La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez Manuel García-Castellón de solicitar a los Juzgados de Madrid que investiguen si la exasesora de Podemos Dina Bousselham cometió un delito de falso testimonio y de denuncia falsa.
Bousselham, que fue asesora de Pablo Iglesias y aún colabora con él en el programa de televisión que dirige, habría cometido estos delitos en el marco de la pieza del caso Villarejo que indaga en el recorrido de su tarjeta de móvil.
La información que contenía la SD acabó publicada en prensa y se encontró una copia de la misma en el domicilio del excomisario José Manuel Villarejo, una vez fue detenido en 2017.
[Piden al juez imputar a Dina por cambiar de versión sobre su tarjeta para exculpar a Iglesias]
En un auto del pasado viernes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Sala de lo Penal rechaza el recurso de Dina Bousselham contra aquella decisión del juez. También se opuso a la misma la defensa del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que se encuentra personado en el llamado caso Dina. Por contra, los magistrados consideran que García-Castellón tomó esta decisión razonándola "extensamente".
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, tanto los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, imputados en esta causa, como la Asociación de Juristas Europeos ProLege, que ejerce la acusación popular, habían solicitado que se investigase a Dina por falso testimonio y denuncia falsa.
Esta pieza del macrocaso Villarejo versa sobre el supuesto robo del teléfono móvil de Bousselham en 2015, cuyo contenido acabó publicado en medios de comunicación.
Al finalizar la investigación, el juez instructor Manuel García-Castellón propuso enviar a juicio a los dos reporteros y al comisario jubilado Villarejo.
El excomisario Villarejo, en la Audiencia Nacional.
Asimismo, el magistrado acordó deducir testimonio contra Dina y su novio, el portugués Ricardo Sa Ferreira. Es decir: García-Castellón pidió que se investigase a ambos por, presuntamente, haber mentido durante su declaración como testigos, a fin de proteger a Pablo Iglesias y beneficiar a Podemos, del que éste era entonces secretario general.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sugirió investigar a la pareja por un delito de denuncia falsa y/o simulación de delito. Bousselham y Sa Ferreira recurrieron esta decisión del juez ante la Sala de lo Penal.
Los dos periodistas
El juez García-Castellón abrió la llamada pieza Dina dentro del caso Tándem (o caso Villarejo) el 19 de marzo de 2019, ante los indicios de que la filtración de ciertos mensajes del móvil de Dina a la prensa habría sido hecha por el excomisario José Manuel Villarejo. En el domicilio de este último se encontró en 2017 una copia de los archivos almacenados en el dispositivo de Bousselham.
Había mensajes entre Iglesias y su asesora o con su equipo, en los que el líder de Podemos comentaba, entre otros asuntos, que le hubiera gustado "azotar a [la presentadora de TV] Mariló Montero hasta que sangrase".
Pero en el curso de la instrucción, se descubrió que Pablo Iglesias tuvo en su poder una copia de la tarjeta SD del teléfono de su asesora y que la retuvo varios meses. La recibió en enero de 2016 del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio. A este conglomerado mediático pertenecía la ya extinta revista Interviú, de la que Pozas y Rendueles eran director y subdirector, respectivamente.
Ambos informadores han reconocido que tuvieron acceso a la información de la tarjeta y que cedieron una copia al excomisario Villarejo. Pero manifestaron que, cuando éste se la pidió, creyeron que lo hacía en el marco de una operación policial.
Las versiones
Al haber descubierto que Iglesias retuvo varios meses la SD, el juez solicitó al Supremo, poder investigar al entonces vicepresidente del Gobierno, que estaba aforado. El Alto Tribunal lo denegó.
Cuando ha sido interrogada como perjudicada, Dina Bousselham ha mantenido dos versiones distintas. En un primer momento, declaró que nunca fue capaz de acceder a la SD tras recibirla de manos del entonces líder de Podemos. Posteriormente, se retractó: aseguró al juez que sí pudo mirar los archivos una única ocasión y que, luego, el dispositivo dejó de funcionar.
Dina Bousselham, este martes en la Audiencia Nacional.
De esta forma, Dina desvinculó a Iglesias de un posible delito de daños informáticos. Tampoco le acusó nunca por revelación de secretos, que precisa de la denuncia del agraviado para ser perseguido. Así, el político se alejó de ser imputado.
En su última declaración ante el juez (15 de marzo de 2022), Bousselham apeló, incluso, a la "confianza" mutua que ambos se tenían para justificar que el líder de Podemos accediese a su tarjeta, que contenía fotos íntimas.
Sin embargo, la exasesora decidió no exculpar ni a Pozas ni a Rendueles. E, incluso, calificó el comportamiento de ambos de "machista", por haber visualizado sus fotografías. El juez, finalmente, propuso mandar a juicio a ambos informadores.
Las capturas de pantalla
De una forma o de otra, parte del contenido del móvil de Dina acabó en los medios de comunicación. La revista Interviú, a cuya redacción llegó la tarjeta SD en un USB y de forma anónima, no publicó ningún dato.
La defensa de Pozas y Rendueles recordó, en un escrito enviado al juez, que Bousselham, cuando fue interrogada en marzo de 2019, negó "tajantemente" haber enviado pantallazos por WhatsApp de sus propias conversaciones. Pero, preguntada el 18 de mayo de 2020, reconoció que sí los había capturado ella, pero que no recordaba a quién los había mandado.
Algo similar sucede con las contradicciones sobre el estado de la tarjeta. Dina manifestó en un primer momento que, al recuperar la SD de manos de Iglesias, no funcionaba. Posteriormente, en marzo de 2022, se desdijo. Aseguró que sí pudo comprobar su contenido.
"Es obvio que mintió en una u otra declaración, modificando su versión hacia una totalmente opuesta; precisamente, cuando el foco mediático se situó sobre el señor Iglesias, a quien, ya en la exposición razonada [que envió García-Castellón al Supremo] se le atribuía la posible comisión de un delito de daños informáticos", señaló el abogado de los dos periodistas.