La Audiencia imita al TS y se opone a la "fiscalización política" de la Justicia que pactaron el PSOE y Junts

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha suscrito el manifiesto de su homóloga en el Tribunal Supremo para oponerse también a la "fiscalización" política de la labor judicial.

Ambos comunicados llegan después del acuerdo firmado entre PSOE y JxCAT para garantizar la investidura de Pedro Sánchez y que contempla la creación de comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados que aborden los casos de lawfare.

¿Qué es el lawfare? Se emplea este término anglosajón para nombrar a las causas judiciales mendaces, a la politización de la Justicia para boicotear las aspiraciones de una persona o de un partido. Por ejemplo, Podemos y los líderes independentistas catalanes se quejan habitualmente de haberlo sufrido en sus propias carnes en varios procedimientos judiciales.

A la declaración institucional de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, sin embargo, se ha opuesto José Pablo Aramendi Sánchez, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

En la reunión de este miércoles, este magistrado ha manifestado que la Sala de Gobierno no debería firmar este pronunciamiento, ya que, de momento, no existen "hechos o actuaciones concretas que hayan violentado efectivamente la independencia de jueces y tribunales".

Ha considerado también "no oportuno" que dicho manifiesto se haga público este miércoles, cuando se celebra la primera jornada de la investidura de Pedro Sánchez. No obstante, el acuerdo ha sido aceptado por la mayoría compuesta por los magistrados: José Ramón Navarro, Eduardo Menéndez Rexach, Manuel Fernández-Lomana García, Ana Isabel Martín Valero, Ana María Sangüesa Cabezudo, María Jesús Fraile Martín.

En sintonía con el manifiesto suscrito por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional ha suscrito el siguiente comunicado:

1.- Recuerda que el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes.

2.- Afirma que el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley.

3.- Enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones. Ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado.

Las referencias al lawfare en el acuerdo suscrito entre el PSOE y el partido de Carles Puigdemont han soliviantado al mundo judicial.

Su párrafo más polémico reza así: "En las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Ya se han pronunciado criticándolo los jueces decanos de más de 80 partidos judiciales, todas las asociaciones de jueces de España (la Asociación Profesional para la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la considerada progresista Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y las de fiscales. También, los presidentes de las Audiencias Provinciales y varias Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

Este lunes, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo —es decir, del máximo órgano judicial español— se oponía también a la "fiscalización de la labor jurisdiccional por parte de otro de los poderes del Estado".