El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha enviado a prisión provisional, sin fianza, al etarra Ignacio Gracia Arregui, apodado Iñaki de Rentería. Este exjefe de ETA está investigado por el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, ocurridos en 1997.
En un auto fechado este martes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado aprecia "riesgo de fuga". Además, subraya las altas penas de prisión a las que puede enfrentarse Arregui por los hechos que se le atribuyen. Por ello, le manda a prisión a la espera de que Francia autorice a la Audiencia Nacional a enjuiciarle por esta causa. También ha tomado la misma decisión sobre la etarra María Soledad Iparraguirre, apodada Anboto.
Pese a que el exjefe de ETA se encuentra en España —hasta ahora, en libertad provisional—, la Justicia española tuvo que pedir autorización a las autoridades galas para enjuiciar a Iñaki de Rentería por el caso Miguel Ángel Blanco.
Debido al denominado principio de especialidad, Francia debía autorizar su procesamiento, ya que entregó al detenido por unos hechos distintos a los que se investigan en esta causa. Y así lo hizo el Juzgado Central de Instrucción número 6, del que es titular García-Castellón, el pasado 22 de marzo.
Tanto la Fiscalía, como el PP, que ejerce la acusación popular, y Marimar Blanco, hermana del asesinado, se mostraron conformes con la posibilidad de mandarle a prisión provisional, de forma instrumental, para garantizar que no huyan de la Justicia española.
García-Castellón recuerda en su auto que existen múltiples indicios en esta causa judicial de que Iñaki de Rentería fue uno de los jefes de ETA que ordenó el secuestro y posterior asesinato de Blanco. Arregui formó parte de la cúpula de la banda terrorista, cuyos miembros tenían la capacidad de señalar a los objetivos de los atentados y, en el caso de los políticos secuestrados, de dirimir sobre su futuro.
"Quien suscribe este auto considera que existe un riesgo fundado de huida y efectiva sustracción a la acción de la Justicia: se ha producido una concreta actuación judicial de la que puede derivarse una sanción grave y que tiene una íntima relación con una determinada organización, que puede implicar la posibilidad, en este concreto momento procesal, en que continúa la instrucción judicial, que la puesta en libertad del imputado favorezca el riesgo de huida, bien por razones personales, bien por indicaciones o directrices que traten de obstruir la actuación judicial", indica el juez.
Tanto Rentería como Anboto son dos de los cuatro exjefes de ETA a los que la Policía señaló en un informe, enviado al Juzgado. El dosier recalca que los miembros de la cúpula de la banda tenían capacidad para decidir sobre los atentados contra políticos.
Esta causa judicial se reabrió gracias a una querella de la asociación de víctimas de ETA Dignidad y Justicia, firmada por su abogado, Miguel Ángel Rodríguez Arias. La organización, presidida por el diputado autonómico del PP Daniel Portero, se dirigió contra varios exjefes de la banda terrorista —entre ellos, Rentería y Anboto— por su "capacidad de decisión" sobre los atentados terroristas.