La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ) ha solicitado a la Audiencia Nacional que envíe el caso Tsunami Democràtic al Tribunal Supremo (TS), al afectar al actual eurodiputado y expresidente de Cataluña Carles Puigdemont.
"El TS, invariablemente, al menos desde (…) 1990, ha venido afirmando su competencia para conocer de las causas penales incoadas contra miembros nacionales del Parlamento Europeo", indica la asociación en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Dignidad y Justicia ejerce la acusación popular en esta causa, en la que el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga los disturbios violentos organizados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic en protesta contra la condena a los líderes del procés.
Se trata de acciones como el colapso del Aeropuerto de El Prat, el intento de asalto del madrileño Aeropuerto de Barajas, cortes de carreteras o el boicot a un partido de fútbol.
Recientemente, el magistrado imputó a Puigdemont por el supuesto delito de terrorismo. Ahora, Dignidad y Justicia solicita a García-Castellón que deje esta causa en manos de la Sala Segunda del Supremo.
Otro de los motivos que esgrime Dignidad y Justicia para formular su petición es que los hechos investigados afectaron a varias comunidades autónomas. Y que también figura como investigado Rubén Wagensberg, actual diputado en el Parlament catalán por el partido ERC.
"De las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento (...), las acciones ejecutadas por parte de Tsunami Democràtic traspasaron el ámbito propio de la comunidad autónoma de Cataluña, para extenderse a otra comunidad, como fue Madrid, con el intento de bloqueo del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas", expone DyJ.
"Pero, además, se le dio un carácter trasnacional al desplegar sus acciones delictivas contra infraestructuras críticas terrestres, como fue el bloqueo del paso fronterizo de la Junquera, con el corte de la AP-7, una de las principales líneas de comunicación terrestre entre España y Francia, produciendo sus efectos delictivos en ambos países", añade, tras citar jurisprudencia del Supremo en ese sentido.
Por ello, Dignidad y Justicia cree que la competencia para seguir investigando estos hechos es del Alto Tribunal, ya que el Estatuto de Autonomía de Cataluña dispone que los diputados autonómicos, como es el caso de Wagensberg, están aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "Fuera del territorio de Cataluña, la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", expone dicho texto.
En el llamado caso Tsunami Democràtic también figuran como investigados otros relevantes nombres de la esfera independentista. Se trata de varios empresarios, un periodista y otros políticos, como la secretaria de Esquerra Republicana de Catalunya Marta Rovira, fugada en Suiza. Ninguno de ellos está aforado actualmente, ni ante el TSJ de Cataluña ni ante el Tribunal Supremo.
Ahora bien, tal y como relata la asociación de víctimas en su escrito, la doctrina del TS obliga a que el Supremo también asuma la causa contra ellos siempre que "aprecie una conexión material inescindible con los [hechos] investigados [atribuidos] a las personas aforadas".
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en una imagen de 2019.
De hecho, DyJ recalca la "necesidad" de un posible "enjuiciamiento conjunto", si esta causa llega a juicio. Algo improbable, por otra parte, si la futura Ley de Amnistía entra en vigor en los términos conocidos este lunes, ya que la norma, pactada por el PSOE con Puigdemont y el resto de sus socios independentistas, podría favorecer a los imputados en el caso Tsunami.
La futura ley veta la aplicación de este perdón sólo a los delitos de terrorismo sobre los que pese una sentencia firme. No se da dicha condición en esta causa judicial, que aún no ha llegado a juicio, por lo que no cuenta, muchos menos aún, con un fallo condenatorio.