Dolores Delgado toma posesión como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, el pasado 16 de junio./
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria, recurrido al Supremo
El fiscal antidroga Luis Ibáñez impugna el nuevo cargo dado a la exfiscal general y ex ministra contra el criterio mayoritario del Consejo Fiscal.
21 junio, 2023 02:48La designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala encargada de derechos humanos y memoria democrática -cargo de nueva creación promovido por ella misma- ya está en manos del Tribunal Supremo. Cuando no ha pasado ni una semana desde la publicación del nombramiento en el BOE, el fiscal antidroga Luis Ibáñez, que también optó al puesto, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, según ha sabido EL ESPAÑOL.
El escrito, registrado a última hora de la tarde de este martes, se limita a anunciar la impugnación, ya que corresponde desarrollar los argumentos en un momento posterior, a la vista del expediente administrativo. Pero la designación de Delgado fue muy controvertida y es altamente probable que no sea el único recurso que cuestione la legalidad del nombramiento, efectuado por el Gobierno el pasado 13 de junio de conformidad con la propuesta del fiscal general, Álvaro García Ortiz.
La cobertura de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, encargada de "supervisar y coordinar la acción del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos y actuaciones a que se refiere la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática", fue abordada por el Consejo Fiscal el pasado día 8.
Los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales y el único de la APIF rechazaron tanto informar sobre el nombramiento como participar en la votación al considerar que, previamente, debía tramitarse un expediente para determinar si Delgado incurre en incompatibilidad para desempeñar ese cargo.
Esa incompatibilidad derivaría de su relación sentimental con el exjuez Baltasar Garzón, que dirige un bufete y preside una fundación dedicados a las mismas materias -memoria democrática y derechos humanos- de las que se encargaría su pareja desde una Fiscalía de Sala dedicada a coordinar, precisamente, todas las actuaciones del Ministerio Público en ese ámbito.
Competencia del Consejo
El Estatuto Orgánico del Ministerio Público prohíbe a los fiscales ejercer "en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal".
En coherencia con el inciso "a juicio del Consejo Fiscal", el real decreto que regula el funcionamiento de este órgano establece que corresponde a los consejeros, en pleno, "apreciar las posibles incompatibilidades a que se refiere el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, así como la existencia de causas de prohibición para el ejercicio del cargo".
Álvaro García Ortiz, sin embargo, rechazó retirar el nombramiento del orden del día de la sesión del Consejo para analizar la posible incompatibilidad, alegando que la Inspección Fiscal ya había examinado si los candidatos reúnen los requisitos para acceder al cargo.
La Asociación de Fiscales dirigió el día 12 un escrito a la ministra de Justicia, Pilar Llop, advirtiendo de que con esa actuación el fiscal general "ha incumplido de forma palmaria las reglas esenciales para la formación de la voluntad de un órgano colegiado como el Consejo Fiscal". Y ello por haber decidido "de forma unilateral y en contra de la mayoría de sus miembros que no se sometiera a la consideración del Consejo el cumplimiento de una de sus funciones, como es la apreciación de una causa de incompatibilidad en una de las peticionarias de una plaza de nombramiento discrecional".
No obstante, al día siguiente el Consejo de Ministros llevó a cabo el nombramiento y, 72 horas después, Dolores Delgado tomó posesión en un acto al que los medios de comunicación no fueron convocados.
El nuevo cargo de Dolores Delgado, otorgado en contra del Consejo Fiscal y sin acceder a aclarar antes si incurre en incompatibilidad, también ha tenido repercusiones en la minoritaria Unión Progresista de Fiscales.
Miembros históricos de esta asociación -entre ellos el fiscal de Sala Javier Zaragoza; la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña- se han dado de baja en desacuerdo con el apoyo de la UPF al nombramiento.
Con éste ya son dos los recursos que el Tribunal Supremo tiene pendientes sobre la vertiginosa trayectoria de Delgado tras dimitir como fiscal general, cargo al que llegó inmediatamente después de ser cesada como ministra de Justicia.
García Ortiz promovió a su antecesora a la primera categoría de la carrera a los 64 días de cesar como máxima responsable del Ministerio Público, al ser nombrada fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Este nombramiento ha sido recurrido por el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda.
