La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
El juicio contra Hacienda por "reducir" los pluses de los diplomáticos se celebrará el 16 de enero
Varios miembros del cuerpo diplomático se quejaron de que el Gobierno actualizó erróneamente sus compensaciones por residir en el extranjero.
30 octubre, 2023 17:33El juicio contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública por los pluses de los diplomáticos se celebrará en la Audiencia Nacional el 16 de enero de 2024.
Dicho procedimiento se inició con la demanda que interpusieron varios trabajadores del cuerpo diplomático contra el departamento que encabeza María Jesús Montero, que es el responsable de los salarios públicos. Los demandantes se quejaron de las "insuficientes" compensaciones que reciben por residir en el extranjero y de sufrir, con ello, una pérdida de poder adquisitivo.
El juicio se celebrará ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6 de la Audiencia Nacional. En un primer momento, la vista fue fijada para el próximo 3 de octubre, pero no fue hasta unas horas antes cuando el ministerio aportó un expediente administrativo necesario para celebrar el juicio. Por ello, poco antes de la entrega de esta documentación, los funcionarios habían solicitado que se aplazase y se dictase una nueva fecha. Finalmente, se celebrará el 16 de enero de 2024.
En su demanda, los diplomáticos señalaron que Hacienda no ha tenido en cuenta —o no lo ha hecho correctamente— los indicadores económicos de los que depende la actualización de sus nóminas. Se trata de factores tales como el cambio euro-dólar o la inflación. Existen otros como la incomunicación, la situación de guerra en el país de destino, la inseguridad...
Concretamente, los funcionarios demandantes señalan que la actualización de sus salarios les ha hecho perder, de media, 1.500 euros mensuales, que sí cobraban meses atrás. De ser estimada su petición, el fallo que resuelva el conflicto afectará a todos los empleados públicos de Exteriores que sufran la misma situación (es lo que se conoce como extensión de efectos de la sentencia).
En la demanda, a la que tuvo acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, dichos diplomáticos, de dos embajadas distintas, se oponen a una Orden dictada el 28 de diciembre de 2022, con la que se actualizan las retribuciones de los funcionarios destinados fuera de España.
De acuerdo con su defensa, la actualización de estas indemnizaciones, "en lugar de adaptar sus retribuciones a la evolución del coste de la vida", les ha provocado una "pérdida notable de poder adquisitivo y de calidad de vida". "Ha sido contraproducente", resume la demanda.
Estas compensaciones se calculan, de forma anual, a través de un "módulo de equiparación del poder adquisitivo".
Según indica el documento, "la Administración demandada ha tomado la decisión de reducir las retribuciones de los funcionarios españoles en [país omitido], mediante la reducción de los módulos referidos, pese a que no hay datos que justifiquen un abaratamiento relativo [de la calidad de vida] respecto de España".
"Decisión irracional"
"Resulta, pues, una decisión irracional, porque se establece un peor módulo con un tipo de cambio más desfavorable, pese a que el coste de la vida se ha incrementado", subrayaba aquella demanda.
A juicio de estos diplomáticos, "se ha utilizado [por parte de Hacienda] la actuación anual de los módulos" para reducir subrepticiamente su salario, cometiéndose así una "desviación de poder". Y se ha hecho, además, sin la necesaria negociación colectiva y sin seguir las vías legales previstas para ello.
Los demandantes señalaron que la inflación es casi tres puntos porcentuales mayor donde residen que en nuestro país. Pese a ello, aseguran, sus compensaciones se han reducido. "No se justifica un abaratamiento relativo; supone una pérdida de poder adquisitivo de las personas funcionarias destinadas en [país omitido]", expuso su defensa, ejercida por Víctor Soriano i Piqueras.
El abogado de los funcionarios señaló que la Administración "está legitimada" para reducir, si así lo quiere, el salario de los empleados públicos. O solamente el de aquellos que estén destinados en el exterior. "Pero debe acudir a las vías legales para ello", reprochaba el letrado en la demanda.
A renglón seguido, criticaba que Hacienda tomase esta "poco motivada" decisión "difuminada bajo la complejidad de los módulos de equiparación y el tipo de cambio", pese al "impacto inmediato y claro" que ha tenido en la calidad de vida de estos funcionarios.
"La falta de motivación del acto administrativo convierte al mismo en arbitrario", añadía el letrado, tras citar jurisprudencia del Tribunal Constitucional que obliga a la Administración a explicar el porqué de sus decisiones.
La demanda señalaba también que la actualización de los salarios de los funcionarios destinados en el exterior "no es un premio" ni es equiparable a los complementos de productividad, que sí dependen del desempeño laboral para ser concedidas.
Por contra, se trata de una obligación que Hacienda debe atender anualmente, a modo de "fórmula de conversión del que debería ser el salario del funcionario en España, en base a circunstancias sociales y económicas del país de destino". Todo ello, para garantizar que los diplomáticos y trabajadores de Exteriores "no sufren merma como consecuencia de su desempeño en el extranjero".
