Félix Bolaños, ministro de Justicia y de la Presidencia

La fusión de Presidencia y Justicia es inédita. Pero no lo es, de facto, para Bolaños: él se ha ocupado de los asuntos políticamente más relevantes de Justicia, desde la renovación del Tribunal Constitucional a las reformas legislativas del TC y del Consejo General del Poder Judicial o las negociaciones para sustituir al órgano de gobierno de los jueces, en prórroga de mandato desde diciembre de 2018 y la 'espina' que el nuevo responsable de la cartera tiene clavada por no haber logrado pactar con el PP la renovación de la institución.

Currículo

Ministro de la Presidencia desde julio de 2021, Bolaños nació en Madrid el 17 de diciembre de 1975. Antes que ministro fue secretario general de la Presidencia del Gobierno entre 2018 y 2021. 

Bolaños es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. A los 24 años empezó a ejercer como abogado y cuatro años después estaba trabajando ya en uno de los bufetes más importantes del país, Uría Menéndez. En 2005 se incorporó al Banco de España como letrado, y durante una década, desde 2008 a 2018 fue jefe de su Asesoría Jurídica laboral y Documentación. También ha sido profesor en el Instituto de Empresa (IE Law School).

El nuevo biministro es militante del PSOE y en la actualidad ocupa la Secretaría para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos.

Posición en la amnistía

Sánchez ha situado al frente de Justicia a un ministro con un alto peso político, que no tenía la hasta ahora titular de la cartera, Pilar Llop. El mensaje es claro: el Gobierno considera importante gestionar tanto la controvertida ley de amnistía como los pactos con los independentistas y "tranquilizar" a jueces, fiscales y operadores jurídicos, colectivos que, de forma mayoritaria, consideran en peligro principios básicos del Estado de derecho como la separación de poderes, la exclusividad jurisdiccional de los jueces o la igualdad de todos ante la ley.

Sobre la amnistía, Bolaños ha manifestado: "Estamos más cerca de que el señor Puigdemont rinda cuentas ante la Justicia española". Como puntal del Gobierno, fue uno de los encargados de propalar que el PSOE era el partido que traería al expresidente de Cataluña para ponerlo ante los tribunales. Ahora lo traerán libre de cualquier imputación.

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Balance de su gestión 

Bolaños ha sido uno de los ministros más políticos de Sánchez y azote de la oposición. Sustituyó a la vicepresidenta Carmen Calvo al frente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Antes de ocupar la cartera fue el encargado de coordinar la exhumación y traslado de los restos de Franco y quiso estar presente en el acto, en octubre de 2019. Actuó de interlocutor del Gobierno con la familia del dictador. También fue el encargado de diseñar el armazón del gobierno de coalición con Podemos. Y junto a Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia, participó en la redacción de los indultos a los nueve líderes independentistas que concedió el Gobierno en 2021.

Su espina clavada es la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, al no ponerse de acuerdo en la forma de elegir a sus miembros.

Junto a Margarita Robles, coordinó con éxito las labores de evacuación de los españoles de Afganistán y de los colaboradores afganos y sus familias, cuando el país pasó al dominio de los talibanes.

Retos de su Ministerio

Bolaños ha trabado durante los últimos años buenas relaciones en el mundo jurídico y conoce bien sus singularidades. "Va a ser muy ministro de Justicia, no va a dejar que los asuntos de San Bernardo [donde está ubicado el Ministerio] vayan solos", señalan fuentes socialistas.

Tendrá que compatibilizar, así, la relación con las Cortes, el desarrollo de los acuerdos con los independentistas, la aplicación de la ley de amnistía y el atascado asunto del CGPJ, en el que intentará, por enésima vez, cerrar un pacto con el Partido Popular antes de volver a plantear la rebaja de las mayorías parlamentarias necesarias para elegir a los vocales. La presión de las instituciones europeas ya hizo retirar una proposición de ley en ese sentido en abril de 2022.