El juez que investiga a Puigdemont dice que lo hace por delitos que la UE obliga a perseguir

En el auto dictado este lunes, el juez García-Castellón recuerda que las directivas de la Unión Europea obligan a España a perseguir los delitos de terrorismo. 

Al respecto, menciona la Directiva 2017/541 de la UE, según la cual los actos terroristas "representan uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros y en los que se fundamenta la Unión".

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De acuerdo con esta Directiva, añade el magistrado, "existe un compromiso por parte del Reino de España en la adopción de medidas efectivas para la persecución de los delitos de terrorismo", como los investigados en la causa del Tsunami.

El análisis de los hechos investigados hasta ahora, señala el juez de la Audiencia Nacional, "no permite excluir", en absoluto, que Tsunami Democràtic pudiera tener la consideración de "grupo terrorista".

Se trata de una "organización estructurada, jerarquizada y con vocación de
permanencia" cuya finalidad esencial era "subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".

El juez también ha citado a declarar como investigada a la secretaria general de ERC, Marta Rovira (que se encuentra huida de la Justicia en Suiza) y, como testigo, al coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, quien se habría reunido con Puigdemont en Ginebra, en un encuentro que habría servido para respaldar las actuaciones violentas que promovería el Tsunami.

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La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá el auto del juez García-Castellón por considerar que los hechos investigados no son constitutivos de un delito de terrorismo.

El magistrado de la Audiencia Nacional destaca que algunos de los graves disturbios promovidos por el Tsunami pueden constituir un "delito transnacional", como los cortes de la autovía AP-7 en la frontera con Francia.

Al respecto, el juez García-Castellón recuerda que el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, "visitó el lugar de los hechos, (...) y justificó la acción, afirmando que no habría cargas de los Mossos contra los manifestantes, pese al perjuicio económico que se estaba causando, la afectación a los derechos fundamentales de libertad deambulatoria y el riesgo potencial para la vida de las personas que esta acción supuso".

Efectivamente, en los cortes de tráfico en la Junquera (Gerona) la Policía francesa detuvo a 18 personas, y los Mossos, sólo a una. Estos altercados ocasionaron pérdidas por valor de 566.000 euros al sector del transporte y otros 130.000 euros por el impago de peajes, detalla el auto judicial.

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A la hora de valorar la existencia de un posible delito de terrorismo, el juez instructor recalca que las acciones más multitudinarias promovidas por el Tsunami pusieron en peligro infraestructuras básicas, como los aeropuertos.

El asalto al aeropuerto de El Prat (Barcelona), que tuvo lugar el 14 de octubre de 2019 tras conocerse la sentencia del Supremo sobre el 1-O, se saldó con 125 heridos, además de 47 policías que sufrieron distintas lesiones. El altercado provocó pérdidas económicas por importe de 2,2 millones de euros.

Pero aún más grave, indica el juez instructor, fue el llamamiento del Tsunami a cercar la torre de control de Barcelona-Gavà, para que no pudiera producirse el relevo de los controladores.

Si el Tsunami hubiera logrado este objetivo, dice el juez, "esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas".

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Por todo ello, el juez García-Castellón considera que los hechos investigados pueden constituir un delito de terrorismo recogido en el artículo 573 del Código Penal. El apartado 1.1 tipifica como terrorismo las acciones encaminadas a "subvertir el orden constitucional o a suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo".

Alternativamente, el juez instructor apunta que los hechos también podrían ser calificados como un delito de "delito de desórdenes públicos terroristas", de acuerdo con el artículo 573 bis apartado 4 del Código Penal.

El magistrado de la Audiencia Nacional reproduce en su auto varios mensajes del entonces jefe de gabinete de Carles Puigdemont en Waterloo, Josep Lluís Alay, que acreditarían que el expresidente de la Generalitat tuvo conocimiento previo de los altercados que iba a promover el Tsunami.

El juez también menciona varias reuniones a las que Puigdemont asistió en Ginebra (Suiza) entre el 28 y el 31 de agosto de 2023, que podrían haber servido para dar luz verde a la hoja de ruta del Tsunami.

Cumbre en Ginebra

La Guardia Civil pudo acceder al teléfono móvil de Alay después de que fuera detenido en 2020 como principal investigado del caso Volhov, por sus contactos con varios emisarios del Kremlim.

En el móvil de Alay estaban programas dos reuniones de Puigdemont en Ginebra el 28 de agosto de 2019: una con "MR" (siglas que corresponderían a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, señala el juez) y otra con "AO", que correspondería a Arnaldo Otegi.

Un mensaje enviado por Josep Alay a su mujer, pocas horas después, confirma que el segundo invitado era el dirigente de Bildu: "La reunión fue bastante bien, todo muy tranquilo y bien con el presidente, que le veo muy fuerte y decidido. Otegi, simpático como siempre y ya le he dado el libro tibetano a Gorka. Muy agradecido".

Tres días después, el 31 de agosto, Puigdemont presidió en Ginebra una cumbre de líderes independentistas, a la que asistieron el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, Marta Rovira (ERC), la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y la dirigente de JxCAT Elsa Artadi, así como representantes de Ómnium y la ANC.

El juez García-Castellón anticipa en su auto que "con el avance de la investigación debería valorarse" la citación de Quim Torra a declarar ante la Audiencia Nacional, por su participación en este encuentro.