El CGPJ pide explicaciones al número 2 de Justicia y a la portavoz del Govern por atacar a García-Castellón

Rodríguez y Plaja consideraron que García-Castellón había tomado esa decisión en ese momento para interferir en las negociaciones del PSOE con ERC y Junts per Catalunya para la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La portavoz del Govern fue, incluso, más allá y habló de prevaricación.

En concreto, el secretario de Estado de Justicia dijo en una entrevista radiofónica que "yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...».

[Sánchez no defiende a los jueces de las acusaciones de 'lawfare' de Rufián]

Plaja, por su parte, manifestó que «aquellos a quien les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando».

Ayer, durante el debate de investidura, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, citó expresamente a García-Castellón como un juez que practica la 'lawfare' [utilización de los procedimientos judiciales para perseguir al adversario político]. 

Esta alusión está, de momento, fuera del acuerdo del CGPJ, que responde a un escrito que el magistrado dirigió el pasado lunes al órgano de gobierno de los jueces poniendo de manifiesto que las afirmaciones de Rodríguez y Plaja tenían "intención de influir en el procedimiento judicial" que tramita sobre Tsunami Democràtic, así como "inquietarle o perturbarle en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales". 

El acuerdo de la Comisión Permanente señala que ya en reiteradas ocasiones el CGPJ ha afirmado que la concesión del amparo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene como fundamento la concurrencia de circunstancias y presupuestos que, analizados desde un punto de vista objetivo, alcancen virtualidad suficiente como para lograr la perturbación de la independencia judicial.

En este caso, añade la Comisón Permanente, “del relato de hechos reflejado en la solicitud de amparo efectuada, puede considerarse 'ab initio' [en principio] que existe fundamento suficiente para admitir a trámite la petición”, por lo que acuerda admitirla y da un plazo de diez días al secretario de Estado de Justicia y a la portavoz de la Generalitat para que efectúen las alegaciones que estimen pertinentes. El asunto se someterá entonces de nuevo a la Comisión Permanente para la adopción de una resolución definitiva.

El presidente del CGPJ en funciones, Vicente Guilarte, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart han votado a favor del acuerdo.

Las vocales Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda han votado en contra. La primera ha explicado que, en su opinión, en este caso no concurren los requisitos para la admisión a trámite de la petición de amparo, en particular que las actuaciones de terceros referidas por el magistrado no solo lesionen el valor de la independencia judicial, sino que además influyan en el proceso de toma de decisiones judiciales.

No obstante, ha propuesto que la Comisión Permanente adoptara una declaración en la que se pusiera de manifiesto que las declaraciones puestas en conocimiento del CGPJ por García-Castellón “resultan inadmisibles y han de calificarse en los términos justos que se merecen: un exceso no justificado de crítica de las decisiones judiciales que cuando proceden de responsables públicos y políticos adquieren perfiles de especial gravedad”.