La hemeroteca en España, desde la Transición hasta nuestros días, rebosa imágenes de figuras de la política, la empresa, el arte e, incluso, la aristocracia sentados en el banquillo de los acusados. También, fotografías de las mismas personalidades haciendo el paseíllo, a la entrada de distintos juzgados por toda nuestra geografía, rodeados de periodistas o curiosos.

El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo confirmó el procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont —fugado en Bélgica de la Justicia española desde hace cinco años y medio— por los delitos de malversación agravada y desobediencia.

El máximo órgano judicial español tomó esta decisión para adaptar la causa del procés a la reforma del Código Penal impulsada en 2022 por el Gobierno, que derogó el delito de sedición, por el que Puigdemont sí fue investigado.

Pero no sólo la derogación de la sedición le beneficia. Si el PSOE acepta la exigencia del partido del expresident, Junts per Catalunya, y logra aprobar una amnistía a los líderes del procés, Carles Puigdemont logrará esquivar el banquillo de los acusados, en el que sí se han sentado, entre otros, la infanta Cristina, los exministros Rodrigo Rato, Magdalena Álvarez y José Barrionuevo, mediáticos alcaldes, como Jesús Gil o Julián Muñoz, importantes empresarios de la talla de Emilio Botín, varios presidentes autonómicos de diversos partidos y hasta un exjefe de la Casa Real.

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    La infanta Cristina, juzgada y absuelta en 2017 por el 'caso Nóos'.

    Cristina de Borbón, hija de Juan Carlos I y hermana del actual Rey, Felipe VI, fue juzgada en 2017 en el llamado caso Nóos.

    Dicha causa judicial toma su nombre del Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro que encabezaba su entonces marido, Iñaki Urdangarin, junto a su socio Diego Torres.

    Pese a que estos últimos sí fueron condenados por varios delitos, la infanta Cristina fue absuelta y tan sólo debió abonar una sanción de 265.000 euros, como responsable a título lucrativo de los delitos de quien era su marido.

    La Fiscalía pidió que fuese condenada a pagar 600.000 euros, cantidad que Cristina de Borbón aportó antes de que se dictara el fallo. Por ello, le fue devuelta la diferencia.

    Durante el juicio, la hija del Rey Emérito se desvinculó de la actividad profesional de su marido y aseguró que firmó ciertos documentos por la "confianza" que tenía en éste y en sus asesores.

    El sindicato Manos Limpias, que ejercía la acusación popular, solicitó ocho años de cárcel para la infanta, a la que acusaba de dos delitos fiscales en calidad de cooperadora necesaria, por los que fue absuelta.
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    Iñaki Urdangarin, juzgado y condenado en 2017 por el 'caso Nóos'.

    Pese a que la infanta Cristina fue absuelta, su marido, Iñaki Urdangarin, corrió una suerte distinta. El tribunal de la Audiencia Provincial de Mallorca condenó al exduque de Palma a seis años y tres meses de cárcel por el llamado caso Nóos.

    También fue condenado su socio al frente del Instituto Nóos, Diego Torres. Urdangarin fue sentenciado por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y por dos delitos fiscales.

    Posteriormente, el Tribunal Supremo rebajó dicha pena y la fijó en cinco años y diez meses de cárcel.

    Tras este fallo, el exduque de Palma, título que le sería retirado, se convirtió en el primer miembro de la Familia Real condenado en firme a una pena privativa de libertad. Actualmente, Urdangarin está en libertad condicional.
    Atlas
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    José Barrionuevo (i) y Rafael Vera (d), juzgados y condenados en 1998 por el secuestro de Segundo Marey.

    El exministro del Interior, José Barrionuevo y el ex secretario de Estado, Rafael Vera, fueron condenados en 1998 a diez años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey.

    Así lo estableció el Tribunal Supremo, que juzgó al exministro de Interior y al exsecretario de Estado, figuras destacadas del Gobierno de Felipe González.

    Según la sentencia, ambos aprobaron el pago a los mercenarios de dinero proveniente de fondos reservados para que éstos raptasen a Segundo Marey.

    El denominado como caso Marey fue el nombre con el que se conoce el proceso judicial por el secuestro en Francia, ocurrido en 1983, de una de las primeras víctimas de la llamada guerra sucia del Gobierno de González contra ETA, llevada a cabo por los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

    De los once magistrados que componían la Sala Segunda, cuatro pidieron la absolución de ambos por "falta de pruebas". Y redactaron votos particulares en ese sentido.
    Efe
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    Rodrigo Rato (i) y Miguel Blesa (d), juzgados y condenados en 2017 por el 'caso Tarjetas Black'.

    El exministro y expresidente de Bankia Rodrigo Rato fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso de las Tarjetas black. Así lo decidió en 2017 la Audiencia Nacional y, al año siguiente, lo confirmó el Tribunal Supremo.

    En el mismo proceso, la Justicia condenó a seis años de cárcel a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid y antecesor de Rato al frente de la entidad, por apropiación indebida y administración desleal.

