La Audiencia Nacional ya investiga la filtración de cientos de mensajes de WhatsApp enviados y recibidos hace varios años por el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Todas estas conversaciones figuraban en el sumario del caso Kitchen, en el que se investiga el supuesto dispositivo parapolicial destinado a robar información al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Posteriormente, el instructor de esta causa vetó el acceso a los mismos.

Estas conversaciones fueron mantenidas por Martínez —entonces número dos del Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz— con varios periodistas, altos mandos de la Guardia Civil, policías, políticos y funcionarios.

También constan mensajes enviados al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y otros, de carácter personal, entre el exsecretario de Seguridad y su esposa.

Fue, precisamente, Francisco Martínez el que se querelló contra el tuitero Luis Pérez (conocido como Alvise Pérez) por la difusión de sus conversaciones, que, a su juicio, violaban su derecho a la intimidad y, además, contenían datos reservados y secretos de Estado, como el destino de los fondos reservados o la identidad de confidentes de la lucha antiterrorista.

En un auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado Joaquín Gadea —juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6— abre una investigación sobre lo narrado en la querella e informa al Ministerio Fiscal, para que valore qué diligencias solicitar.

"Los hechos (...) presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", expone la resolución.

Por el momento, Alvise no ha sido citado a declarar como investigado, ya que el juez señala que "no están determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos, ni las personas que han intervenido".

No obstante, en su querella, consultada por este periódico, el exnúmero dos de Interior señaló que Pérez volcó estos cientos de wasaps en su canal de Telegram, permitiendo su descarga a sus miles de seguidores.

[Alvise, condenado a pagar 5.000 euros a Carmena por tuitear que tenía un respirador en plena Covid]

Antes, todos estos chats eran accesibles, a través de la plataforma iCloud, a las partes del caso Kitchen. Algunos, incluso, fueron publicados en la prensa. Posteriormente, el juez instructor de esta causa, Manuel García-Castellón, suspendió el acceso a los mismos, a petición de Martínez.

En su querella, este último señala, sin embargo, que, pese a haberlo prohibido el juez, todos los mensajes, de un total de 23 conversaciones, fueron volcados, en bruto —sin el tan necesario análisis y filtrado que caracteriza al periodismo profesional—, en el canal de Telegram de Alvise Pérez, que posee más de 230.000 seguidores.

Lo hizo en formato .zip, que permite su descarga, y "con pleno conocimiento de su contenido secreto", recalcó el exsecretario de Seguridad.

El número de teléfono de Martínez aparecía en esos chats. También, los de Rajoy y el resto de participantes en las conversaciones. "Con motivo de estas publicaciones [en Telegram] que contravenían las mentadas resoluciones judiciales, además de la evidente afectación a secretos de Estado y de la intimidad personal del querellante, el mismo empezó a recibir mensajes de WhatsApp durante todo el día, de personas sin identificar que habían leído los chats en Telegram", indica en la querella el abogado de Francisco Martínez.

Este último, que fue secretario de Estado de Interior entre 2013 y 2016, interpuso su querella ante la Audiencia Nacional al considerar que la divulgación de estos datos podría afectar a la defensa nacional y a los secretos de Estado, además de a su propia intimidad personal y familiar.

La fachada de la Audiencia Nacional.

Alvise Pérez se hizo conocido cuando asesoraba al político Toni Cantó, durante la etapa de éste en Ciudadanos. Posteriormente, ganó popularidad a través de las redes sociales, pero Twitter suspendió su cuenta en varias ocasiones al incumplir las normas de la plataforma. Actualmente, posee un canal de Telegram en el que vuelca documentación o replica noticias de prensa. 

Recientemente, fue condenado a pagar 5.000 euros a Manuela Carmena por haber publicado en la red social que la exalcaldesa de Madrid disfrutó de un respirador en su propia casa en pleno colapso sanitario provocado por la Covid-19. Un juzgado le ordenó "abstenerse de publicar en el futuro noticias falsas" sobre la exregidora.