Fiscalía apoya expulsar a su país a los 14 pakistaníes detenidos por su radicalización islamista

Así lo trasladan fuentes fiscales a EL ESPAÑOL. La investigación corrió a cargo de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional y del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, capitaneado por el juez de refuerzo Joaquín Gadea.

Las mismas fuentes revelan que todos los detenidos se encontraban en situación irregular en España. Tras analizar "la gravedad de los hechos que podían imputárseles", el Ministerio Fiscal ha optado por "la procedencia de la expulsión". Y así lo ha comunicado ya al juez Gadea.

Todos los extranjeros han sido trasladados a un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Madrid. Previsiblemente, serán expulsados de España en las próximas horas.

La investigación de la CGI comenzó en Barcelona, ciudad donde fueron detenidos grab parte de los catorce. No obstante, según la Policía fue avanzando en sus pesquisas, se extendió a otras regiones de Cataluña, a la Comunidad Valenciana, al País Vasco y a La Rioja.

Concretamente, las detenciones se han producido en Barcelona, Valencia, Guipúzcoa, Vitoria, Logroño y Lérida. Sus identidades son las siguientes: Agafa W. B., Muhammad R., Afzal Mahmood G., Saqlain Ahmed K., Salman F., Ehtzaz A., Usman A., Tanveer A., Shoaib H., Muhammad M., Syed B., Taimoor A. Adeel A. y Basat A.

Todos ellos tendrían nexos con una organización religiosa de carácter radical, que difundía un ideario extremista.

La documentación de este caso, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, revela que han sido investigados por los supuestos delitos de adoctrinamiento, autoadoctrinamiento y por la difusión en Internet de contenido que incitaba a la violencia.

El cabecilla del grupo pertenecía al movimiento político Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), un movimiento integrista, cuya principal característica es que incita a la gente a través de redes sociales a que cualquier persona que no respete a Mahoma sea decapitada.

"No existe obstáculo legal para que la decisión gubernativa de expulsión de los afectados se ejecute en vía administrativa", señala la Fiscalía de la Audiencia Nacional en un informe enviado al juez Gadea, fechado este mismo miércoles.

Ésta es la quinta operación contra el islamismo radical en la última semana y media, desde que el Ministerio del Interior decidió reforzar la alerta antiterrorista debido a las posibles repercusiones de la guerra entre Israel y Hamás, y tras los ataques perpetrados en Francia y Bruselas en los que fueron asesinadas varias personas.