    El Supremo, en 2018, confirmó la comisión del delito de apropiación indebida por otros 63 exdirectivos y exmiembros del Consejo de Administración de la Caja, que se beneficiaron de estas tarjetas cuya operativa era opaca a Hacienda.

    La sentencia ratificada por el Tribunal Supremo estableció como responsabilidad civil la devolución por los acusados de más de 12 millones de euros gastados con las tarjetas black.

    De ellos, 9,3 millones se gastaron en la etapa de Miguel Blesa como presidente de Caja Madrid y los otros 2,6 millones, cuando el presidente de dicha entidad (posteriormente convertida en Bankia) era Rato.

    De hecho, los dos directivos debieron responder civilmente, de forma solidaria, por las cantidades gastadas durante sus mandatos (de enero de 2003 a enero de 2010, en el caso Blesa y de febrero de 2010 a mayo de 2012, en el caso de Rato).

    Ahora bien, Miguel Blesa falleció poco después de la publicación del fallo de la Audiencia Nacional y antes de que el Tribunal Supremo confirmara las líneas maestras de aquella sentencia.
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    José Antonio Griñán (d) y Manuel Chaves (i), juzgados y condenados en 2019 por el 'caso ERE'.

    El expresidente andaluz José Antonio Griñán y su sucesor en el cargo, Manuel Chaves, fueron condenados en el llamado caso ERE.

    El primero, a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por un delito de malversación. El segundo, a nueve años de inhabilitación. Así lo estableció la Audiencia Provincial de Sevilla y, posteriormente, confirmó el Tribunal Supremo.

    Aunque no lo hizo por unanimidad, el máximo órgano judicial español concluyó que la cúpula del Gobierno andaluz, del 2000 al 2009, desplegó un sistema de concesión de ayudas sociolaborales pensado para evitar "todo control administrativo", disponiendo del dinero público "de forma discrecional" y "al margen de toda legalidad".

    No obstante, José Antonio Griñán no entrará en prisión. En sintonía con la Fiscalía, la Audiencia sevillana decidió recientemente librarle de la cárcel —al menos, durante el próximo lustro—, debido al "grave" cáncer de próstata que padece.

    Por otro lado, el exdirigente socialista presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y solicitó su indulto al Gobierno que preside Pedro Sánchez, que aún no se ha pronunciado sobre este extremo.
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    El excomisario Villarejo, juzgado y condenado en 2023 por las piezas 'Iron', 'Pintor' y 'Land' del 'caso Villarejo'.

    José Manuel Villarejo, el excomisario de la Policía Nacional conocido por acumular durante décadas información sensible de autoridades, políticos y empresarios, fue condenado por la Audiencia Nacional el pasado julio.

    El tribunal le consideró autor de múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos y falsedad documental. Así lo indica la sentencia de las piezas Land y Iron, tras el primero de los juicios que esperan a Villarejo por las actividades de su grupo empresarial Cenyt, que se investigan en una macrocausa de más de 30 piezas separadas.

    La condena, que dividió a la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional, es muy inferior a la instada por la Fiscalía Anticorrupción.

    Por una mayoría de dos votos frente a uno, el tribunal no consideró probado que, como sostenían los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas, los clientes que contrataron a Villarejo para que efectuase labores de espionaje e investigación supieran que era policía en activo y que utilizaba su cargo para proporcionarles datos reservados procedentes, en muchos casos, de bases de información policiales.
    Efe
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    Mario Conde, juzgado y condenado en el año 2000 por el 'caso Banesto'.

    En el año 2000, el tribunal de la Audiencia Nacional que enjuició el caso Banesto condenó al financiero Mario Conde a diez años de cárcel.

    No obstante, en 2002, el Supremo dobló esta cifra y condenó al empresario a dos décadas de cárcel.

    El Alto Tribunal obligó a Conde a indemnizar a Banesto con 300 millones de pesetas por su gestión de la entidad.
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    Magdalena Álvarez, juzgada y condenada en 2019 por el 'caso ERE'.

    La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Magdalena Álvarez, destacada dirigente del PSOE andaluz, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

    La Justicia concluyó que fue la responsable de la elaboración y gestión de los presupuestos andaluces que incluían la partida que la trama de los ERE usó para desviar fondos públicos.

    Álvarez fue ministra de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde el 2004 al 2009.
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    Jaime Milans del Bosch, juzgado y condenado en 1982 por el golpe de Estado del 23-F.

    El excapitán general Jaime Milans del Bosch fue uno de los principales condenados por la intentona golpista del 23-F.

    Durante la noche del 23 de febrero de 1981, una vez el teniente coronel Antonio Tejero había irrumpido a tiros en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, Milans del Bosch sacó los carros de combate a las calles de Valencia y ordenó redactar un bando por el que decretaba el estado de excepción.

    Fue condenado a 30 años de prisión y expulsado de las Fuerzas Armadas en 1982. Nunca mostró arrepentimiento por estos hechos.

    En 1990, salió en libertad condicional tras cumplir nueve años de cárcel. Murió en 1997.
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    Jaume Matas, juzgado y condenado en 2021 por el 'caso Son Espases'.

    En 2021, el Tribunal Supremo confirmó la condena de diez meses de prisión y una década de inhabilitación para cargo público al exministro y expresidente del Gobierno balear Jaume Matas.

    Quien fuese responsable de la cartera de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar fue condenado por el llamado caso Son Espases, que toma el nombre del mayor hospital público de las islas.

    En esta causa se enjuició el proceso de adjudicación para la construcción y explotación de este centro sanitario. En 2019, la Audiencia de Mallorca condenó a Matas por un delito de tráfico de influencias y como inductor de delitos de prevaricación continuada y fraude a la Administración, al considerar acreditado que maniobró para favorecer a una constructora determinada.

    Matas también se ha sentado en el banquillo de los acusados por otras causas. Entre ellas, por el llamado caso Nóos, por el que fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel.
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    Francisco Camps, exonerado nueve veces.

    El expresidente valenciano Francisco Camps ha sido investigado judicialmente en diez ocasiones. En nueve de ellas, ha sido exonerado antes o después de sentarse en el banquillo.

    Actualmente, el expolítico está acusado en el juicio por el décimo de estos procedimientos. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él una pena de dos años y medio de prisión por su presunta intervención en el amaño del stand de la feria de Fitur de Madrid que el grupo de Francisco Correa (cerebro de la Gürtel) montó en 2009.

    El Ministerio Público le atribuye los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la Administración.

    Una de sus absoluciones se produjo después del juicio por los llamados trajes de la Gürtel. Hasta ahora, tras más de 13 años estando investigados en todas estas causas, nunca ha sido condenado.
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    Quim Torra, juzgado y condenado en 2019 por la pancarta que colgó en la Generalitat.

    En 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó al entonces president autonómico, Quim Torra, por negarse a descolgar una pancarta en apoyo a los presos del procés del balcón del Palau de la Genetalitat.

    El Gobierno catalán que Torra presidía la colocó durante la campaña electoral del 28-A, incumpliendo así la neutralidad de las instituciones durante dicho periodo.

    La confirmación, por parte del Tribunal Supremo en 2020, de esta condena provocó que Torra debiera abandonar su cargo. Además de un año y medio de inhabilitación, el TSJC también le obligó a pagar 30.000 euros.

    La Junta Electoral Central (JEC) había ordenado a Torra que retirase esta pancarta. Pero Torra desobedeció a este organismo, que vela por la legalidad de los procesos electorales. Por ello, acabó sentenciado por desobediencia.

    Pese a expresar públicamente su "nula" confianza en la Justicia española, Torra recurrió aquel fallo ante el Tribunal Supremo. No obstante, el máximo órgano judicial español ratificó íntegramente la sentencia del TSJC.

    El Supremo recalcó que el motivo de la condena "no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales, desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central que (...) garantiza la transparencia y objetividad de los procesos electorales, prohibió su utilización, con vulneración del principio de neutralidad a que deben sujetarse las Administraciones en general, contraviniendo órdenes expresas de aquella Junta Electoral".

    En 2020, el Tribunal Superior de Justicia catalán volvió a condenar a Torra por volver a desobedecer a la JEC y colgar otra pancarta similar en el Palau.
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    Luis Bárcenas, juzgado y condenado en 2018 y 2021 por la trama 'Gürtel'.

    El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha sido condenado a cárcel en dos ocasiones. La mayor pena, por la llamada Época 1 del caso Gürtel.

    La Audiencia Nacional le impuso, en aquella ocasión, 33 años y cuatro meses de prisión. El Tribunal Supremo, posteriormente, la redujo a 29 años y un mes.

    Aquella sentencia considera acreditado que "desde al menos el año 2000", Luis Bárcenas, desplegó una "actividad delictiva" que "llevó a cabo con otros acusados" y se enriqueció, "de modo ilícito, intermediando en otras adjudicaciones de obras o apropiándose de fondos del Partido Popular".

    En otra de las derivadas del caso Gürtel, tras el juicio por la llamada caja B del PP, la Audiencia Nacional impuso a Bárcenas otra pena de cárcel.

    Concretamente, de otros dos años de prisión por el pago de una parte de las obras de reforma de la sede nacional del partido en la calle Génova en dinero B, que ascendieron a un millón de euros. Actualmente, Bárcenas goza de un régimen de semilibertad.
    Efe
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    Oriol Junqueras y el resto de líderes del 'procés', juzgados y condenados en 2019.

    El exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras fue condenado en 2019 a 13 años de prisión y los mismos de inhabilitación tras el llamado juicio del procés.

    El Tribunal Supremo también condenó a Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta. En los cuatro casos, por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado por su cuantía.

    Otros líderes del proceso independentista catalán fueron castigados con penas menores por el delito de sedición, como Carme Forcadell (11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta), Joaquim Forn y Josep Rull (10 años y 6 meses de cárcel y el mismo periodo de inhabilitación absoluta) y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años de cárcel y 9 años de inhabilitación absoluta).

    Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó fueron considerados culpables de un delito de desobediencia, por el que pagaron sendas multas de 60.000 euros.

