letradas de la Administración de Justicia suponen un "grave desmerecimiento de la actividad constitucional de este letrado, y de la Abogacía en general".

"Para la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado, formular los recursos legalmente previstos frente a resoluciones judiciales que se juzgan contrarias a Derecho y lesivas para los intereses del defendido supone 'entorpecer' la instrucción de una causa penal".

Ello es "radicalmente contrario al respeto debido a la honorabilidad profesional de un profesional de la Abogacía", afirma. Y también implica "desconocer -y denigrar- el contenido básico del derecho de defensa, constitucionalmente consagrado, que se ejerce bajo la libertad de criterio jurídico del letrado".

Es, además, un "desprecio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su manifestación de derecho a utilizar los recursos legalmente previstos" y supone "desconocer que ninguno de los recursos contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal frente a las resoluciones del juez instructor presentan alcance suspensivo de la decisión recurrida, por lo que legalmente resulta inviable vincular la formalización de tales recursos con un entorpecimiento o retardo de la actividad instructora que, en todo caso, ha de seguir su curso".

Petición al Colegio

El escrito dirigido por el letrado al Colegio de la Abogacía de Madrid lamenta, con ironía, que la secretaria coordinadora provincial "no aclare qué número de recursos es el que, al parecer, resulta aceptable para que un LAJ no censure, incluso con palabras e imputaciones gruesas, la actuación profesional de un abogado".

El letrado considera inaceptable que "se vincule el legítimo ejercicio del derecho de defensa -del que es contenido intrínseco la articulación de los recursos legalmente previstos cuando, a juicio del Letrado interviniente, procede su formulación para la adecuada protección de los intereses del cliente- con un entorpecimiento de la Administración de Justicia".

"Esta falta de respeto hacia la profesión -que lamentablemente se hace cada vez más frecuente- resulta, a nuestro modo de ver, inadmisible".

"Todos somos conscientes del, en ocasiones, abrumador volumen de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales", concluye. "Pero tal circunstancia no legitima el ataque personal y profesional contra el abogado, ni la censura o el reproche por el solo hecho de ejercitar su legítima función constitucional de defensa del cliente, interponiendo, cuando resulta preciso, los recursos que la Ley establece frente a resoluciones adversas cuya corrección jurídica se cuestiona".