La juez no da crédito a la denuncia por violación contra el hijo de Pumpido y le deja en libertad

En una resolución conocida por EL ESPAÑOL, la magistrada argumenta la innecesariedad de imponer medidas cautelares ni a Conde-Pumpido ni a los otros dos denunciados refiriéndose a la falta de credibilidad de la denunciante, de nacionalidad brasileña.

Conde-Pumpido Varela, hijo del actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha aportado al Juzgado los vídeos del lugar donde supuestamente se cometieron los hechos, que es su propia casa, donde tiene instalado un sistema de videovigilancia tanto exterior como interior. 

"De lo actuado hasta el momento se estima que no concurre una situación objetiva de riesgo para la denunciante" que justifique la adopción de medidas cautelares, afirma la juez.

Los vídeos "desvirtúan la denuncia"

"Ha de tenerse en cuenta que las imágenes aportadas por el investigado Conde-Pumpido Varela, obtenidas de las cámaras de seguridad instaladas en su domicilio, correspondientes a la madrugada del día 3 de noviembre desvirtúan la versión mantenida por A.", afirma en referencia a la denunciante.

En las grabaciones se ven las distintas dependencias de la vivienda durante toda la madrugada y primeras horas de la mañana y en ellas no aparece en ningún momento uno de los hombres denunciados "ni se visualiza tampoco ninguna situación similar a la descrita por la denunciante", indica.

"Por el contrario, se ve en dichas imágenes a la denunciante por distintas estancias de la casa -cocina, dormitorio, parte exterior de la casa- en compañía de Conde-Pumpido Varela unas veces y sola en otras ocasiones".

"Específicamenta", añade, "puede observarse a la denunciante y al denunciado en uno de los dormitorios durante varias horas, entrando y saliendo, bebiendo, etc., sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de hechos por ella mantenido".

Por ello, la juez, sin perjuicio del resultado de la investigación, rechaza la petición de medidas cautelares planteada por la fiscal, que se limitaban a una prohibición de acercamiento y comunicación con la mujer.

"No se estima que concurran los requisitos de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y ponderación exigidos para la adopción de una medida restrictiva de derechos fundamentales", señala la magistrada.