El instructor de 'Tsunami' presentará una cuestión prejudicial al TJUE cuando la amnistía entre en vigor

En el caso Tsunami, el magistrado investiga las actividades violentas alentadas por los radicales de esta plataforma independentista que, entre otras acciones, colapsó el aeropuerto de El Prat en octubre de 2019 como protesta contra la condena a los líderes del procés.

Cuando entre en vigor la futura Ley de Amnistía —cuyo articulado, a falta de negociar las enmiendas, se ha conocido este lunes—, García-Castellón podrá dirigirse al TJUE y plantearle si dicha norma es compatible o no con el Derecho de la Unión Europea. Este proceso recibe el nombre de cuestión prejudicial.

[El juez rechaza apartarse del 'caso Tsunami' tras ser recusado por pronunciarse sobre la amnistía]

Por esa vía, se podría plantear al Tribunal una o varias preguntas concretas para constatar si la ley nacional contradice o no los pilares legislativos comunitarios. Y así lo hará el magistrado, avanzan a este periódico las citadas fuentes. Si el TJUE concluyera que la norma es contraria al Derecho de la Unión Europea, España tendría la obligación de reformarla, con el consiguiente revés para los promotores de la misma.

El artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea explica que un juez, "si estima necesaria una decisión al respecto [por parte del TJUE] para poder emitir su fallo", puede solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la compatibilidad de una norma o decisión con el Derecho comunitario.

Por su parte, el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que, en dichos casos, el juez suspenderá el procedimiento a la espera de respuesta. "A continuación, el secretario del Tribunal de Justicia notificará tal decisión a las partes litigantes, a los Estados miembros y a la Comisión, así como a la institución, órgano u organismo de la Unión que haya adoptado el acto cuya validez o interpretación se cuestiona", añade. En el plazo de los dos meses siguientes, todas las partes podrán presentar alegaciones por escrito. 

Amnistía a Tsunami y CDR

Uno de los aspectos más delicados de la proposición de ley presentada este lunes por el PSOE contempla amnistiar los actos de terrorismo vinculados al procés siempre que no existe una sentencia firme al respecto y que no hayan causado muertes. Y como el caso Tsunami Democràtic no ha sido juzgado, no hay ningún fallo judicial; menos aún, firme.

Sucede algo similar con el caso de los 12 miembros de los CDR a los que García-Castellón procesó por los supuestos delitos de fabricación y tenencia de explosivos y por pertenencia a organización terrorista. Aunque rozan el banquillo, tampoco han sido juzgados por la Audiencia Nacional. Por ello, la futura Ley de Amnistía también abre la puerta a amnistiar a estos doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Hace una semana, el juez García-Castellón imputó al expresidente catalán Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic. Hizo lo mismo con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y con otra decena de figuras independentistas, pertenecientes al ámbito de la empresa, la política y los medios de comunicación.

El magistrado considera que todos ellos hicieron gestiones en la sombra tendentes a favorecer el proyecto de Tsunami. De hecho, en base a un informe de la Guardia Civil, situó a Marta Rovira en las labores de "coordinación" de la plataforma independentista, así como nexo entre ésta y Esquerra Republicana.

Marta Rovira (ERC) y Puigdemont, este martes en Bruselas. E.E.

Sin embargo, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto al criterio del juez al considerar que los actos atribuidos a Puigdemont y a Rovira no constituyen terrorismo y que Tsunami, lejos de la condición "organizada" y jerarquizada que le atribuye el juez, no era sino una plataforma "coral" y descabezada.

Ya en el auto en el que imputaba al expresident catalán, García-Castellón subrayaba que lo hacía porque la Unión Europea considera el terrorismo como uno de los delitos más grave contra el Estado de Derecho y obliga a sus Estados miembros a perseguirlo.