Anticorrupción pide que no se supriman mensajes del móvil de López Madrid sobre negocios con Garzón

López Madrid, presidente de Ferroglobe y exconsejero de OHL, está implicado en la pieza 8 del macroproceso, relativa a la adjudicación de contratos públicos presuntamente controlados por el exconsejero madrileño Francisco Granados a cambio de supuestas comisiones ilegales. Entre los contratos investigados está el otorgado a OHL para la construcción del metro ligero.

El pasado 26 de junio, el juez central de instrucción, Manuel García-Castellón, acogió una petición de la defensa de López Madrid y ordenó que todo el contenido del teléfono móvil que se le intervino fuera expurgado (suprimido del procedimiento) a excepción de sus contactos con Granados, con el empresario David Marjaliza y con otros investigados como Alejandro de Pedro, Ignacio Palacios y Jesús Trabada. 

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La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación contra esa decisión al considerar que deben seguir en el procedimiento los mensajes entre López Madrid y Baltasar Garzón.

"El investigado Javier López Madrid formó parte de la organización que aprovechó los cargos públicos de alguno de sus miembros para enriquecerse", señala el recurso, conocido por EL ESPAÑOL.

"La investigación ha revelado los presuntos tratos de corrupción que habría venido concertando, entre otros, con los investigados Francisco Granados y David Marjaliza", añaden las fiscales, que recuerda que "el análisis de correos y la propia declaración en sede judicial Marjaliza permitirían conocer de conciertos varios para dirigir la adjudicación de contratos de construcción de vías de metro de Madrid a las empresas elegidas, que habrían pagado por ello".

Las fiscales sostienen que la investigación ha puesto de manifiesto la existencia de un "reparto de las comisiones a tres bandas", entre Granados, Marjaliza y el propio López Madrid.

El recurso sostiene que, además de los mensajes entre López Madrid y los investigados en la pieza 8, no deben ser suprimidos del procedimiento "los archivos de Telegram que recogen comunicaciones que exceden de lo que debe considerarse ámbito personal y privado".-

"El análisis de las comunicaciones por Telegram", explica, "ha revelado contactos habituales entre López Madrid y Baltasar Garzón", así como "la existencia de pagos que le efectúa el empresario que denotan una relación que va más allá de la de amistad".

"Un problema con la factura"

El recurso reproduce uno de esos mensajes, enviado por Garzón a López Madrid el 2 de noviembre de 2015, en el que el primero indicaba: "Querido Javier, me dice mi gente que ha surgido algún problema con el pago de la factura y su importe. Como bien sabes, el trabajo concertado era el del despacho, y a éste se añadió el de la empresa [...], a quien se está haciendo un trabajo real y exhaustivo en el ámbito propio, incluso con propuestas de negocio concretas a precio de costo. En esa actividad real puse a trabajar a personal que no pueden [sic] incluirse en el primer concepto hablado entre tu y yo y que quedó en el ámbito que tu marcaste. Espero tus noticias. Sigo atento a tus instrucciones para los temas nucleares. Un fuerte abrazo".

Las fiscales agregan que en alguna de las comunicaciones entre López Madrid y Garzón "esta persona ofrece al investigado su ayuda o hacer lo que corresponda, informaciones que pueden revelarse de interés para el buen fin de la investigación".

Preguntado por EL ESPAÑOL, Garzón apeló a la confidencialidad de la relación cliente-abogado para no comentar sus contactos con Javier López Madrid. 

Además del caso Púnica, López Madrid -que fue condenado por el caso de las 'tarjetas black' de Cajamadrid/Bankia- está implicado en otros dos procedimientos penales en los que se enfrenta a severas penas de cárcel.

Uno de ellos es el caso Lezo, en el que la Fiscalía pide para él seis años y medio de cárcel por los presuntos delitos relacionados con la adjudicación a OHL de la línea de transporte ferroviario Móstoles-Navalcarnero a cambio de una comisión ilegal de 1,8 millones de euros destinada al expresidente del Gobierno de Madrid Ignacio González y al exdirector gerente de Canal de Isabel II lldefonso de Miguel.

En el segundo procedimiento, López Madrid está acusado de presuntos delitos de coacciones, amenazas y lesiones cometidos junto al excomisario José Manuel Villarejo con el propósito de que una médico dermatóloga "cerrara la boca" y no denunciara el acoso que sufría por parte del empresario. Se trataba de atemorizarla hasta el punto de que la doctora fue objeto de dos agresiones físicas.

En este caso, la Fiscalía pide para Javier López Madrid un total de 11 años y ocho meses de cárcel.