El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha solicitado al Tribunal Supremo que asuma la investigación contra Carles Puigdemont por el caso Tsunami Democràtic.
Así consta en una reciente resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Dicha opción fue solicitada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, personada como acusación popular en esta causa, en la que García-Castellón investiga los disturbios violentos provocados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic, como el asalto al Aeropuerto de El Prat en octubre de 2019 o varios cortes de carreteras.
Tal y como informó EL ESPAÑOL, Dignidad y Justicia solicitó al magistrado que enviase dicha investigación al Supremo debido a que, actualmente, Puigdemont es eurodiputado. En esta causa, el expresident catalán, fugado de la Justicia española, está siendo investigado por delitos de terrorismo.
García-Castellón, en su exposición razonada ya remitida al Supremo, expone que, "para el esclarecimiento de los hechos, es necesaria la práctica de diligencias de investigación" que no él puede realizar, al estar aforado Puigdemont, por lo que le corresponden al Alto Tribunal.
En dicha causa también figura como investigada Marta Rovira, la secretaria general de ERC, y el diputado del Parlament de Cataluña Rubén Wagensberg.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en una imagen de 2019.
Según señalaba Dignidad y Justicia en su petición, "el Tribunal Supremo, invariablemente, al menos desde 1990, ha venido afirmando su competencia para conocer de las causas penales incoadas contra miembros nacionales del Parlamento Europeo".
Además, el Estatuto de Autonomía de Cataluña dispone que los diputados autonómicos, como es el caso de Wagensberg, están aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "Fuera del territorio de Cataluña, la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", expone dicho texto.
"Posición de autoridad"
Por todo ello, García-Castellón ha optado por enviar una exposición razonada al Supremo, pidiendo que el máximo órgano judicial español asuma esta investigación. El escrito del magistrado dirigido al Alto Tribunal señala que Carles Puigdemont se situaría en el "vértice más alto" de la organización de Tsunami Democràtic y añade que su posición como expresidente de Cataluña y líder desde Bruselas del independentismo le confiere "una posición de autoridad incuestionable".
Entre los indicios que García-Castellón cita para llegar a dicha conclusión, se incluye un apunte en las agendas de Puigdemont, relativo a la creación de la plataforma independentista y que fue desvelado por EL ESPAÑOL. También, decenas de mensajes encontrados en el teléfono móvil de su exjefe de gabinete, Josep Lluís Alay, también investigado en dicha causa.
En su escrito, García-Castellón destaca la "importancia estratégica" del asalto a El Prat, organizado por Tsunami Democràtic para protestar contra la condena del Supremo a los líderes del procés. El juez subraya, a su vez, "las graves consecuencias que pudiera haber tenido para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional el éxito de la acción pretendida".
"Si Tsunami hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas", añade.
El juez instructor del 'caso Tsunami', Manuel García-Castellón.
"No sólo se causaron daños en las personas, sino que, además, se ocasionaron importantes perjuicios económicos que la instrucción deberá concretar si resultan objetivamente imputables a los responsables de la organización", advierte, tras recordar que durante el colapso de El Prat murió un viajero francés de un infarto, tras tener que andar cuatro kilómetros.
¿Terrorismo?
Pese a la oposición de Fiscalía, que discrepa frontalmente del criterio del juez, García-Castellón sostiene que "la gravedad de los hechos y su complejidad" permiten calificarlos como "actos de terrorismo".
El juez también alude a los informes que ha solicitado a los Mossos d'Esquadra y que revelan el uso de artefactos, sustancias y armas en la acción de bloqueo del aeropuerto por parte de los manifestantes. "Así, se habla del empleo de piedras de gran tamaño provenientes de arrancar el mármol y el granito del suelo y presentaban aristas cortantes; hierros de dos metros de largo proveniente del vallado del edificio; vidrios provenientes del rompimiento de las estructuras del edificio; pirotecnia de gran potencia, extintores vacíos, carros portamaletas, maderas, cristales, vallas, palés, piezas metálicas, etc. Se habla también de una suerte de proyectil con el que se lanzaron piezas metálicas, una especie de tirachinas con el que un agente habría resultado lesionado", expone.
Por otro lado, este martes, el presidente en funciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Félix Alfonso Guevara, ha requerido a Manuel García-Castellón el escrito en el que otro de los investigados en la causa de Tsunami, Oleguer Serra, le solicitaba que se apartara de esta causa y que el instructor inadmitió el pasado 15 de noviembre.
La defensa de Serra solicitó a la Sala de lo Penal dicha decisión, al ser "la competente para resolver los incidentes de abstención y recusación de los magistrados-jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional".