La autoridad tiene mala prensa. Está, de hecho, en crisis. Pero esto no es necesariamente malo. Y no es, desde luego, novedoso. Se supone que Platón, en el siglo V a. C., ya criticó que los jóvenes "despreciasen la autoridad" y "tiranizasen a sus maestros". A Sócrates se le atribuye una queja similar: "No respetan a sus mayores, desobedecen a sus padres, ignoran las leyes, su moralidad decae".
Se desconoce si, realmente, alguno de los dos filósofos pronunció realmente estas palabras. Quizá nunca lo hicieran, como sospechan muchos expertos. La posverdad, como ven, tampoco es algo del todo nuevo. Lo que probablemente sí sea una novedad propia de nuestros días es que hoy exista el mayor número de ámbitos en los que la autoridad esté en jaque: la Justicia, la ciencia, los medios de comunicación tradicionales, el decoro parlamentario y otros muchos aspectos de lo que, hasta ahora, considerábamos consensos sociales y políticos...
E, incluso, es probable que sea ésta la época en la que la sociedad ha encontrado más sustitutos para todos ellos. La justicia tuitera, el jarabe democrático y la cultura de la cancelación como suplentes de las sentencias judiciales; la emoción, por la razón; los tuiteros, por los periodistas; las redes sociales y sus algoritmos, por los periódicos, la gente, los de abajo y demás verborrea populista, por la representatividad política; el Bitcoin, por los depósitos bancarios...
La autoridad también está en jaque en la que, según la RAE, es su quinta acepción: la autoridad como "solemnidad, aparato". Y toda esta situación, especialmente, la sufren los jueces, cuya auctoritas, y hasta su potestas, es puesta en duda por Legislativos y Ejecutivos a lo largo y ancho de Occidente. España no es una excepción.
Fruto de "muchos meses entre el juzgado y la vida cotidiana", valga la redundancia, la magistrada Natalia Velilla (Madrid, 1973) ha analizado el porqué de este contexto. Su diagnóstico —y unos breves apuntes, que quizá sirvan de receta— toma forma de libro. Su título: La crisis de la autoridad (Arpa Editores).
Portada de 'La crisis de la autoridad'.
Aborda en su libro la pérdida de confianza en la autoridad. ¿Por qué ha sucedido este fenómeno en nuestras sociedades actuales?
No hay un único motivo. Y la autoridad, como digo en el libro, siempre ha estado en crisis, en un equilibrio inestable. Lo que sí es cierto es que, ahora que España es una democracia algo más antigua, empiezan a romperse las costuras de lo que era una estructura más jerárquica.
Con la llegada de la Democracia, por motivos varios —entre ellos, el propio funcionamiento de las instituciones—, se está empezando a degradar el concepto de autoridad.
También creo que hay una confusión entre autoridad y autoritarismo, fomentada por los relatos en la literatura el arte o el cine. Y esta confusión es el caldo de cultivo para cuestionar todo tipo de autoridad, cuando la autoridad es algo imprescindible para organizar la sociedad. En sí, no es mala, es necesaria. Pero debe ser legítima, sustentada por valores democráticos.
¿Es el Poder Judicial el poder cuya autoridad está más cuestionada? Es atacado por el Legislativo y el Ejecutivo. ¿Son ustedes, los jueces y magistrados, los más perjudicados?
Eso fue lo que más me empujó a escribir el libro. Yo soy magistrada, no politóloga ni socióloga. Y estuve en el departamento de comunicación de una asociación de jueces. Ahí me di cuenta, sobre todo, de que existe un cuestionamiento del Poder Judicial.
¿Somos los más perjudicados? No lo sé. Pero el cuestionamiento del Poder Judicial, concretamente, es lo peor para la Democracia. ¿Por qué? El Poder Judicial no puede defenderse de los ataques de terceros, pese a que es la tabla de salvación de los ciudadanos que buscan la garantía de sus derechos.
Esta crisis de la autoridad hace que la sociedad deje de confiar en los jueces y no tenga a quien recurrir. Hay partidos antisistema, ya en las instituciones, que atacan al Poder Judicial. Pero sustituirlo por cualquier otra cosa supone, siempre, cambiarlo por una alternativa de peor calidad: Justicia privada, linchamientos en redes sociales, escenarios en los que no haya una protección con garantías de los derechos de los ciudadanos... Quienes perdemos no sólo somos los jueces, en particular, sino todos los ciudadanos, la sociedad en su conjunto.