    Pese a ser el presidente de la Generalitat catalana durante el referéndum ilegal del 1-O de 2017, Carles Puigdemont no se sentó en el banquillo de los acusados, ya que huyó de la Justicia española y actualmente reside en Waterloo (Bélgica).

    A pesar de la negativa del Supremo, el Gobierno de Pedro Sánchez acordó en 2021 el indulto parcial para beneficiar a los nueve condenados a penas de cárcel por el juicio al procés. Gracias a la medida de gracia del Ejecutivo, salieron de prisión.
    Efe
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    Javier de la Rosa, juzgados y condenados en 2006 por el 'caso KIO'.

    La Audiencia Nacional condenó en 2006 al empresario catalán Javier de la Rosa a cinco años y dos meses de prisión.

    El tribunal le impuso esta pena por un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad documental tras el último juicio del caso KIO, en el que estaba acusado de apropiarse de más de 375 millones de euros de la sociedad kuwaití y su filial española, Grupo Torras.

    La Fiscalía Anticorrupción solicitó 38 años de prisión para el financiero.

    En este mismo procedimiento, la Audiencia Nacional condenó a un año de prisión al ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo del entonces monarca, Juan Carlos I.
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    Juan Hormaechea, juzgado y condenado en 1994 y en 2002 por malversación y prevaricación.

    El expresidente cántabro Juan Hormaechea fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) por malversación de caudales públicos y por prevaricación.

    En 1994, el TSJC le impuso una pena de seis años y un día de prisión y siete de inhabilitación por el primero de los delitos y otros siete años de inhabilitación, por el segundo.

    Según la sentencia, benefició a una empresa concreta en su primer Gobierno (1987-1990) al adjudicarle un contrato sin publicidad y malversó dinero público al pagar campañas en prensa contra sus rivales políticos. Este fallo convirtió a Hormaechea en el primer presidente autonómico condenado por la Justicia.

    Sin embargo, gracias al indulto concedido en 1995 por el Gobierno de Felipe González, esquivó la prisión. No obstante, mantuvo la inhabilitación para desempeñar un cargo político durante 14 años.

    Debido a que uno de los magistrados que le condenó "puso en entredicho su imparcialidad", en 2002 se repitió el juicio contra Hormaechea, por lo que este primer indulto quedó sin validez.

    El Tribunal Supremo ratificó en 2004 las penas contra el político, que había ido en las listas de Alianza Popular como independiente hasta conformar después su propio partido. No fue hasta 2011 cuando el Gobierno central volvería a indultarle. Falleció a finales de 2020.
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    Pedro Antonio Sánchez, juzgado y condenado en 2023 por el 'caso Puerto Lumbreras'.

    El Tribunal Superior de Justicia murciano (TSJRM) condenó, a principios de 2023, a Pedro Antonio Sánchez a tres años de cárcel. También, obligó al expresidente de la Región al pago de 3.600 euros de multa por las irregularidades en el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras, municipio del que fue alcalde. Y le inhabilitó por un periodo de 17 años y tres meses.

    El TSJRM le impuso esta pena por un delito continuado de prevaricación, en concurso con uno de falsedad. Todo ello, por encargar a un arquitecto, "verbalmente y sin expediente previo", las obras. Lo hizo cuando era regidor de Puerto Lumbreras.

    De hecho, la sentencia recalca que el exdirigente procuró "evitar la libre concurrencia de profesionales en el concurso".

    Pedro Antonio Sánchez dimitió de la presidencia de la comunidad autónoma y del PP regional al abrirse esta causa judicial en su contra y fue sustituido por el actual presidente de la Región, Fernando López Miras.

    Aposado PAS por las siglas de su nombre, Pedro Antonio Sánchez se sentó en el banquillo de los acusados en septiembre de 2022, siete años después del inicio de las diligencias por supuestas irregularidades en la redacción, adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, una localidad de la que fue alcalde de 2003 a 2013, antes de ocupar como presidente el Palacio de San Esteban y llegar a la cúspide del PP murciano.
    Efe
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    El exjuez Pascual Estevill, juzgado y condenado en 2006.

    El Tribunal Supremo condenó en 2006 a nueve años de cárcel al exjuez y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Luis Pascual Estevill.

    El máximo órgano judicial español le impuso esta pena por los delitos de cohecho, prevaricación y de detención ilegal.

    En la misma sentencia, también confirmó la pena que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había impuesto al abogado penalista Juan Piqué Vidal, en 2005, que fue juzgado junto a Estevill. Vidal, de hecho, defendió a Jordi Pujol en el caso Banca Catalana.

    Estevill y este letrado, en palabras del Supremo, "urdieron" a finales de los años 90 un "plan" para extorsionar a empresarios, miembros de la burguesía catalana, a los que el juez investigaba y el abogado defendía.

    Por ello, tanto Estevill como Piqué debieron abonar a partes iguales 663.005 euros en concepto de responsabilidad civil o daños morales a los nueve perjudicados.

    Tal y como avanzó Crónica Global, la sección de noticias sobre Cataluña de EL ESPAÑOL, exjuez Estevill falleció el pasado 2022, a los 89 años.

