El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha planteado juzgar a siete personas por la supuesta trama criminal que, a través de la plataforma de criptomonedas Arbistar, estafó más de 92 millones de euros. Los afectados por esta operativa se cifran en más de 32.000.

En un auto fechado este martes, el magistrado procesa al considerado como líder de la trama, Santiago Fuentes Jover, y a otras seis personas por delitos de organización criminal y estafa y les impone el pago de una fianza solidaria con la que hacer frente a una eventual condena de 123 millones de euros. Es decir, la cantidad presuntamente defrauda más un tercio que establece la ley.

Calama subraya que a través de la web de la plataforma Arbistar los procesados habrían prometido grandes beneficios (ganancias de entre un 8% y un 15% mensual) gracias a un software automático (community bot) que aplicaba un sistema de inteligencia artificial. Ahora bien, el magistrado señala que "dicho algoritmo nunca existió y, por tanto, únicamente se vendía humo".

"Dicho programa automatizado nunca existió, basándose la oferta de negocio en una ficción", añade. El sistema que describe el auto es el propio de las estafas Ponzi: pagar una parte del dinero obtenido de los inversores más recientes a los inversores más antiguos, generando así en éstos cierta confianza de que su inversión era segura y rentable. De esta forma, invertían una cantidad de dinero mayor.

"Este esquema de tipo piramidal no solamente se usaba para que los que habían invertido aportaran más dinero, sino para atraer a nuevas personas que invirtieran al ver los grandes beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores", señala el magistrado. Existía un plan amigo que aportaba beneficios a quien atrajese a un familiar o conocido a Arbistar.

EL auto también señala que parte del éxito de Arbistar se debió a "una red comercial activa y motivada por los incentivos económicos, un aparato de publicidad eficaz, y presencia en las redes sociales". También, a actos en hoteles, centros de convenciones y salas de congresos.

"El negocio, pues, no es ya que careciera de racionalidad económica, sino que no existía, era una mera simulación", subraya el juez instructor.

Una vez recibido el dinero de los inversores, indica, Arbistar no destinaba el dinero recibido a inversiones con las que generar beneficios y satisfacer sus obligaciones, sino que inmediatamente canalizaba todo el capital recibido a otras mercantiles diseñadas con el fin de distraerlo.

El auto cuantifica en torno a los 32.000 el número de perjudicados y valora en más de 92 millones de euros el total de la cantidad defraudada. Señala que 55 de los perjudicados lo fueron en una suma superior a los 50.000 euros cada uno, y otros 17 en 250.000 euros.

"Con evidente ánimo de lucro, hicieron creer a las víctimas que tenían una estructura empresarial seria, capaz de generar unos fáciles y suculentos beneficios a todos los que confiaran en su fraudulento sistema basado en un bot de arbitraje automatizado, siendo dicho engaño la causa del desplazamiento patrimonial que hicieron todos y cada uno de sus inversores, cuando, en realidad, dicho sistema no era más que un espejismo causado por la ceguera de la ganancia prometida", concluye el juez.

Con dicho objetivo, el líder de la supuesta trama, Santiago Fuentes Jover, habría diseñado, implementado, dirigido, y ordenado una estructura empresarial (situando al frente de las compañías a distintos miembros de la organización, con diferentes cometidos y grados de responsabilidad) para distraer el dinero obtenido por la presunta estafa.