Pompeyo González, el burgalés jubilado de 74 años que envió, supuestamente, cartas-bomba a Pedro Sánchez, a Margarita Robles y a la Embajada de Ucrania se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional por los supuestos delitos de terrorismo y de fabricación de explosivos.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento decretado en junio de 2023 por el juez instructor de este caso, José Luis Calama. Así, como solicitó la Fiscalía, los magistrados han rechazado el recurso presentado por el investigado, cuya abogada consideró que "no hay indicios racionales de la perpetración de los hechos" que se atribuyen a su cliente.
El tribunal echa por tierra esta postura y subraya que la "detallada" instrucción de esta causa ha arrojado "indicios bastantes" para enjuiciar a Pompeyo González.
Además de al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa y a la Embajada ucraniana en Madrid, el jubilado habría enviado cartas explosivas a la sede zaragozana de la armamentística Instalaza, a la Embajada de Estados Unidos en España y el Centro de Satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
El tribunal considera "acertada" la decisión del magistrado instructor de enviarle a juicio. Y concluye que, si bien no consta que Pompeyo pertenezca a ningún grupo organizado, el contexto en el que se produjeron los envíos —la guerra entre Rusia y Ucrania— y la viabilidad de que los artefactos estallaran "evidencian que en el ánimo de dicho procesado está presente el objetivo de alterar gravemente la paz pública".
De hecho, uno de los paquetes sí llegó a estallar. Se trata del dirigido a la Embajada de Ucrania en Madrid. El agente de seguridad del edificio lo abrió y sufrió una herida en la mano y abrasiones en los dedos.
Otra de las intenciones de Pompeyo —coinciden tanto la Sala como el instructor— habría sido la de perjudicar "los intereses de España y Estados Unidos, como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa".
También, la "causar una conmoción social que afecte al normal desarrollo de la convivencia pacífica" y la de tratar de "obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa".
El pasado junio, Calama indicó en su auto que los restos de ADN encontrados en los artefactos explosivos coincidían con el de un varón. Cuando la Policía vigiló a Pompeyo, tomó muestras de su perfil genético de las bolsas de basura que arrojó a un contenedor cercano a su casa. "Y el informe de ADN de la Comisaría General de Policía Científica (…) constata que el extraído de los vestigios abandonados por Pompeyo González coincide con el perfil genético recogido en los sellos y el de las diferentes partes internas de los artefactos explosivos", recordó el juez.
Detención del jubilado que envió las cartas bomba
Tal y como ya avanzó EL ESPAÑOL, el jubilado tenía intención de volver a enviar paquetes similares a los seis que ya mandó. Cuando fue detenido, estaba preparando una nueva tanda de sobres-bomba. Además, la Policía Nacional incautó un dron en su vivienda en Miranda de Ebro (Burgos) que, según los investigadores, le habría permitido lanzar, desde el aire, explosivos de mayor potencia.
Compras 'online'
Pompeyo usaba nombres falsos en varias cuentas de Amazon y otras plataformas de compra online, en las que adquiría los materiales para fabricar los explosivos. Ahora bien, dejó tras de sí un reguero de pistas que sirvió a la Policía Nacional para acabar engrilletándole.
"La información solicitada a la mercantil Amazon sobre las compras efectuadas por Pompeyo González Pascual pone de manifiesto que, entre los meses de junio y julio, adquirió un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes", señaló el juez instructor a la hora de procesar a Pompeyo.
La compra no quedó ahí. Entre los meses de octubre y noviembre de 2022, adquirió pegatinas adhesivas de 100 x 50 milímetros, tornillos, brocas y plantillas para dibujar los números y el abecedario. En todos los paquetes se usó el mismo tipo de tinta, con la misma caligrafía, y tenían un formato idéntico.
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El sobre-bomba enviado al Ministerio de Defensa estaba dirigido, específicamente, a Margarita Robles. El nombre de la ministra aparecía en el remite. Según narraba el juez en su auto, al pasar el paquete por el escáner, "se confirmó que contenía clavos, bolas de acero, un circuito electrónico y material orgánico, por lo que se activó el protocolo de emergencia".
Ya que una parte de sus envíos estaban dirigidos a miembros del Gobierno, el juez Calama procesó a Pompeyo por terrorismo en su modalidad agravada. También, por un supuesto delito de fabricación de explosivos.
La Sala de lo Penal avala esta consideración, dado que "uno de los envíos se dirigió expresamente al presidente del Gobierno con su nombre y primer apellido". "De igual forma procedió en relación con la ministra de Defensa, a quien se le remitió el sobre con sustancia explosiva de manera nominativa", recuerda el tribunal. "Tales circunstancias permiten incardinar los hechos en el tipo agravado [del delito de terrorismo]", concluye.
"Aun cuando (...) corresponde al tribunal sentenciador, llegado el caso, determinar la existencia del hecho mismo, la autoría y la calificación del propio hecho, el relato expuesto en la resolución impugnada [el auto de procesamiento], con sustento en el material indiciario recopilado durante la instrucción, describe un escenario apto para ser provisoriamente calificado en la forma expuesta", finalizan los magistrados José Antonio de Mora Alarcón, Fernando Andreu y Teresa García.