El fiscal general nombra a Delgado fiscal de memoria democrática con rechazo mayoritario del Consejo

Lo ha hecho pese a la posición contraria de la mayoría del Consejo Fiscal, el único órgano que, parcialmente, ostenta la representación democrática de la carrera, la cual puede elegir a nueve de los 12 miembros del órgano.

Al principio de la reunión, los seis vocales de la Asociación de Fiscales han pedido a García Ortiz que sacara del orden del día el nombramiento del fiscal de Sala de memoria democrática y derechos humanos para que la Inspección Fiscal hiciera un informe sobre la posible incompatibilidad de Dolores Delgado para ese concreto cargo por su relación de pareja con Baltasar Garzón, presidente de una fundación dedicada a los mismos asuntos que manejará Delgado.

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La petición se basaba en el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, según el cual los fiscales no podrán ejercer "en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal".

Los consejeros de la AF explicaron que la pareja de Delgado preside la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que desde su nacimiento en 2011 "participa activamente en la elaboración de informes ante instituciones nacionales e internacionales sobre materias tales como las supuestas infracciones del Estado Español de lo dispuesto en la Convención contra las Desapariciones Forzadas o, ante la ONU, proponiendo investigar y juzgar las desapariciones del franquismo y la no aplicación de la Ley de Amnistía".

Esos informes "han sido fundamento de la Ley de Memoria Democrática hasta el punto de que la creación de la Fiscalía de Sala derive de sus recomendaciones. Y ello sin perjuicio de que, además, Dolores Delgado haya colaborado en actividades de la propia Fundación, tanto en su época como ministra de Justicia como con posterioridad".

Fue el propio fiscal general el que contestó para rechazar la petición. García Ortiz manifestó que no considera que ese precepto del Estatuto sea aplicable al caso de Delgado y recordó que la Inspección Fiscal ya hace un examen previo de todos los candidatos para analizar si concurren en cada uno de ellos los requisitos legales.

A la vista de esta respuesta, los vocales de la AP y de la APIF decidieron no participar en la votación, una situación insólita que no tiene precedentes en el actual Consejo Fiscal.

La candidatura de Delgado como fiscal de Sala de memoria democrática, una plaza nueva cuya creación promovió ella misma desde la Fiscalía General, ha suscitado un serio conflicto que incluso ha llevado a la Asociación de Fiscales a pedir la dimisión de García Ortiz.

El enfrentamiento no ha modificado el resultado. Delgado ha tenido el apoyo de los miembros natos del Consejo (la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz) y de uno de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales. El otro ha apoyado a Juan Calparsoro.

Fiscal de Sala para delitos de odio

El Consejo Fiscal también ha informado el nombramiento del nuevo fiscal de Sala para delitos de odio. García Ortiz propondrá a Miguel Ángel Aguilar, coordinador del servicio especializado de la Fiscalía Provincial de Barcelona contra los delitos de odio y discriminación, que él mismo fundó en 2009.

Aguilar, miembro de la UPF, es un fiscal prestigioso en ese campo, apreciación que comparte la AF: uno de los vocales de la asociación mayoritaria le dio su voto. También le votaron Sánchez Conde y los dos consejeros de la UPF.

Sacó más votos para esa plaza Antonio Mateos, ex fiscal jefe de Badajoz, que tuvo el apoyo de cinco vocales de la AF y de Salvador Viada, de la APIF.

La jefa de la Inspección votó a Pilar Rodríguez, actualmente responsable de la Fiscalía Provincial de Madrid.

Por su parte, Jaime Goyena será el nuevo fiscal superior de Navarra por apoyo unánime del Consejo. Goyena era el único candidato al cargo.

También por unanimidad, Rocío de la Paz Rojo será nombrada jefa de la Fiscalía Provincial de Guadalajara y Soledad Martín Nájera, jefa de la Fiscalía Provincial de Valladolid, mientras que Pedro Ariche seguirá siendo teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña.

Julio Cano será nombrado fiscal superior de Baleares. Fue apoyado por Sánchez Conde, Sanz y los dos consejeros de la UPF. El candidato más apoyado, con cinco votos (de la AF y de APIF) fue José Díaz Cappa. Bartolomé Barceló fue respaldado por dos vocales de la Asociación de Fiscales.