Dos etarras, que testificaron ante la Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE-1) hace varios meses, señalaron a 12 jefes de la banda por seleccionar a los objetivos de varios atentados.

Según confirman fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, entre los nombres que dieron figura el de Josu Ternera, alias de José Antonio Urrutikoetxea.

Ternera está en libertad provisional con medidas cautelares en Francia y en enero de 2024 se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, en el juicio por su presunta participación en el atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza.

Los etarras arrepentidos figuran en la documentación judicial como Testigo Protegido 001 (TP 2/2023) y Testigo Protegido 002 (TP 3/2023). Ambos señalaron que los jefes de la banda eran quienes les daban autorización para atentar contra ciertos objetivos; especialmente, políticos.

Además de Ternera, señalaron a Santiago Arróspide (Santi Potros), Eugenio Etxebeste Arizkuren (Antxon), José Javier Zabaleta (Baldo), Francisco Múgica Garmendia (Pakito), Domingo Iturbe, (Txomin), Mikel Albisu Iriarte (Mikel Antza), Ignacio de Gracia Arregi (Iñaki de Rentería), José Javier Arizcuren Ruiz (Kantauri), Javier García Gaztelu (Txapote), Julián Achurra Egurola (Pototo), y María Soledad Iparraguirre (Anboto).

Las declaraciones de los dos testigos protegidos ya se han incorporado a, al menos, dos sumarios que se instruyen en la Audiencia Nacional: el abierto por la muerte de Gregorio Ordóñez y el del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ambos eran concejales del Partido Popular en el País Vasco.

La Audiencia Nacional ya condenó a los autores materiales de ambos atentados. Pero mantiene abiertas dos investigaciones contra los miembros de la cúpula de la banda terrorista por su supuesta capacidad de decisión para seleccionar los objetivos y autorizar los ataques; una suerte de autores intelectuales.

Concretamente, los dos testigos protegidos detallaron a la Guardia Civil que, para asesinar a un militar o policía no requerían de esta autorización. Pero sí la necesitaban para atentar contra políticos o periodistas.

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha solicitado a la Audiencia Nacional que incorpore estos testimonios a todas las causas abiertas contra la cúpula de ETA.