A los jueces se les exigen unos estudios. A los políticos, a los periodistas y a los líderes de opinión no...
El Poder Judicial es el único de los tres que está profesionalizado. El legislador constituyente lo quiso así. El juez aplica el Derecho de manera técnica, no deja de ser un técnico que aplica el Derecho para dirimir un conflicto en el que hay dos partes con posiciones enfrentadas.
Lo único que debería motivar a un juez es la aplicación del Derecho. Cualquier otro parámetro sería no cumplir con su función. Y eso creo que es lo que molesta a los que están en el poder: que el Poder Judicial sea incontrolable, por mucho que traten de controlarlo.
Hace días, el Supremo ha considerado que el nombramiento de [la exfiscal general del Estado y exministra de Justicia] Dolores Delgado como fiscal de Sala era una "desviación de poder" por parte del actual fiscal general del Estado [Álvaro García Ortiz]. Y lo ha revocado.
Pese a la elección por parte de los políticos de determinados magistrados de las cúpulas, sigue habiendo un Poder Judicial independiente que sigue controlando a los otros poderes. Y eso es lo que les molesta. A ellos [el Legislativo y el Ejecutivo] les gustaría más que todos sus actos no fuesen controlables [por el Judicial].
Les molesta que [los magistrados] sólo nos guiemos por motivos legales. El Ejecutivo y el Legislativo, por sus propias naturalezas, se guían por motivos políticos. El Judicial, sólo por la ley.
Esta crisis de autoridad de los jueces está perfectamente premeditada: a ningún Gobierno le gusta que el Poder Judicial le condene por un caso de corrupción gravísimo, que le deshagan un nombramiento o que le impidan aplicar un reglamento por inconstitucional...
El pacto firmado entre PSOE y Junts, pese a las matizaciones posteriores de los socialistas, contempla que hay lawfare en España y hasta plantea fiscalizarlo en comisiones de investigación en el Parlamento... ¿Es un ejemplo de este ataque destinado a minar la autoridad de los jueces?
Lo que aparece en ese pacto es el resultado de años y años en los que se lleva hablando de lawfare en España. La autoría intelectual se la atribuyo al partido que formó coalición con el PSOE en la anterior legislatura. Cada vez que condenaban a miembros de esta formación por delitos comunes, como lesiones o atentado a la autoridad, decían que "los jueces quieren acabar con Podemos". Ese discurso permanente lo que busca es la impunidad.
¿Existe una instrumentalización de la Justicia con objetivos políticos? Desde luego. Partidos políticos o asociaciones, como Abogados Cristianos, usan la Justicia para ir en contra de determinadas políticas legítimas, votadas por los ciudadanos. Los jueces no tenemos la culpa de eso. Es más, somos sufridores de esa instrumentalización. Tenemos que dedicar esfuerzo, tiempo y recursos a asuntos que acaban en nada.
Calificar de lawfare el juicio al procés... Fueron hechos manifiestamente contrarios al orden constitucional. Busca deslegitimar al Poder Judicial. Y que esta promesa aparezca firmada en un pacto entre Junts y el PSOE me parece que es vergonzoso.
Somos un país de la Unión Europea, dentro de las 19 democracias plenas del mundo... Y resulta que estamos reconociendo en un pacto que en España los jueces no se guían por motivaciones legales, sino políticas... Si esto no es lo que querían decir —porque luego lo fueron matizando—, lo deberían haber recogido de otra manera. Se ha comprado el discurso de que en España hay presos políticos y eso no es así. Lo que hubo fue persecución de conductas —no de ideas— concretas.
Aunque nos cueste admitirlo, en mi profesión hay garbanzos negros. Echo en falta que el Poder Judicial reconozca más habitualmente lo mismo: que hay jueces que no actúan como deberían y que algunos sí se guían por motivaciones distintas al Derecho, buscando notoriedad o guiándose por sus filias y fobias. El juez Alba fue condenado por conspirar contra Victoria Rosell...
