Detención de uno de los miembros de los CDR en septiembre de 2019.
El fiscal que exonera en 'Tsunami' a Puigdemont sí pedirá las máximas penas por terrorismo a los CDR
Miguel Ángel Carballo presentará su escrito de acusación la próxima semana, una vez sea visado por el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso.
16 noviembre, 2023 03:41La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá las máximas penas para los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de constituir una organización terrorista y de fabricar explosivos.
Así lo confirman las fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL, que también desvelan que el fiscal de este caso, Miguel Ángel Carballo, presentará su escrito de acusación la próxima semana. Ahora bien, es probable que los CDR acaben beneficiados por la Ley de Amnistía, una vez entre en vigor.
Carballo es el mismo fiscal que, recientemente, se opuso a la decisión del juez de imputar a Carles Puigdemont —también por supuestos delitos de terrorismo— en otra causa judicial, en el llamado caso Tsunami Democràtic.
Ahora bien, una vez firme su escrito de acusación contra los CDR, el documento deberá ser elevado y revisado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Si este superior está de acuerdo, lo visará sin introducir cambios en la calificación y en la consiguiente petición de penas. De no ser así, el texto sí podría sufrir alguna alteración.
Por el momento, el fiscal Miguel Ángel Carballo planea pedir las máximas penas por los delitos por los que están procesados estos independentistas radicales: pertenencia a organización terrorista, tenencia/fabricación de explosivos y tentativa de estragos. Según marca el Código Penal, en total, las máximas penas por estos delitos superarían los 35 años de prisión.
Los 12 miembros de los CDR son los siguientes: Eduardo Garzón Bravo, Esther García Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva Rocabruna, Germinal Tomás Abueso, Alexis Codina Barberán, Jordi Ros Solá, Rafael Joaquín Delgado López, Ferrán Jolis Guardiola, Xavier Buigas Llobet, David Budria Altadill y Clara Borrero Espejo. Todos ellos fueron detenidos en el marco de la Operación Judas, capitaneada por la Guardia Civil.
El pasado 2 de noviembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el fin de esta investigación judicial (denominada procedimiento de sumario, debido a la gravedad de los delitos investigados).
El caso había corrido a cargo del juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Se trata del mismo magistrado que, en el caso Tsunami Democràtic, cuya investigación aún continúa, imputó al expresident catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. En este caso, Carballo no aprecia delitos de terrorismo.
Laboratorio de explosivos
Según la investigación contra los CDR, todos los procesados constituirían un Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una suerte de "célula radical" —en palabras del juez— encuadrada en el seno de los Comités de Defensa de la República.
Este ERT tendría como objetivo el de utilizar todos los métodos a su alcance, incluido la violencia, para lograr su objetivo principal: la independencia de Cataluña.
De hecho, las vigilancias de la Guardia Civil dieron con un laboratorio de explosivos al que acudían varios de los procesados. En él, encontraron sustancias químicas con las que podrían fabricarse artefactos inflamables.
Imágenes del laboratorio de explosivos de los CDR, provenientes de un informe de la Guardia Civil.
De acuerdo con lo relatado por el Instituto armado en un informe, avanzado por EL ESPAÑOL, todos los ahora procesados cumplían "una labor fundamental" en la "planificación del asalto y ocupación" del Parlament de Cataluña. Allí pretendían, entre otras cosas, encerrarse con el ya expresidente catalán Quim Torra, sucesor de Puigdemont, como respuesta a la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del procés.
Ley de Amnistía
Pese a todo ello, es muy posible que la futura Ley de Amnistía —pactada entre el PSOE y los partidos independentistas y cuyo articulado, a falta de enmiendas, se conoció este lunes— beneficie a estos CDR.
En su apartado denominado Exclusiones, la proposición de ley recoge "los actos tipificados como delitos de terrorismo". Es decir, el terrorismo no sería amnistiado, con una excepción. La norma, a renglón seguido, introduce un matiz: "Siempre y cuando haya recaído sentencia firme".
Como este caso todavía no ha sido siquiera juzgado, no existe ningún fallo; menos aún, firme. Por ello, la amnistía sí favorecería a los CDR, pese a que han sido investigados y procesados por delitos de terrorismo.
Este mismo párrafo también abre la puerta a que la amnistía al procés ampare a Puigdemont, Rovira y el resto de líderes independentistas investigados en el caso Tsunami. Esta causa judicial sigue en instrucción, menos avanzada que la de los CDR, por lo que tampoco existe sentencia alguna.
