El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dejado en libertad al joven investigado por el jaqueo del Punto Neutro Judicial, una red de telecomunicaciones que conecta a los órganos judiciales con otras instituciones del Estado y Administraciones Públicas y que se gestiona desde el CGPJ.
El pasado abril, a sus 19 años, José Luis Huertas Rubio, quien actuaba bajo el alias de Alcasec, fue arrestado como presunto autor de este ataque cibernético.
Fuentes judiciales confirman a EL ESPAÑOL que la Audiencia Nacional le ha retirado el pasaporte y le obliga a comparecer en el Juzgado cada quince días. Tendrá prohibido también abandonar España.
[A prisión el 'hacker' de 19 años que obtuvo datos de 575.000 contribuyentes y los puso a la venta]
Para tomar esta decisión, Calama ha tenido en cuenta la corta edad del detenido y su "actitud colaboradora" con la Justicia.
Tras ser detenido en abril, Alcasec fue interrogado en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Allí reconoció que, gracias a su ciberataque, accedió a los datos de un total de 575.186 contribuyentes, almacenados en bases de la Agencia Tributaria.
También admitió que puso a la venta parte de esta información a través de dos servidores alojados en Lituania, a cambio de pagos en criptomonedas. De hecho, posee gran cantidad de criptodivisas. Para acceder a uno de estos servidores, Huertas eligió el nickname de chimichurri.
Una vez finalizó su interrogatorio, la Fiscalía solicitó la prisión provisional para el joven, dado el "riesgo de fuga", el de "destrucción de pruebas" y la posibilidad de que volviese a delinquir. Y el juez aceptó la petición del Ministerio Público. Ahora, en un reciente auto, Calama considera que las circunstancias han cambiado y deja en libertad al investigado.
Fachada de la Audiencia Nacional.
El fiscal imputa al joven un delito de descubrimiento y revelación de secretos, lo que podría suponerle una pena superior a los cinco años de prisión.
Tras producirse el jaqueo, fuentes del órgano de gobierno de los jueces precisaron a EL ESPAÑOL que no hubo ningún acceso indebido a datos de procedimientos judiciales, por lo que el ámbito jurisdiccional estuvo a salvo en todo momento. Pero no sucedió lo mismo con la base de datos de la Agencia Tributaria.
El hackeo fue detectado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la segunda quincena del pasado octubre. Se produjo en dos fases: en una primera, que tuvo lugar el 18 de ese mes, se obtuvieron los datos bancarios de 438.000 contribuyentes. Dos días después, sucedió lo mismo con otros 137.186. Para ello, Alcasec habría obtenido ilegalmente las claves de un funcionario del Juzgado de lo Penal número 2 de Bilbao.
Una de las primeras diligencias acordadas por el juez Calama fue la de solicitar informes a la Agencia Tributaria y al Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, sobre el alcance del jaqueo.
Punto Neutro Judicial
Desde el Punto Neutro Judicial se pueden hacer consultas a la Agencia Tributaria, a la Dirección General de Tráfico, a Instituciones Penitenciarias, al Registro Civil, a datos de la Seguridad Social, la base policial del DNI, los colegios de la Abogacía o determinadas informaciones del Notariado y de los Registros.
Tal y como informó este periódico, a mediados de octubre, técnicos del CGPJ detectaron un tráfico de datos inusualmente alto, una parte del cual respondía a accesos no autorizados.
Al parecer, el hacker accedió al Punto Neutro Judicial a través de la Red Sara (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones), que es un conjunto de infraestructuras de comunicaciones que conecta las redes de las Administraciones públicas españolas e instituciones europeas. La Red Sara depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.