    En el tardofranquismo, había intentado entrar en política y, ya en democracia, ser senador por el Centro Democrático y Social (CDS). Al no lograrlo, comenzó a ejercer la abogacía hasta que logró la plaza de juez en 1990.
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    Gabriel Urralburu, juzgado y condenado en 1998 por el 'caso Urralburu'.

    El expresidente del Gobierno de Navarra Gabriel Urralburu fue condenado en 1998 a once años de prisión por un delito continuado de cohecho.

    La Audiencia Provincial le impuso esta pena en la conocida como trama navarra del caso Roldán (por ello, la trama fue conocida como caso Urralburu). 

    De hecho, quien fuera director de la Guardia Civil hasta 1993, Luis Roldán, fue condenado por este procedimiento a tres años de cárcel.

    En esta causa, entre otros extremos, la Justicia investigó el cobro de comisiones millonarias por parte de Urralburu a empresas adjudicatarias.

    El tribunal concluyó que este dirigente socialista (y sacerdote secularizado) cometió dos delitos contra la Hacienda Foral. Ahora bien, el Supremo rebajó posteriormente su pena, desde los once años iniciales que le impuso la Audiencia navarra hasta sólo cuatro.

    Antonio Aragón, su consejero de Obras Públicas, fue considerado culpable de un delito fiscal y de otro de cohecho, por los que le fueron impuestos más de siete años de prisión, que el Supremo redujo a únicamente tres años y ocho meses. El Alto Tribunal sí mantuvo en tres años de cárcel la pena de Roldán.
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    José Marco (d), juzgado y condenado en 2013 por fraude a Hacienda.

    El expresidente de Aragón José Marco y su hermano, Jesús Marco, fueron condenados en 2013 a dos años de prisión para cada uno.

    También, al pago de una multa de 600.000 euros y a abonar otros 411.000 euros por el fraude cometido contra la Agencia Tributaria.

    Así se pronunció en su sentencia la juez titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza, que relató que ambos hermanos idearon una estratagema para reducir de forma ficticia los beneficios que ingresaba su empresa y eludir así el pago del impuesto de sociedades durante los años 2004 y 2005.

    La Fiscalía llegó a solicitar seis años de cárcel para el expolítico del PSOE.

    Antes, en 1995, José Marco había sido condenado por la Audiencia Provincial a 13 meses de prisión en el llamado caso del sillón, por quedarse con un caro sillón de piel, de casi 80.000 pesetas, pagado por la Diputación de Zaragoza.
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    Alberto Perote (d), juzgado y condenado en 2006 por las escuchas del Cesid.

    En 2006, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena al excoronel Juan Alberto Perote, jefe operativo del Gabinete de escuchas del Cesid (el antiguo Centro Superior de Información de la Defensa).

    El fallo, de cuatro meses de arresto y seis de inhabilitación absoluta, había sido dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, que juzgó a Perote por segunda vez por las llamadas escuchas del Cesid.

    Tal y como acreditó la sentencia, desde el órgano antecesor del CNI se grabaron ilegalmente, entre 1983 a 1991, conversaciones privadas de políticos, empresarios, periodistas e, incluso, del rey Juan Carlos. Aquella operación no contó con la necesaria autorización judicial, tal y como el propio Perote reconoció.

    La Audiencia de Madrid absolvió al exdirector general del Cesid, Emilio Alonso Manglano, quien no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados al retirarse las acusaciones contra él.

    Este juicio se celebró en 2005 después de que el Tribunal Constitucional anulase la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Perote por primera vez (y, en aquella ocasión, también a Manglano) y ordenara repetir la vista oral.
    Efe
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    Emilio Botín, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, juzgados y absueltos en 2005 por apropiación indebida.

    El entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, se sentó en 2005 en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. Lo hizo junto a los exdirectivos José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui.

    Por unanimidad, el tribunal, finalmente, acabó absolviendo a los tres de los delitos de apropiación indebida y administración desleal de los que habían sido acusados por el exconsejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y el letrado Juan Francisco Franco.

    La sentencia concluyó que los pagos millonarios percibidos por Amusátegui y Corcóstegui en concepto de jubilación tras su salida del Banco Santander, fueron, pese a su elevada cuantía, proporcionados al trabajo realizado, "absolutamente transparentes", aprobados por el Consejo de Administración y no causaron perjuicio a los accionistas.
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    Rafael Spottorno (d), exjefe de la Casa Real, juzgado y condenado en 2018 por el 'caso Tarjetas Black'.

    La Audiencia Nacional condenó a Rafael Spottorno a dos años de prisión en el caso Tarjetas black.

    Quien fuera jefe de la Casa del Rey con Juan Carlos I como monarca fue uno de los 65 condenados, entre los que también se encontraron Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

    Spottorno fue director de Fundación Caja Madrid entre 2002 y 2011. Tras el escándalo, en 2014, renunció a ser consejero privado del rey Felipe VI para "no comprometer" a la Corona.
    Efe
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    Narcís Serra, juzgado y absuelto en 2019 por el 'caso Caixa Catalunya'.

    La Audiencia Provincial de Barcelona absolvió en 2019 al expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, quien se había sentado en el banquillo por los supuestos delitos de administración desleal y de apropiación indebida.

    El fiscal pidió tres años de cárcel para Serra (otrora vicepresidente del Gobierno durante el felipismo) por la subida de sueldos cuando encabezaba la entidad en 2010, en pleno proceso de fusión con Caixa Manresa y Caixa Tarragona.

    En aquel año, la salud de la entidad financiera se fue deteriorando hasta tener que recibir la primera ayuda de pública de casi mil millones de euros, que terminaron siendo 12.000 millones.

    El tribunal consideró que "los hechos declarados probados no son constitutivos del delito de administración desleal ni del de apropiación indebida sostenido por las partes acusadoras".

    También fue absuelto el exdirector general de Catalunya Caixa, Adolf Todó.
    Efe
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    Lola Flores, juzgada y condenada por delito fiscal en 1987.

    En 1987, la Fiscalía de Madrid presentó ante el Juzgado una querella por posible delito fiscal contra la cantante y actriz Lola Flores y su marido, Antonio González, El Pescaílla.

    El Ministerio Público reclamaba a ambos un elevado montante, de más de 140 millones de pesetas, por no haber realizado las correspondientes declaraciones del impuesto sobre la renta entre los años 1982 y 1985.

    Aquella querella acabaría con La Faraona sentada en el banquillo de los acusados. La artista logró esquivar la cárcel, pero debió pagar una multa de 28 millones de pesetas. Fue entonces cuando la intérprete, bautizada ya como Lola de Hacienda, pronunció la famosa frase: "Con una peseta que me diera cada español...".

    Durante el juicio, desde el banquillo, Lola Flores declaró ante el juez lo siguiente: "No quiero ablandarle el corazón, sino pedirle que sea justo. Yo no he estropeado la imagen de Hacienda, sino que ha sido Hacienda quien me ha estropeado a mí. Y como mañana es el día de mi santo, le pediría a Hacienda que me mandara un ramo de flores".
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    Jesús Gil, juzgado y condenado en el año 2000 por el 'caso Camisetas'.

    El que fuese alcalde de Marbella acabó condenado en el año 2000 a 28 años de inhabilitación por cuatro delitos de prevaricación en el llamado caso Camisetas.

    El polémico político fue juzgado por el desvío de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento marbellí al club de fútbol Atlético de Madrid, que presidía.

    La Audiencia Provincial de Málaga consideró probado que cuando Gil concurrió a las elecciones municipales de Marbella en 1991, siendo ya presidente del club rojiblanco, sin autorización del consistorio, ordenó que los jugadores de su equipo lucieran en sus equipaciones en el logo de la ciudad "y así lograba obtener una propaganda electoral de cara a los ciudadanos".

    El 5 de abril de 2002, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia y el 24 del mismo mes, Jesús Gil dimitió como alcalde la localidad malagueña. También fue condenado en otras causas.
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    Isabel Pantoja, juzgada y condenada en 2013 por el 'caso Malaya'.

    La tonadillera Isabel Pantoja fue condenada en 2013 a dos años de prisión por un delito de blanqueo de capitales en el caso Malaya.

    Su expareja, Julián Muñoz, antiguo alcalde de la ciudad de Marbella, fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a siete años de cárcel por los delitos de blanqueo y cohecho pasivo.

    La intérprete de Marinero de Luces fue detenida en mayo del año 2007 por la Policía Nacional, en el marco de esta operación contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de la localidad malagueña.

    Pantoja cumplió su pena de prisión en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, situada a 22 kilómetros de Sevilla. El fiscal había solicitado para la cantante tres años y medio entre rejas.

    En 2022, la tonadillera fue absuelta tras ser juzgada por un presunto delito de insolvencia punible, por la venta de su chalé de la urbanización La Pera de Marbella. La Fiscalía, en esta ocasión, exigía tres años de prisión para ella.
    Efe
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    Julián Muñoz, juzgado y condenado en 2013 por el 'caso Malaya'.

    Quien fuera sucesor de Jesús Gil al frente del Ayuntamiento de Marbella, Julián Muñoz, ha sido condenado en varias ocasiones.

    La más conocida, por el célebre caso Malaya, por el que también ingresó en prisión su expareja, la cantante Isabel Pantoja.

    Aquella sentencia, de 2013, impuso a Muñoz la pena de dos años de prisión, aunque la Fiscalía solicitaba una década de cárcel para él.

    No obstante, el exalcalde de Marbella acumula otras sentencias firmes. Actualmente, está en libertad condicional, debido a su enfermedad "grave e incurable".
    Efe
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    Luis Roldán, juzgado y condenado en 1998 por el 'caso Roldán'.

    La Audiencia Provincial de Madrid condenó al exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán a 28 años de cárcel por malversación de caudales públicos, estafa, cohecho continuado y cinco delitos contra la Hacienda Pública en el año 1998. Fue la sentencia que puso fin, primera instancia, al llamado caso Roldán.

    La Justicia también impuso al que había sido el primer civil al frente de la Benemérita una multa de 1.600 millones de pesetas y la obligación de indemnizar al fisco en otros 957 millones.

