La Fiscalía de la Audiencia Nacional está a favor de incorporar el testimonio de dos etarras arrepentidos a la investigación sobre el atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola, ocurrido en 2006.
Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado al Juzgado que tome declaración a estos dos testigos protegidos, de nuevo, en otras dos causas judiciales: la del ataque contra un cuartel de la Ertzaintza en Ondarroa (2008) y la del atentado contra la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas (2006). Así lo confirman fuentes fiscales a EL ESPAÑOL.
El juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, instruye el caso de Santa Pola y el magistrado Alejandro Abascal, del Juzgado Central 1, es quien se encarga de la instrucción de las otras dos causas.
En todos estos sumarios, la Audiencia Nacional investiga a las denominadas zubas, las cúpulas de ETA conformadas por los máximos dirigentes de la banda terrorista, debido a su control sobre los atentados y la selección de los objetivos que sufrían los ataques.
Dos etarras arrepentidos, considerados testigos protegidos y cuya identidad se desconoce, declararon en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, que investiga el asesinato de Gregorio Ordóñez, ocurrido en 1995.
En el marco de esa causa judicial, declararon que los jefes de ETA debían autorizar los secuestros y asesinatos de líderes políticos. Es por ello que su testimonio abrió la posibilidad de que fuese útil en otras causas judiciales contra las zubas.
Tal y como informó EL ESPAÑOL, los dos testigos protegidos revelaron que la cúpula de ETA daba "vía libre" a sus pistoleros para matar a policías, ertzainas o guardias civiles, incluso en los entierros de agentes asesinados. Pero se requería autorización de la cúpula en el caso de los objetivos que fuesen políticos.
TP-01 y TP-02 —ésas son sus denominaciones para preservar oculta su identidad— señalaron a 12 jefes de la banda como quienes seleccionaban a los objetivos de los atentados más relevantes.
Gregorio Ordóñez, en una imagen de archivo.
Concretamente, apuntaron a Josu Ternera (alias de José Antonio Urrutikoetxea), a Santiago Arróspide (Santi Potros), Eugenio Etxebeste Arizkuren (Antxon), José Javier Zabaleta (Baldo), Francisco Múgica Garmendia (Pakito), Domingo Iturbe (Txomin), Mikel Albisu Iriarte (Mikel Antza), Ignacio de Gracia Arregi (Iñaki de Rentería), José Javier Arizcuren Ruiz (Kantauri), Javier García Gaztelu (Txapote), Julián Achurra Egurola (Pototo) y a María Soledad Iparraguirre (Anboto).
Fuentes fiscales confirman a EL ESPAÑOL que la Fiscalía de la Audiencia Nacional estudiará "caso por caso" el asunto para dirimir en qué causas es relevante el testimonio de los etarras arrepentidos.
En los casos en los que el juez ha solicitado un informe al Ministerio Público la solicitud fue formulada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), presidida por el diputado del PP de Madrid Daniel Portero. DyJ también lo ha pedido en otras investigaciones contra las zubas de ETA.