La Fiscalía insiste en que también se condene por cohecho al excomisario Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que sume el delito de cohecho pasivo propio a la condena dictada el pasado julio contra el excomisario José Manuel Villarejo. El fallo le impuso 19 años de cárcel, únicamente por revelación de secretos y falsedad documental.

Así figura en un recurso fechado este miércoles, en el que el Ministerio Fiscal se opone a la decisión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de condenar al expolicía tan sólo por estos dos últimos delitos. El tribunal sentenciador, sin unanimidad, excluyó el cohecho, que era esencial en la tesis acusatoria de la Fiscalía.

La sentencia que condenó a Villarejo considera que el exagente "no actuó en el ejercicio de su cargo policial ni sus actos guardaban relación con sus actividades públicas". Por ello, le exoneró del delito de cohecho.

"La actividad desarrollada por el acusado Villarejo Pérez en ningún caso tenía como finalidad menoscabar la legitimidad y los criterios de actuación de la Administración Pública, sino obtener unos mayores beneficios particulares, ofertando una serie de servicios de difícil consecución, cuanto menos por las vías legales. No consta pago alguno por parte de los clientes a funcionarios públicos por la obtención de datos; es más, no existía relación o conexión alguna entre aquellos y éstos, siendo el único eslabón el acusado Villarejo", concluyó la Sala de lo Penal.

Pero la Fiscalía solicita que el excomisario sea condenado por cohecho pasivo propio, "al haberse basado su absolución en (...) la indebida inaplicación del art. 419 del Código Penal", que es el artículo que castiga este delito. Anticorrupción recalca "su vinculación [la de Villarejo] con las funciones policiales que tenía encomendadas como comisario en activo al servicio de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía".

Condena a Villarejo

El excomisario se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional en la vista oral que aglutinó las tres primeras piezas que llegaron a juicio, de las más de 40 que integran la macrocausa denominada Tándem (y apodada caso Villarejo).

Estas tres piezas eran las llamadas Iron, Land y Pintor, por las que el fiscal pidió para el excomisario un total de 83 años y 6 meses de cárcel. Los tres términos hacen referencia a los nombres con los que Villarejo designó los proyectos de investigación y espionaje por los que fue contratado.

La pieza Iron (con una petición de pena de 44 años de prisión por parte del fiscal) se refiere a un encargo hecho a Villarejo en 2013 por el bufete Herrero y Asociados para que investigara si varios de sus antiguos socios y empleados, que se habían marchado de la firma para crear la suya propia, estaban entrando en sus bases informáticas para sustraer contratos de la cartera de clientes.

En la pieza Land (con una petición de pena de 38 años y 10 meses de prisión por parte de Anticorrupción) se condenó a Villarejo a tres años de cárcel por falsificación de documento mercantil y a otros nueve años como autor de tres delitos de revelación de secretos particulares al haber descubierto y revelado los datos de posicionamiento y tráfico de llamadas, entre julio y agosto de 2013, de Silvia Gómez-Cuétara, viuda de Luis García Cereceda, propietario de Procisa, de una conocida de ésta y de un empleado.

El encargo fue hecho por Susana García-Cereceda y dos de sus empleados, Francisco Lorenzo Peñalver y David Fernández Aumente, en el marco de una disputa interna de la familia García-Cereceda por la herencia del fallecido promotor de la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Los tres fueron condenados a nueve meses de prisión por los delitos de revelación de secretos. Peñalver y Aumente, además, a un mes y 15 días de prisión por falsedad en documento mercantil.

Los tres confesaron los hechos, por lo que se les aplicó la atenuante de confesión tardía y de colaboración.

Finalmente, la Fiscalía pedía para Villarejo cinco años y seis meses de prisión en Pintor. En esta pieza, se juzgó la contratación de Villarejo por el empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando Muñoz para espiar a un exsocio, Mateo Martín Navarro, y al abogado de éste, el exjuez Francisco Javier de Urquía, con el fin de extorsionarles.

Absoluciones

En este primer juicio del caso Tándem fueron juzgadas 26 personas, además de Villarejo. Entre ellos, figura su socio Rafael Redondo al frente del Grupo Cenyt, que acabó condenado a 13 años de cárcel por los mismos delitos que el excomisario.

Otras nueve personas fueron condenadas a penas de entre tres meses y dos años de prisión, mientras que 16 fueron absueltas. Entre las exoneradas, figura la esposa de Villarejo, Gema Alcalá, y su hijo, José Manuel Villarejo Gil, además de los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla. El excomisario Enrique García Castaño quedó fuera del juicio tras sufrir un ictus.

En su recurso, no obstante, la Fiscalía solicita la anulación de la absolución para Gema Alcalá. El Ministerio Público también solicita que se condene a Bonilla y a Redondo por el delito de cohecho. E insiste en atribuir varios delitos más de revelación de secretos a Villarejo.

A su vez, responsabiliza de un delito de cohecho a Susana García-Cereceda y sus empleados Francisco Lorenzo Peñalver y David Fernández Aumente. Y atribuye el mismo ilícito, junto con el de revelación de secretos, a las compañías sucesoras de Procisa, que fueron absueltas.