La Audiencia Nacional ha paralizado la entrega a Colombia de Johni F. T. M., un sicario condenado en su país a 60 años de cárcel. Aquel juicio se celebró en Cali en 2011. Fue in absentia. Es decir, sin que el acusado estuviera presente, sin que estuviese sentado en el banquillo.
En una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal solicita a las autoridades colombianas documentación sobre este proceso. Y pide recibirla "a la mayor brevedad posible", en un plazo máximo de 20 días.
Los magistrados quieren saber si el fallo condenatorio del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali (Colombia) fue recurrido. Y advierten de la "gravedad y duración de la pena", así como de que le fue impuesta en un juicio en ausencia en el que le representó un abogado de oficio.
"No consta el vencimiento de dicho plazo respecto de los abogados defensores, en particular del de Johni F. T. M., desconociéndose si aquel no interpuso recurso alguno, o si en su caso le fue desestimado", indica la resolución.
Los jueces María Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Fermín Echarri también desconocen quién fue el abogado de oficio que le defendió. "Y lo que es más importante: si aquél ejerció su defensa real y efectiva con su intervención activa en el acto del juicio", subraya el tribunal.
Johni, que nació en Colombia en 1976, fue detenido en Madrid el 2 de diciembre de 2022, por orden de las autoridades colombianas, que le reclamaban para hacerle cumplir dicha pena.
El acusado fue condenado "por su implicación en delitos de homicidio agravado por tortura, concierto para delinquir y porte ilegal de armas", según consta en la extensa documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Concretamente, el fallo del juzgado colombiano le considera "coautor" de 14 asesinatos y un "secuestro extorsivo agravado". Según la legislación española, todos estos delitos coincidirían con los de asesinato, secuestro, asociación ilícita y tenencia de armas.
143 años de cárcel
En realidad, Johni fue condenado a 143 años de prisión. Pero el Código Penal colombiano establece que la pena máxima que puede imponerse son 60 años de cárcel. El Juzgado también le impuso una multa de "cinco mil salarios mínimos legales vigentes". La Justicia de su país le prohibió, a su vez, portar armas durante una década.
El Consejo de Ministros aprobó su extradición a Colombia en su reunión del día 7 de marzo de 2023. También es favorable a su entrega la Fiscalía, pese a haber sido juzgado in absentia. Así lo hizo constar en un informe la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez.
La investigación sobre la banda a la que pertenecía Johni se inició cuando el hermano del líder del grupo confesó ante la Fiscalía. En el expediente de entrega, se especifica que la organización estaba dedicada "al sicariato, al cobro extrajudicial" y "al ajusticiamiento selectivo" y cometía "torturas, homicidios y secuestros".
Según consta en la sentencia condenatoria, el reclamado era "uno de los personajes más mencionados en las confesiones de los secuestrados" y "uno de los integrantes [de la banda criminal] que más ganaba".