El vocal Álvaro Cuesta pide desconvocar el pleno del CGPJ para debatir la amnistía por ser "ilegal"

La convocatoria ha sido solicitada por ocho vocales propuestos por el PP que consideran que la amnistía anunciada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, supone una "degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España".

Para Cuesta, exdiputado del PSOE y propuesto vocal del CGPJ por los socialistas, la convocatoria del Pleno hecha por Guilarte es "improcedente e ilegal". Según el consejero, no se cumplen los requisitos legales para celebrar esa reunión y, además, "se interfiere en la autonomía del Parlamento y en las previsiones constitucionales sobre el debate de investidura del presidente del Gobierno, conduciendo al Consejo General del Poder Judicial a una desleal confrontación institucional con el presidente del Gobierno, los grupos parlamentarios y el Congreso de los Diputados".

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Cuesta considera el escrito propuesto por los ocho vocales un "panfleto político" en el que "se descalifica y ataca una eventual proposición de ley de amnistía aún no presentada ni registrada en el Congreso y los eventuales acuerdos políticos o decisiones parlamentarias sobre la posible investidura del presidente de Gobierno, calificándola de ilegal e inconstitucional".

"Según proponen los firmantes de la proclama", añade, el CGPJ, "de manera imprudente y arbitraria, debería negar la constitucionalidad de una proposición de ley de amnistía cuyos términos y alcance desconoce y considerar que violenta la independencia de los Tribunales y la seguridad jurídica, en una pretendida competencia y función de control de constitucionalidad y de conformidad con el Derecho de la Unión Europea de la que carece".

Para el vocal, se trata de "una muy grave irresponsabilidad" que podría "contribuir, fomentar, promover o incitar la crispación política, social o institucional, generando alarma social, ataques a las instituciones democráticas o desórdenes públicos, además de usurpar atribuciones de fiscalización que no le corresponden al CGPJ, interfiriendo además de forma grosera en el debate de investidura y, en su caso, condicionando la independencia y actividad de los Jueces y Tribunales".

Ajeno a las competencias

Álvaro Cuesta sostiene que la convocatoria prevista para mañana es contraria a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé que los plenos extraordinarios se celebren "para el ejercicio de alguna de las competencias" del órgano de gobierno de los jueces.

"Es evidente que la LOPJ no considera competencia del Pleno ni informar eventuales o desconocidas proposiciones de ley, ni pactos políticos, ni otras iniciativas legislativas o parlamentarias de los grupos parlamentarios, ni intenciones o programas de Gobierno o de investidura, ni aprobar proclamas o declaraciones políticas partidarias", señala.

Tampoco tiene competencias para pronunciase sobre proposiciones de ley, "salvo que así se lo haya pedido el Congreso de los Diputados".

De este modo, considera que el Consejo "no tiene título competencial" para "interferir" en la tramitación previa de una proposición, "ni puede atribuirse competencias o funciones de censor, guardián de las esencias, juzgador de la constitucionalidad o emisor de certificaciones previas de calidad de las iniciativas parlamentarias, de los Diputados o senadores y de sus grupos, antes de que se pronuncien las Cámaras o el propio Gobierno".

El CGPJ "no tiene el monopolio de la defensa del Estado de derecho ni puede convertirse en el poder preeminente frente al resto de poderes y órganos constitucionales", indica.

No asistirá

Cuesta pide a Guilarte que deje sin efecto la convocatoria del Pleno extraordinario y anuncia que, si no se hace sí, él no asistirá "a un Pleno que en conciencia considero contrario al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales de este órgano".

"No quiero ver mi nombre en la relación de asistentes. No seré yo quien contribuya a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes españolas en el año 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023 , colocando sus nombres al lado de decisiones que sin duda mancillan el nombre de este Consejo General del Poder Judicial, una vez que está fuera de órbita competencial y temporal, al haber expirado su mandato, aunque siga en funciones después de diez años".