    La sentencia consideró que Luis Roldán, entre 1986 y 1993, "aprovechó su cargo para enriquecerse de manera totalmente ilícita y delictiva" mediante comisiones de obras y sobresueldos, estafas a constructores y el cobro irregular de fondos reservados del Ministerio del Interior.

    Posteriormente, el Tribunal Supremo elevó la pena de cárcel de Luis Roldán a 31 años, al añadir a la lista de delitos el de falsedad en documento mercantil. Roldán murió en marzo del 2022.
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    Alberto Alcocer y Alberto Cortina, juzgados y condenados en 2009 por el 'caso Urbanor'.

    En 2011, el Tribunal Supremo confirmó que los Albertos debían pagar una indemnización de cerca de 11 millones de euros a sus socios por el llamado caso Urbanor.

    Los accionistas minoritarios de la sociedad Urbanor, propietaria de un solar en la exclusiva zona de Madrid donde se erigen hoy las Torres KIO, al norte de la ciudad, perdieron 4.084 millones de pesetas en la venta de esos terrenos. La transacción se produjo en 1988.

    A los accionistas minoritarios se les pagó 150.000 pesetas por metro cuadrado, mientras que Alberto Cortina y Alberto Alcocer, socios mayoritarios, recibieron 231.000 pesetas por cada m2.

    Dicha condena fue revocada por el Tribunal Constitucional, que consideró prescritos los hechos. Pero eso no impidió a los denunciantes reclamar indemnizaciones por la vía civil.
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    Juan María Atutxa, juzgado y condenado en 2008 y absuelto en 2019 por desobediencia.

    En 2019, el Supremo (TS) anuló la condena dictada en 2008 contra el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por un delito de desobediencia.

    El TS tomó esta decisión como consecuencia del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que declaró vulnerado el derecho Atutxa y el resto de políticos acusados a un proceso equitativo.

    En 2008, Atutxa, cuando ya era expresidente del Parlamento autonómico, fue condenado a un año y medio de inhabilitación y a pagar una multa de 18.000 euros por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003.
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    El exgeneral Rodríguez Galindo, juzgado y condenado en el año 2000 por el 'caso Lasa y Zabala'.

    El exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo fue condenado en abril del año 2000 a 71 años de prisión por el caso Lasa y Zabala.

    Así consta en la sentencia de la Audiencia Nacional fechada el 26 de abril de ese año, que falló en su contra por el secuestro y asesinato de Joxean Lasa y Joxi Zabala, uno de los primeros actos de los GAL en el marco de la guerra sucia contra ETA.

    Un año después, el Tribunal Supremo aumentó en cuatro años la pena de cárcel, hasta los 75. Entonces, condenado en firme, Rodríguez Galindo perdió oficialmente su condición de miembro de la Benemérita.

    Este agente se había hecho popular cuando en 1980 dirigió la 513 Comandancia de la Guardia Civil, con sede en Intxaurrondo (San Sebastián).

    Durante los 15 años ocupó este cargo, fueron desarticulados unos 90 comandos de ETA y detenidos más de 800 terroristas.
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    César Alierta, juzgado y absuelto en 2009 por el 'caso Tabacalera'.

    En 2010, el Tribunal Supremo confirmó la absolución del entonces presidente de Telefónica, César Alierta, en el llamado caso Tabacalera.

    El máximo órgano judicial español consideró prescrito el delito de uso de información privilegiada del que estaba acusado el empresario a raíz de la compra en 1997 de acciones de la empresa tabaquera, que lideraba entonces.

    Alierta y su sobrino Luis Placer habían sido juzgados en 2009 por la Audiencia Provincial de Madrid.

    Anticorrupción solicitaba cuatro años y medio de cárcel para ambos acusados por el supuesto uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de Tabacalera, lo que aportó un beneficio de unos 300 millones de pesetas.
    Efe
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    Macià Alavedra, juzgado y condenado en 2018 por tráfico de influencias.

    La Audiencia Nacional condenó en 2018 a 23 meses de cárcel al ex conseller de Economía de la Generalitat catalana Macià Alavedra y al exsecretario de Presidencia Lluís Prenafeta por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

    Ambos, hombres fuertes en el gobierno de Jordi Pujol, cobraron comisiones ilegales a cambio de mediar en tres operaciones urbanísticas en el área metropolitana barcelonesa.

    Además, la Justicia impuso a estos dos ex altos cargos de la Generalitat multas millonarias, pero lograron evitar entrar en prisión mediante un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que rebajó las penas que solicitaba.
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    Gabriel Cañellas, juzgado y condenado en 1998 por el 'caso Sóller'.

    En 1998, el expresidente de las Islas Baleares Gabriel Cañellas, del PP, se sentó en el banquillo de los acusados por el caso Sóller.

    El juez instructor abrió juicio oral contra él por un delito continuado de prevaricación y otro de cohecho a raíz del cobro de comisiones ilegales en la adjudicación del túnel de peaje de Sóller, en 1988.

