La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que sean juzgados los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República, los conocidos como CDR. Se trata de, entre otros, Eduardo Garzón Bravo, Esther García Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva Rocabruna, Germinal Tomás Aubeso, Alexis Codina Barberan, Jordi Ros Sola y Rafael Joaquín Delgado López, a quienes el Ministerio Público atribuye delitos de pertenencia a organización terrorista.

A ocho de ellos, el fiscal les achaca también delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos.

El Ministerio Público ha trasladado esta petición a la Audiencia Nacional después de que el pasado abril el juez instructor, Manuel García-Castellón, acordara por segunda vez dar por concluida la investigación judicial y procesara por terrorismo a estas 12 personas como presuntos miembros de un núcleo "radical" de los CDR que estaban dispuestos a usar la violencia extrema para conseguir la independencia de Cataluña.

La primera vez que el juez procesó a los detenidos en la denominada Operación Judas fue en septiembre de 2021. No obstante, posteriormente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al Juzgado a reabrir las pesquisas para practicar las diligencias solicitadas por algunos investigados.

Una vez concluidas, volvió a cerrar la instrucción enviando el sumario a la Sala de lo Penal para que proceda a juzgarlos. Inicialmente, eran 13 procesados, pero el juez archivó la causa para uno de ellos por cuestiones médicas, por lo que el procedimiento continuó sólo con respecto a doce.

En el auto de procesamiento, el magistrado explicaba que este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.

Se trataría de un grupo de "carácter clandestino y estable", cuyo objetivo sería "llevar a cabo acciones violentas" e incluso "atentados contra objetivos previamente seleccionados".

La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraban totalmente entregados a "la causa" independentista, a los que encargar las acciones más sensibles.

Todos los investigados, tal y como señalaba García-Castellón, compartían principios ideológicos y objetivo: conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión.

En su propósito, utilizaron "sustancias incendiarias fabricadas en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares". Según aquel auto del juez, los investigadores les atribuyeron "una labor fundamental en la planificación del asalto, ocupación y defensa del Parlament de Cataluña". Allí pretendían, entre otras cosas, encerrarse con el expresidente catalán Quim Torra como respuesta a la previsible condena de la sentencia del procés.