Más de 160 periodistas han firmado un manifiesto que denuncia la "arbitrariedad" y "desproporción" de la condena penal impuesta a una informadora por publicar datos ciertos sobre la investigación del crimen de Laura Luelmo y que la Audiencia Provincial de Huelva ha considerado "innecesarios" y una injerencia en el derecho a la intimidad.
El escrito, presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado, ha sido promovido por los periodistas de tribunales de más de una veintena de medios españoles, entre ellos EL ESPAÑOL. En la lista de medios figuran radios, agencias de noticias, televisiones y prensa en papel y digital.
El pasado 6 de junio, la Audiencia onubense condenó a dos años de prisión, multa y dos años de inhabilitación para ejercer el oficio a una redactora de Huelva Información por publicar artículos con datos sobre el caso Laura Luelmo, una profesora que fue secuestrada, violada y posteriormente asesinada. El autor de los hechos, Bernardo Montoya, fue condenado en 2021 a prisión permanente revisable.
Los escritos, tras ser presentados.
Los padres de la víctima fueron los que denunciaron a la periodista. La sentencia, que está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia andaluz, les concede una indemnización de 15.000 euros para cada uno.
Los escritos enviados al órgano de gobierno del Poder Judicial y al fiscal general, Álvaro García Ortiz, expone la "intensa preocupación" de los periodistas firmantes "por las consecuencias que para el derecho a la información de los ciudadanos" puede tener este fallo, capaz de producir un "efecto desaliento" en el ejercicio de ese derecho fundamental.
Falta de motivación
"La sentencia", señalan, "entra a juzgar ciertos datos —siempre veraces— difundidos en las informaciones para calificarlos de 'innecesarios e irrelevantes para el interés público' o considerar que 'exceden de lo que puede esperar la población en general' a la vista de los 'detalles' que se proporcionan".
"Lamentamos desconocer —la sentencia no aporta motivación alguna en este importante aspecto— en qué criterios se basan los magistrados para determinar 'lo que puede esperar la población en general' de las informaciones periodísticas sobre los crímenes más graves que impactan, con lógica preocupación, en la ciudadanía", critican.
"Que los jueces decidan qué es o no noticiable, o qué partes de la realidad deben ser publicadas u ocultadas a los ciudadanos, es, para nosotros, motivo de inquietud", añaden. "No porque cuestionemos la autoridad de los jueces, sino porque deben explicar los criterios en los que basan sus decisiones para que éstas no sean arbitrarias o generen inseguridad jurídica", insiste el escrito.
A juicio de los informadores, la sentencia de la Audiencia de Huelva "incurre en ambas cosas." "Que la aplicación del Código Penal dependa de lo que cada juez entienda por 'excesivo', 'innecesario' o 'irrelevante' en términos informativos, sin justificar por qué, sume el ejercicio del derecho fundamental a la información en la mayor incertidumbre", argumentan.
También subrayan que "los periodistas de tribunales decidimos lo que publicamos conforme al derecho de los ciudadanos a la información, el interés periodístico, la autonomía editorial y el compromiso con la audiencia de cada medio. Sustituir esos criterios, de profunda raigambre en el oficio, por la particular percepción de cada juez sobre lo que es o no 'necesario' o 'excesivo' en una noticia, sin evaluar en ningún momento las reglas del periodismo y, sobre todo, recurriendo como desproporcionado castigo al máximo poder penal del Estado —la cárcel— nos parece muy grave a estas alturas de desarrollo de los derechos fundamentales que garantiza nuestra Constitución".
"Los periodistas de tribunales", agregan,"sabemos que la intimidad es uno de los límites a la libertad de información". "No justificamos el amarillismo ni las invasiones de la intimidad que no tengan una estricta motivación periodística. No todo vale en nuestro oficio", admiten.
"Pero es exigible una ponderación entre ambos derechos que la Audiencia de Huelva omite por completo. Una explicación de por qué el derecho a la información debe ceder respecto a esos datos cuya difusión se considera delictiva, pese a que acabaron siendo objeto de consideración en el juicio y en la sentencia dictada contra el autor de los hechos, lo que pone en cuestión su 'irrelevancia'", indican.
Derecho de los ciudadanos
Los escritos manifiestan, asimismo, que "al relatar lo ocurrido en crímenes de enorme gravedad, los medios de comunicación informan a la opinión pública de algo que tiene derecho a conocer: cómo se investigan y persiguen los delitos".
"Para ello, se sirven habitualmente de datos contrastados que forman parte de la instrucción. Pero no existe un tipo penal que castigue el acceso de los periodistas a ese material. El secreto de la instrucción no es exigible a los periodistas, sino exclusivamente a aquellos obligados a guardarlo (a los que se aplica, por cierto, un tipo penal específico con penas menos severas que las previstas en el artículo 197). Por ello, mal puede basarse la condena en un delito de revelación de secretos sumariales por parte de los periodistas, amparados por el deber y el derecho a ejercer las libertades que protege el artículo 20.1 d) de la Constitución", indican los textos.
Los periodistas alertan, por todo ello, de que "la represión penal de los posibles excesos cometidos, en lugar de ser sancionados por la jurisdicción civil, puede causar en los periodistas un efecto desaliento enormemente perjudicial para el derecho a la información de los ciudadanos. Ninguna institución implicada en la defensa de los derechos fundamentales puede ser indiferente ante ese riesgo".
En el escrito dirigido al fiscal general, los periodistas firmantes le trasladan su "intensa preocupación" por este fallo. Y lamentan que el fiscal del caso "se haya precipitado por la senda de la represión penal en lugar de instar la sanción de los eventuales excesos por la jurisdicción civil, en el supuesto de que fueran sancionables".
Por ello, solicitan a García Ortiz "que sea consciente de que ese tipo de actuación de sus subordinados" puede desalentar a los periodistas en el libre ejercicio el derecho a informar. "Ninguna institución implicada en la defensa de los derechos fundamentales puede ser indiferente ante ese riesgo", señalan. Y solicitan al máximo representante de la Fiscalía que también "transmita a la sociedad su inequívoco compromiso" con la libertad de información.
Además de EL ESPAÑOL, han firmado ambos escritos periodistas de El Periódico, Cadena SER, Público, El Plural, Efe, El Periódico de España, El País, El Independiente, Información Alicante, La Vanguardia, Radio Nacional de España, Vozpópuli, À Punt, Las Provincias, Telemadrid, ABC, La Sexta, El Confidencial, TVE, El Mundo, Europa Press, Cinco Días, La Razón, Levante-Emv, 20 minutos, Onda Cero, Valencia Plaza, TV3, Servimedia, infoLibre, El Debate, The New York Times, Colpisa, Nius, OkDiario, COPE, La Voz de Cádiz, A por todas Comunicación, Nació Digital, True Crime Factory Catalunya Radio, Diario Ara, El Diario, El Món, La Opinión de Zamora, La Opinión de Murcia, Diario de Mallorca, El Periódico Mediterráneo, El Periódico de Aragón, Caso Abierto y la Asociación de Periodistas de Defensa.