    La Justicia dio por probado que Cañellas cometió un delito de cohecho por haber aceptado una comisión de 50 millones de pesetas, pero no pudo ser condenado por ello, por haber prescrito.
    Televisión Balear.
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    Alfredo Sáenz, juzgado y condenado en 2009 e indultado en 2011.

    En 2011, el Consejo de Ministros aprobó el indulto del entonces consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, tras su condena de 2009 a tres meses de arresto e inhabilitación para ejercer su oficio de banquero durante este tiempo.

    La Justicia falló de esta forma al considerarle culpable de un delito de acusación falsa y denuncia falsa. La condena, confirmada por el Tribunal Supremo, alude a hechos que se remontan a 1994, cuando Sáenz era presidente de Banesto.
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    Ana Mato, juzgada y condenada en 2018 por la trama 'Gürtel'.

    La exministra de Sanidad Ana Mato, del Partido Popular, declaró en el juicio de la Época 1 de la trama Gürtel.

    La Audiencia Nacional —y, luego, el Tribunal Supremo— la consideró partícipe a título lucrativo de la red, al igual que el PP. Es decir, concluyó que se benefició económicamente de la trama corrupta.

    Además de exministra de Sanidad, Mato fue esposa de otro de los condenados en este juicio, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

    El Partido Popular —como partícipe a título lucrativo por los actos electorales que sufragaron las empresas del Grupo Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda eran candidatos a esas alcaldías— fue obligado a abonar 133.628,48 euros por los actos llevados a cabo en primera localidad y 111.864,32 euros por los de la segunda.

    El Supremo, al revisar la sentencia de la Audiencia Nacional, impuso a Ana Mato el pago de 27.857,53 euros por los viajes y otros servicios que el Grupo Correa, propiedad del cerebro de la Gürtel, Francisco Correa, ofreció a su familia.

    Gema Matamoros, esposa del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, tuvo que devolver 45.066,66 euros, también como partícipe a título lucrativo, por los viajes y regalos con los que la trama de Correa obsequió al matrimonio. 
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    Francisco Granados, juzgado y condenado por la 'Operación Púnica' en 2017.

    En 2019, el Tribunal Supremo confirmó la condena de dos años de cárcel que la Audiencia Nacional había dictado en 2017 contra el exconsejero de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados.

    La Justicia condenó a Granados por "aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público", ya que se benefició en 2014 del chivatazo de un guardia civil en el marco de la Operación Púnica. El agente también fue condenado.

    Gracias al soplo, Granados pudo advertir al constructor David Marjaliza, considerado el conseguidor de la Púnica, de que la Benemérita le estaba investigando.
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    Laura Borrás, juzgada y condenada en 2023 por falsedad y prevaricación.

    El pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a la líder de Junts, Laura Borràs, a cuatro años de prisión y a 13 de inhabilitación por haber fraccionado contratos entre 2013 y 2018 de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) para beneficiar a un amigo suyo. El juez la halló culpable de falsedad y le impuso una inhabilitación de 9 años por prevaricación.

    No obstante, los magistrados del TSJC propusieron que Borrás recibiese un indulto parcial que le evitaría entrar en prisión. Pese a ello, de aprobarse esta hipotética medida de gracia, la dirigente independentista seguiría inhabilitada para ejercer un cargo público.
    Efe
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    Cristina Cifuentes, juzgada y absuelta en 2021 por el 'caso Máster'.

    La Audiencia Provincial de Madrid absolvió a la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental en el llamado caso Máster.

    La exdirigente había sido acusada por la Fiscalía de Madrid de inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso que siguió en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012.
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    Carlos Fabra, juzgado y condenado por el 'caso Naranjax' en 2013.

    El expresidente del PP de Castellón y expresidente de la Diputación provincial, Carlos Fabra, fue condenado en 2013 a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública en el llamado caso Naranjax.

    La Audiencia Provincial de Castellón consideró probado que defraudó 693.000 euros de IRPF entre 1999 y 2003.

    La exmujer de Fabra, Amparo Fernández, fue condenada también por dos delitos fiscales, por defraudar cerca de 274.000 euros en sus declaraciones de la renta de 2000 y 2003.

    El expolítico fue absuelto, sin embargo, de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
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    María Antònia Munar, juzgada y condenada en 2016 por cobrar un soborno.

    La Audiencia Provincial de Baleares condenó en 2016 a tres años de cárcel y al pago de seis millones de euros a la expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear, Maria Antònia Munar, por haber cobrado parte del soborno de cuatro millones de euros que una empresa Sacresa pagó a varios exaltos cargos del partido Unió Mallorquina a cambio de la adjudicación de los terrenos palmesanos de Can Domenge.

    No es ésta la única condena por corrupción que le fue impuesta a Munar. En 2016, el Supremo confirmó la pena de seis años de cárcel por prevaricación, fraude y revelación de información confidencial en otra derivada del caso Can Domenge.

    Antes, en 2012, fue condenada por la Audiencia de Palma a cinco años y seis meses de cárcel por beneficiar fraudulentamente con 240.000 euros a una empresa audiovisual cuando presidía el Consell. Fue el conocido como caso Maquillaje.
    Efe