"En esta causa, repetimos una vez más, no hay más que una víctima: el Ayuntamiento de Madrid y dos investigados: los señores Medina y Luceño, quienes trataron de estafar al consistorio de la capital con falsedad documental. No existen más investigados ni más comisionistas ni ningún contubernio con funcionarios municipales, cuestión que, en su legítimo derecho, el PSOE y las acusaciones populares, antes y ahora oposición política en el Ayuntamiento, parecen no admitir, pese a las pruebas existentes".

Con esta contundencia, Adolfo Carretero, el juez instructor del caso Mascarillas, ha reprendido al Partido Socialista, que ejerce la acusación popular en esta causa. Así se ha pronunciado en un auto, en el que rechaza la pretensión de los socialistas de alargar la instrucción.

En este procedimiento judicial, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha investigado la venta al consistorio madrileño de mascarillas, guantes y test contra la Covid efectuada en marzo de 2020, al inicio de la pandemia del coronavirus.

Parte de este material era defectuoso y los dos vendedores, el aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño, habrían inflado sus precios. Por intermediar en la compra, ambos, que han sido investigados, se embolsaron cuantiosas comisiones que ocultaron al consistorio de Madrid. Los dos ya han sido procesados por estafa agravada y falsedad documental.

La investigación ya está "agotada", recalca el juez, pese a la insistencia del PSOE de seguir practicando diligencias. El magistrado Carretero subraya que no hay más comisionistas que los dos ya procesados, que los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Luceño y la funcionaria encargada de las compras no tienen interés desde el punto de vista penal y que la Policía Judicial tampoco ve más indicios de delito.

"Todas las diligencias que pide el PSOE ya han sido contempladas por la Policía Judicial. (...) Ni hay nuevos comisionistas, ni movimientos bancarios sospechosos del señor Luceño ni las conversaciones entre los señores Medina y Luceño y entre este último y la señora Elena Collado aportan nada nuevo al proceso", recalca el Juzgado en un auto fechado este mismo martes.

El juez, además, insiste en que su papel no es el de "juzgar actuaciones políticas, por muy desafortunadas que sean, sino delitos tipificados en el Código Penal". Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el magistrado también afeó a Podemos, en un acto reciente, que tratase de atribuir un delito fiscal a Luis Medina.

El partido izquierdista, al igual que el PSOE y que Más Madrid, también figura como acusación popular en el caso Mascarillas. Las tres formaciones políticas han tratado de implicar a cargos municipales en la supuesta estafa y han recurrido, sin éxito, por el momento, la decisión del juez de dar por finalizada la investigación.

Alzamiento de bienes

Asimismo, el juez reprocha al PSOE que pretenda atribuir un delito de alzamiento de bienes a Luis Medina. El hermano del actual duque de Feria sí estuvo investigado por este ilícito por haber vaciado las cuentas bancarias en las que cobró su comisión. Lo hizo una vez ya estaba siendo investigado por la Fiscalía.

Pero, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, Medina ofreció al Juzgado la parte que le corresponde en la herencia de su abuela, la fallecida doña María Eugenia Fernández de Córdoba. Con ello pretendía cubrir su fianza y las posibles responsabilidades civiles que se deriven de esta causa. Y así se lo recuerda el juez Carretero al PSOE.

"Si al principio del procedimiento podían existir indicios del delito de alzamiento

de bienes contra el señor Medina, (...)  no es menos cierto que ha aportado un crédito de cuatro millones de euros por la herencia de su abuela para cubrir la responsabilidad civil que se derive de este procedimiento, aunque la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que lo reconoce todavía no sea firme", indica.

"Sería incongruente que se imputase al señor Medina por alzamiento de bienes y

en cuanto la sentencia fuese firme hubiese que desimputarlo. El señor Medina Abascal aporta de buena fe el único crédito que tiene para hacer frente a sus responsabilidades, el cual supera, en mucho, lo que debe y esto hace que se excluya el dolo", añade.

Medina y Luceño, procesados

El pasado mes de abril, el magistrado propuso juzgar a Luis Medina y Alberto Luceño por esta presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario en 2020.

Aquello ocurrió, señaló Carretero, en "el peor momento de la pandemia" de la Covid-19. Según expuso en su auto, ambos inflaron los precios de guantes, mascarillas y test para obtener "elevadas comisiones".

La Fiscalía solicita una condena de quince años de prisión para Luceño y otra de nueve años de cárcel para Medina.