Justicia afronta hoy en una reunión clave la amenaza de una huelga de jueces y fiscales en plena campaña

Será la primera vez que se reúna la mesa de retribuciones prevista en una ley aprobada en 2003 y que debería haber actualizado las nóminas de la Judicatura y la Fiscalía cada cinco años.

No solo no ha ocurrido así, sino que informes elaborados por el Consejo General del Poder Judicial cifran en un 18,27% la pérdida media de poder adquisitivo que han sufrido ambas carreras desde 2010, cuando se les aplicó una reducción de la masa salarial del 7%, superior a la del sector público.

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Desde entonces la depreciación de sus nóminas no ha dejado de intensificarse mientras que, en paralelo, su carga de trabajo aumenta. Según la última memoria del CGPJ, en 2021 ingresaron en el conjunto de los órganos judiciales españoles un total de 6.273.090 asuntos, un 13,5% más que en 2020.

Las reivindicaciones no son únicamente salariales. Jueces y fiscales consideran que garantizar una tutela efectiva a los ciudadanos pasa, de manera imprescindible, por aumentar las plazas de opositores y crear más Juzgados, y consideran "raquítico" el número de órganos judiciales programados por el Ministerio de Pilar Llop.

Los informes de la Comisión Europea indican que España está muy lejos de la media de jueces y fiscales por habitante en la UE. En nuestro país hay 11,24 jueces y 5,37 fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 17,6 jueces y 11,1 fiscales.

Pero es la situación salarial, que se ha hecho más sangrante tras el resultado de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, la que ha movilizado a las organizaciones mayoritarias de jueces y fiscales (la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales), asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Solo las organizaciones más afines al Gobierno -Jueces y Juezas para la Democracia, a la que pertenecía Llop cuando estaba en activo en la carrera judicial, y Unión Progresista de Fiscales- se han descolgado de la convocatoria hasta ver el resultado de las conversaciones con Justicia.

En ellas estará presente el Ministerio de Hacienda, que por ley forma parte de la mesa de retribuciones. El descuelgue de este departamento frustró el pasado octubre la convocatoria de la mesa que había comprometido el Ministerio de Justicia, al que las asociaciones atribuyen un "escaso peso político".

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Las organizaciones de jueces y fiscales cuentan con el claro apoyo del Consejo General del Poder Judicial, que enviará a tres vocales a la reunión de hoy. También habrá representantes de la Fiscalía General, que en un encuentro con las asociaciones de fiscales celebrado el pasado 26 de abril mostraron un apoyo más tibio y apelaron a la necesidad de evitar un choque frontal con el Ministerio.

Todo dependerá de la respuesta que obtengan hoy y, previsiblemente, en días sucesivos ya que las peticiones son múltiples y complejas y no se espera que se cierren en un primer encuentro.

Fuentes asociativas señalan que "lo mínimo" que esperan es una subida salarial lineal "superior a la que han obtenido los letrados de la Administración de Justicia".

Pero hay otros capítulos. Uno de ellos es el de las guardias, que en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia (las cinco comunidades en las que las competencias no están transferidas a los Gobiernos autonómicos) se retribuyen por igual a los jueces, fiscales, LAJ y restos de funcionarios.

Esto significa que en algunas de las comunidades con competencias transferidas, hay gestores y tramitadores que reciben pluses y cobran por las guardias más que el propio juez.

La escasa retribución de las guardias afecta, en particular, a los partidos judiciales con tres o menos Juzgados mixtos. La guardia es semanal, con disponibilidad las 24 horas del día, incluidos fines de semanas y festivos. Las retribuciones que perciben los jueces y fiscales están entre 56 y 140 euros por toda la semana de guardia.

En los partidos judiciales con 10 o más Juzgados, la retribución que se percibe por 24 horas de servicio de guardia ininterrumpido ronda los 235 euros, incrementándose en unos 58 euros/día los fines de semanas y festivos.

Las asociaciones consideran que esas retribuciones no guardan proporción con el salario que perciben los jueces y fiscales ni con las horas que están de guardia, muchas de ellas fuera de la jornada laboral y en fines de semanas.

Otro concepto retributivo que es objeto de reclamación es el de la antigüedad, articulada mediante un incremento del 5% del sueldo correspondiente a la categoría de ingreso por cada tres años en servicio activo. Para 2022 ascendió a 83,64 euros mensuales por cada trienio.

Aparte de la cuantía, el problema es que ese 5% se aplica al sueldo base correspondiente a la categoría de ingreso y no a la que se ostenta cuando se cumple el trienio, como ocurre en la Administración General del Estado.

Las asociaciones también exigen un cambio en el complemento de destino, que depende de los cinco grupos de población diseñados en 2003 por la Ley de Retribuciones en función de los padrones municipales de ese año.

Aparte de su desactualización, se están produciendo agravios comparativos que repercuten en las nóminas. Por ejemplo, en el grupo 2 se incluyó a Santa Cruz de Tenerife, que entonces tenía 214.153 habitantes, menos población que otras del grupo 3 como Valladolid, Córdoba, Alicante, A Coruña, Vigo o Granada.

A su vez, en el grupo 3 se incluyeron ciudades como Cáceres, Pontevedra o Santiago de Compostela con menos habitantes que otras capitales de provincia o ciudades que están en el grupo 4 (Lleida, Tarragona, Ourense, Jaén, León o Marbella).

Las asociaciones consideran necesario que los grupos de población se estructuren teniendo en cuenta criterios objetivos relacionados con la población efectiva que tengan las ciudades donde se encuentra el órgano judicial y que se actualicen cada año con la revisión del padrón municipal.