La Audiencia Nacional ha autorizado la entrega a Francia de un español, acusado de haber hackeado a varias empresas galas y de exigir después un rescate en criptomonedas para desbloquear sus servidores.
Se trata de un joven nacido en 1994 y que responde a las siglas E. C. E. Fue detenido por la Policía Local el 4 de julio de 2023 en su municipio natal, Corella (Navarra).
Concretamente, las autoridades francesas le acusan de pertenecer a una organización criminal, de un delito informático, de blanqueo de capitales y de extorsión. Según consta en la extensa documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los hechos habrían ocurrido entre el 1 de julio de 2021 y el 13 de febrero de 2022.
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Tras ser arrestado en la localidad navarra, el joven fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Tudela, después de que la Fiscalía de París hubiera solicitado la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).
El proceso de extradición correspondió al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Santiago Pedraz, quien avaló recientemente la entrega del joven a Francia. No obstante, en España, el arrestado estaba en libertad provisional.
Fachada de la Audiencia Nacional, en imagen de archivo.
De acuerdo con uno de los autos que consta en el procedimiento, una empresa francesa, dedicada al comercio al por mayor, denunció que sus sistemas de contabilidad y gestión de ventas fueron encriptados mediante un malware ("un ransomware de tipo Babuk"). Y en estos servidores "se grabó una nota de rescate". También habría sufrido otro ciberataque similar una compañía de climatización de hogares.
"Las investigaciones pusieron de manifiesto que los rescates obtenidos de las empresas [omitido] habían sido abonados principalmente en una cuenta Coinbase y en una cuenta Binance, que resultaron pertenecer a dos individuos localizados en España", reza el documento. Se trata de dos jóvenes navarros; uno de ellos es E. C. E.
En Francia, entre julio de 2021 y febrero de 2022, hubo 26 empresas víctimas de "los delitos de intrusión, infiltración de datos y encriptación de datos", indica la documentación del caso. Los daños ocasionados se cifraron en 2.265.585 euros.
Entrega a Francia
Tras ser interrogado por Pedraz, el detenido se negó a ser entregado a Francia. De hecho, su defensa, ejercida por el letrado Juango Ospina, ha solicitado a la Audiencia Nacional que su cliente sea juzgado en España.
"Es lo más aconsejable (...). Los juzgados españoles serían perfectamente competentes para conocer de la presente causa, en tanto que el delito se habría cometido en suelo español, aunque sus efectos se dejaron notar en territorio francés", indicó el letrado defensor en un escrito. "El delito fue hipotéticamente perpetrado desde suelo español, por españoles, todos los instrumentos a través de los cuales se ejecutó estarían en España... Consideramos algo total y absolutamente secundario el hecho de que las potenciales víctimas sean de nacionalidad francesa", añade.
Ospina también ha pedido a la Audiencia Provincial de Navarra que revoque el archivo del caso acordado por el juez instructor de Tudela, quien consideró que la Justicia española no era competente para investigar estos hechos, sino que lo era la francesa.
Pese a ello, el Juzgado Central de Instrucción número 5 ha autorizado la entrega de E. C. E., en sintonía con la Fiscalía. "Aunque parte de los hechos se hayan podido cometer en España, lo cierto es que Francia está en mejor posición para conocer del enjuiciamiento, pues, como señala el Ministerio Fiscal, habiéndose producido el ciberataque en Francia, donde está la totalidad de las víctimas, siendo este país el que tiene abierta y avanzada una investigación (...), los principios de ubicuidad y eficiencia aconsejan no hacer uso de esta causa potestativa de denegación", señaló Pedraz en su auto.
Finalmente, E. C. E. declarará voluntariamente ante la Justicia francesa el próximo octubre, aunque su letrado ya avanza que seguirá "tratando de parar los trámites procesales de la OEDE".
El joven navarro enfrenta en Francia una pena máxima de 20 años de prisión. De ser condenado en aquel país, podría regresar a España para cumplir su condena en una cárcel patria.