El fiscal general rechaza salir al paso de la acusación de 'lawfare' pese al clamor en la carrera

Este mensaje se produce después de que la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales hayan mostrado su "absoluto rechazo" a las comisiones parlamentarias de investigación sobre la 'lawfare' [utilización de los procedimientos judiciales para la persecución de adversarios políticos] incluidas en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts per Catalunya.

La mayoritaria Asociación de Fiscales, además, pidió el pasado sábado la dimisión de García Ortiz por su "pasividad en la defensa del Estado de derecho".

[La Asociación de Fiscales premia al juez del 'procés' Pablo Llarena y pide la dimisión del fiscal general]

La carta del fiscal general se produce también después de que los cuatro fiscales de Sala encargados de la causa del 'procés' catalán en el Tribunal Supremo enviaran a García Ortiz un escrito en el que le piden que, tras oír al Consejo Fiscal, "se pronuncie públicamente en defensa de la institución y de la imparcialidad de la actuación jurisdiccional de los miembros del Ministerio Público en estos procesos". 

Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno sostienen que los términos del acuerdo entre PSOE y Junts genera "una especial preocupación" ya que "anula el principio de separación de poderes" y "cercena de raíz la independencia judicial".

Recuerdan, a este respecto, que "la revisión de las decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado, en este caso el legislativo, no es admisible en un Estado democrático de derecho" y que iniciativas de ese tenor "claramente muestran el intento de establecer un control político sobre el Poder Judicial".

También señalan que su actuación y la de los demás fiscales que intervienen en causas sobre el 'procés' "se ha sujetado estrictamente a los principios de legalidad y de imparcialidad, conforme al principio de unidad de actuación, y con el conocimiento y beneplácito de la Fiscalía General".

Por ello, creen que "el solo hecho de que se arroje la sospecha sobre los fiscales de una actuación ilegal, admitiendo que se podría calificar el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias como injusto, desproporcionado y guiado por motivos políticos, solo puede entenderse como un ataque a la institución, que debe ser objeto de respuesta inmediata por el fiscal general".

También indican que "no entendemos posible dilatar la declaración del fiscal general bajo el argumento de que no está aún publicada la ley de amnistía", como manifestó García Ortiz el pasado sábado durante la clausura del congreso de la AF. "Lo que se solicita es el pronunciamiento sobre el texto de un acuerdo que ya existe y ha sido publicado", señalan los fiscales del 'procés'.

Esperar a la norma definitiva

No obstante, en su carta de respuesta, enviada a toda la carrera, el fiscal general insiste en que "cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Cataluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado".

"El posicionamiento -en todo caso técnico-jurídico- de la Fiscalía española se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención", señala.

El fiscal general "ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados", añade. Y debe "respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado".

También indica que él mismo es "la mejor garantía de nuestro quehacer diario y velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas".

Los vocales de la AF en el Consejo Fiscal solicitaron el martes un pleno extraordinario con el fin de aprobar una declaración institucional sobre la ley de amnistía, tal como ya han hecho otras instituciones como el Consejo General del Poder Judicial.

García Ortiz, que está en minoría en el Consejo Fiscal, aún no ha respondido a esta petición de convocatoria del único órgano de la carrera que, al menos parcialmente, es elegido democráticamente por los propios fiscales.