García-Castellón pide a los Mossos datos del turista fallecido por infarto tras el asalto de Tsunami a El Prat

Así consta en una resolución, fechada este martes, que avanza EL ESPAÑOL. En ella, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ordena a la Policía autonómica catalana que le envíe "todos los atestados instruidos con motivo de los incidentes" ocurridos en el aeródromo barcelonés. Especialmente, la información vinculada a este suceso concreto.

En efecto, el 14 de octubre de 2019, cuando se produjo el asalto a El Prat convocado por Tsunami, un turista francés de 65 años falleció. Según los servicios médicos, sufría problemas de corazón. Y tuvo que andar cuatro kilómetros por culpa del bloqueo del aeropuerto provocado por los radicales independentistas. Acabó muriendo.

Protesta convocada por Tsunami Democràtic en el Aeropuerto de El Prat en 2019. Efe

Hace poco más de una semana, el juez García-Castellón citó como investigados a, entre otros, el expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Apoyado en un informe de la Guardia Civil, el magistrado les situó como parte activa en las gestiones en la sombra que se realizaron para lanzar el proyecto de Tsunami Democràtic y de conseguirle apoyos políticos.

Por ello, ambos políticos independentistas están imputados por supuestos delitos de terrorismo, que es como García-Castellón considera a los actos violentos orquestados por la plataforma independentista. Además de la toma de El Prat, Tsunami fomentó cortes de carreteras, boicots a eventos deportivos, compartía consignas, se organizó a través de una app... Sin embargo, tal y como avanzó este diario, la Fiscalía de la Audiencia Nacional discrepa frontalmente del criterio del juez y considera que la organización radical era poco más allá de una cuenta de Twitter, tenía una estructura "coral" y "no estaba organizada".

Muerte en El Prat

En la resolución en la que citaba como investigados a Rovira y a Puigdemont, el instructor de esta causa judicial, de hecho, recordaba la muerte de este viajero galo. Y ya avanzaba que indagaría en cómo se produjo y en quiénes fueron (si los hay) sus responsables.

"La investigación deberá determinar la relación entre el fallecimiento de la persona referida y la acción expuesta [el colapso de El Prat], debiendo concretarse si esta muerte recogida en los medios de comunicación resulta objetivamente imputable a los responsables de la organización", manifestó el juez el pasado día 6 de noviembre.

Ahora bien, fue, precisamente, la imputación de Puigdemont lo que bloqueó las negociaciones que, por entonces, mantenían el PSOE y JxCAT para amarrar la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, dicha decisión judicial motivó que la futura Ley de Amnistía, que perdonará los delitos vinculados al procés catalán, vaya a incluir, sin mencionarlos, a los investigados en el caso Tsunami.

La norma, una vez entre en vigor, amnistiará a los investigados por terrorismo, siempre y cuando no exista una sentencia firme. Ése es el caso de los políticos independentistas imputados en esta causa judicial, que aún no ha sido siquiera juzgada. Por ello, no existe ningún fallo —menos aún, firme— en su contra. Por tanto, los implicados en el caso Tsunami y los 12 CDR procesados por terrorismo y fabricación de explosivos serán amnistiados.

Marta Rovira (ERC) y Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. E.E.

Ahora bien, la proposición de ley acordada por PSOE y Junts para amnistiar al procés no se aplicará sobre aquellos actos que hayan provocado lesiones graves, deformidades... o una muerte. Por el momento, el juez pretende investigar las posibles conexiones entre los disturbios orquestados por Tsunami y dicho fallecimiento.

Por otro lado, tal y como avanza en exclusiva EL ESPAÑOL, el magistrado Manuel García-Castellón presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Es decir, consultará al TJUE sus dudas acerca de la posible vulneración, por parte de la Ley de Amnistía, del Derecho comunitario.

Asimismo, García-Castellón ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras las declaraciones de Tontxu Rodríguez, mano derecha de la ministra de Justicia Pilar Llop, acusándole de haber interferido deliberadamente, con su decisión de imputar a Puigdemont, en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.