Todas las asociaciones judiciales y fiscales ven inaceptable investigar la actuación judicial

"Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al 'lawfare o judicialización de la política' y sus consecuencias", afirman.

"El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", señalan.

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Para las asociaciones, ello podría suponer, en la práctica, "someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".

Las organizaciones judiciales recuerdan que "los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución" y consideran que las expresiones plasmadas en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, "en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables".

"El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", subrayan.

Los fiscales, también en contra

La Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera fiscal, también ha dado a conocer un comunicado en el que muestra "su más firme oposición a esta medida, un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio a nuestro Estado de derecho".

"Es inadmisible la utilización del término 'guerra judicial' (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente".

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales ha manifestado también su "absoluto rechazo respecto de las referencias al lawfare o judicialización de la política contenidas en el documento suscrito entre PSOE y Junts con objeto de la investidura".

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"Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes", ha señalado de la UPF.

"Los jueces y tribunales están únicamente sometidos al imperio de la ley y sus resoluciones tan solo deben ser revisables por medio de los recursos jurisdiccionales legalmente previstos, sin que quepa supervisión alguna por ningún otro poder del Estado".

Por su parte, Salvador Viada, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha manifestado que "hacer comisiones de investigación para investigar a las personas que hayan llevado esos procesos contra el independentismo catalán nos parece consecuente con la idea de que había una ilegitimidad por parte del Estado al perseguir esos delitos. Pero es que el Poder Judicial actuó como tenía que actuar y los fiscales actuaron como tenían que actuar".

Los abogados del Estado han emitido un comunicado a última hora de la noche del jueves para defender "la democracia en España" que, recuerdan, "tiene su único fundamento en el absoluto respeto a nuestra Constitución".

Los abogados se posicionan

En ese documento rechazan: "Los acuerdos de investidura, la concesión de la amnistía a personas condenadas con las máximas garantías procesales y jurídicas, la celebración de un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña y la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda que Cataluña mantiene con el Estado". Además, muestran su "apoyo a todos los servidores públicos que, con lealtad y honestidad, defendieron nuestro Estado de Derecho ante la inadmisible agresión de los partidos separatistas en 2017" y reiteran su "lealtad inquebrantable a la Constitución".

Por otra parte, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en sesión extraordinaria, ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en defensa del Estado de Derecho tras el documento suscrito por el PSOE y Junts.

En ese documento se defiende la "legalidad constitucional", la "separación de poderes", se critica el empleo del término lawfare señalando que "no tiene cabida en un Estado democrático", se pone en valor "la sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial" y se destaca la supremacía de "la Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea".