La Fiscalía apoya entregar a EEUU al acusado de forzar a varias jóvenes a grabar porno extremo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya la entrega a EEUU del acusado de haber obligado a varias jóvenes a grabar vídeos pornográficos de carácter extremo.

Así consta en un reciente informe del Ministerio Público. El documento relata que el FBI investigó a Michael James Pratt y le señaló como sospechoso de captar a, al menos, 15 mujeres de entre 18 y 22 años y coaccionarlas para que grabasen porno. A ellas hay que sumar una menor de 16 años, que también participó en una filmación.

Según el escrito de la Fiscalía, Pratt —uno de los fugitivos más buscados del mundo— era el jefe de una organización criminal que, entre 2012 y 2019, publicó en internet ofertas de trabajo falsas para buscar modelos. Cuando las víctimas respondían a las mismas, el reclamado y el resto de miembros del grupo les ofrecían entre 3.000 y 5.000 dólares por grabar pornografía.

Pratt les habría garantizado que sus caras no saldrían en los vídeos, que se preservaría su anonimato y que los clips serían adquiridos por un coleccionista privado, un australiano que sería el único que los consumiría.

"En ocasiones, los miembros del grupo criminal contrataban a otras mujeres como parte del engaño, quienes afirmaban a las víctimas haber participado en otros vídeos y que el reclamado y sus secuaces decían la verdad, que dichos vídeos nunca saldrían a la luz", expone la Fiscalía.

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Si las jóvenes aceptaban, eran desplazadas en avión hasta San Diego (California, EEUU), donde se grabarían los vídeos.

"Allí, desplazaban a la víctima hasta un hotel y en la habitación le resumían el contenido del contrato (...) y nunca les entregaban una copia. Frecuentemente, le habían ofrecido alcohol y/o marihuana. Si veían que la víctima dudaba, bloqueaban la puerta de salida del hotel", indica la Fiscalía. "En la filmación nunca se cumplían las condiciones que afirmaron el reclamado y sus secuaces que iban a respetar", añade.

De acuerdo con el relato del documento, parte de las jóvenes "se negaban a continuar" las grabaciones "debido al daño físico que sufrían". Entre las prácticas que debían realizar, la "introducción de objetos por vía vaginal en sus cuerpos" o mantener relaciones sexuales con miembros del grupo criminal.

"Entonces, eran presionadas por el reclamado y por los demás investigados para continuar, bajo amenaza de que, de no hacerlo, no podrían salir de allí, serían demandadas por incumplimiento de contrato, se les reclamaría la devolución del importe del billete de avión y de su estancia en el hotel y, respecto de las que eran extranjeras, que serían expulsadas del país. Además, las víctimas eran las únicas mujeres del lugar de grabación, en el que siempre había al menos tres hombres", relata el escrito.

La fachada de la Audiencia Nacional.

Finalmente, los vídeos sí fueron hechos públicos. Acabaron publicados en dos webs gestionadas por Pratt y que generaron 17 millones de dólares (unos 15 millones de euros). También, en una popular página porno gratuita, con el objetivo de atraer a consumidores a las dos primeras, que sí eran de pago. 

"Una vez que las víctimas conocían que sus vídeos eran públicos, pedían al reclamado y a sus secuaces que los retiraran de la web, petición que jamás fue aceptada. El entorno de dichas mujeres, profesional, social y familiar, accedió a los mismos. Las víctimas perdieron sus trabajos o abandonaron sus estudios, fueron acosadas por sujetos conocidos o desconocidos y algunas de ellas trataron de suicidarse", indica la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Delitos

Tanto la Fiscalía española como la estadounidense califican estos hechos como 16 delitos de agresión sexual, 15 delitos de explotación sexual de mujeres mayores de edad, un delito de explotación sexual de una mujer menor de edad y otro de organización criminal. Ahora bien, el Ministerio Público no ve acreditado el delito de blanqueo de capitales por el que también le reclama EEUU.

Michael James Pratt fue detenido en Madrid en diciembre de 2022, por orden del Tribunal de Distrito Sur de California. Una vez pasó a disposición judicial, la Audiencia Nacional le envió a prisión provisional sin fianza. 

El Consejo de Ministros avaló su entrega a Estados Unidos en su reunión del 21 de febrero de 2023. Según relata la Fiscalía, podría haber utilizado otras identidades: la del suizo Mark Williams, la del maltés Kenneth Luois Radcaja y la del griego Nakis Tarasiadis. Las habría empleado para residir en distintos hoteles de Madrid. Cuando fue detenido por la Policía Nacional, estaba hospedado en uno de la céntrica Gran Vía.