Policía, militar, asesor del Gobierno o agente del CNI: así se disfrazó Luceño para respaldar sus negocios

La Policía encontró en la vivienda de Alberto Luceño diversos carnés falsos en los que el empresario aparece disfrazado de capitán del Ejército de Tierra, de policía honorario, de asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) o de miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al último informe policial enviado al juez que investiga el caso Mascarillas, que recoge imágenes de estos carnés y disfraces. En esta causa judicial, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid investiga la supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento de la capital en la venta de guantes, mascarillas y test contra la Covid-19 al inicio de la pandemia.

Recientemente, su titular, el juez Adolfo Carretero, ya propuso juzgar a Luceño y a su socio en esta operación, el aristócrata Luis Medina, por esta presunta estafa. Ambos —especialmente, el primero— cobraron abultadas comisiones por esta venta.

Un carné falso con la fotografía de Luceño disfrazado de capitán. EL ESPAÑOL

En dicho informe policial, la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción señala que los agentes también encontraron en aquel registro documentos en los que Luceño había anotado información sobre el funcionamiento del CNI.

"¿A quién informa el CNI? ¿De quién depende?", reza uno de estos papeles, que también señala que los miembros de la Inteligencia española gozan de la condición de agentes de la autoridad y tienen acceso a vías de comunicación con la ONU, Estados Unidos e Interpol.

Luceño, disfrazado de miembro honorario de la Policía Nacional. EL ESPAÑOL

Los investigadores también hallaron escritos que explican cómo se organiza el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente del Gobierno central. En dos de los carnés falsos encontrados por la Policía, Luceño simula ser, precisamente, miembro del CNI y asesor del DSN.

"Si bien el contenido del documento no permite adquirir un conocimiento profundo de las instituciones de las que versa, dado el carácter reservado de éstas, la información expuesta denota un especial interés por esta temática", señala el informe.

La Policía concluye que el comisionista pudo utilizar estos carnés para respaldar sus negocios. Especialmente, porque la investigación del caso Mascarillas ya constató que el empresario utilizaba frecuentemente documentos, a modo de aval, con logotipos, escudos o sellos de diversos organismos oficiales e instituciones, que, de nuevo, eran falsos. En la fotografía del carné de capitán del Ejército de Tierra, Luceño luce, incluso, una boina de aspecto militar.

"La posesión conjunta de los efectos detallados resulta significativa, adquiriendo un sentido más específico si se tiene en cuenta que el propio Alberto Luceño (...) recurre, en varios documentos de los que se sirve en sus negocios, al uso de membretes de organizaciones policiales internacionales, lo que le dotaría del respaldo y garantía que a tales organizaciones se les supone", indica la Policía en su informe enviado al Juzgado.

'Caso Mascarillas'

A principios de abril de 2022, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid, la empresa pública encargada de adquirir los guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.

Lo habrían hecho —a ojos de Fiscalía— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía con lo acordado.

La funeraria pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.

Su labor se habría limitado a ofrecer material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió, gracias a una amiga en común, por parte del primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.

En el auto en el que procesa a ambos, el juez Carretero señala que "hacia el 20 de marzo de 2020, en el peor momento de la pandemia de la Covid, y con miles de muertos por su causa en España, sin que se hubiesen descubierto las vacunas contra esta enfermedad, (...) aprovechando la imperiosa necesidad que tenía el Ayuntamiento de Madrid de obtener material sanitario para hacer frente a la pandemia, los investigados, de común acuerdo, obtuvieron un plan para obtener, con la excusa del altruismo, el mayor beneficio económico posible, a costa del erario municipal".

Luceño también ha sido procesado por un supuesto delito fiscal, ya que habría defraudado a la Hacienda Pública más de 120.000 euros que debió haber pagado como IRPF —y no mediante el Impuesto de Sociedades, menos gravoso— tras cerrar aquella venta.