Yo reconozco abiertamente que existen garbanzos negros en la Carrera judicial. No reconocerlo no te da ninguna credibilidad. Acomodaciones, indolencias, malas praxis judiciales... claro que existen.
En el caso que hablas, existió una persecución [a Rosell]. De hecho, lo ha dicho un tribunal. ¿Dónde está Alba? En la cárcel, por orden de un tribunal. Estamos hablando de una conducta desviada, de prevaricación.
El otro día condenaron al juez y al fiscal del caso Cursach [por coaccionar a investigados]. Somos 5.500 personas. ¿Existen jueces que se extralimitan? Desde luego. ¿Se les condena? Desde luego. ¿Se escapa alguno? Pues también, como en otras cuestiones. Pero creo que, con carácter general, se funciona bastante bien. Me da más miedo la indolencia, la falta de motivación, la falta de medios, los jueces funcionarios que no se meten en nada que los puntuales casos de jueces prevaricadores o los garbanzos negros.
Claro que existen, pero tenemos un sistema de contrapesos democráticos, con una Fiscalía que puede ir en contra del criterio del juez. Tenemos a los abogados, que recurren determinadas decisiones. Tenemos a Europa vigilando, un Tribunal Europeo de Derechos Humanos...
Decir que una mayoría de jueces se guían por motivaciones políticas es totalmente increíble, porque no es así. Y, cuando sucede, el sistema judicial actúa.
El ciudadano medio no siente que haya elegido a los jueces. E, indirectamente, sí lo hace. Por otro lado, hay quien prefiere "que los jueces elijan a los jueces".
Exacto, sí lo hacen, indirectamente. Su legitimidad viene de la Ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por la cual se nombran a esos jueces y que es semejante a la de todos los países de Europa.
Nuestro modelo de democracia quiere un juez independiente, algo que sólo puede dártelo un modelo objetivo de selección. Podemos discutir sobre el modelo: si debe ser más duro o menos duro, con más prácticas...
Podemos discutir también si el modelo de oposición es el único válido. Puede haber otros sistemas objetivos de selección. Pero, en cualquier caso, el que tenemos funciona, en el sentido de que quien accede a la Carrera judicial ha demostrado una serie de competencias.
Al final, la legitimidad de los jueces, que es la ley, también emana del pueblo. Hay gente que confunde democracia con partidos y con ir a votar. Y es mucho más. Los jueces no son elegidos en elecciones, pero sí que son democráticos. Entre otras cosas, porque existe un sistema de contrapesos, hay formas de fiscalizar al Poder Judicial. Entre otras, la LOPJ. Y ojo, porque puedes atenazar al Poder Judicial no dándole medios.
Si entra en vigor la Ley de Amnistía, ¿estaríamos ante otro ejemplo de actuaciones del Legislativo para minar la autoridades de los jueces?
No me gusta hablar en esos términos. No soy una experta constitucionalista como para analizar la proposición de ley. Y no sabemos cuál será el texto definitivo.
El legislador está legitimado para dictar las leyes que considere. Lo que creo es que se debe mantener indemne al Poder Judicial, no como sucedía en el pacto [PSOE-Junts]. Creo, como ciudadana y no como juez, que la aprobación de una ley de estas características debería haber sido puesta de manifiesto en un programa electoral, ya que es una reforma de un calado muy importante y que está provocando una fractura social.
Como jurista, no como juez, creo que esta ley de amnistía, debería contar con mayor consenso político. No puedes, desde mi punto de vista, dictar una ley como ésta con media España en contra o con una gran mayoría y una gran parte de la Cámara en contra.
No creo que una ley de amnistía, per se, tenga que considerarse como una deslegitimación del Poder Judicial. Todo dependerá de cómo lo hagas y cómo sea su articulado. Corresponde a los constitucionalistas decir si es constitucional o no. Lo que yo he podido leer de esta ley creo que está bastante bien elaborado, previendo todas las posibilidades.
Mi temor y preocupación, ya como ciudadana, es la enorme fractura social y tensión que está provocando, que no creo que nos lleve a nada bueno.
¿Puede ser que parte de la crisis de autoridad de la Justicia la tenga la situación de la propia Justicia? Juicios señalados para dentro de cuatro años, falta de medios, tenemos un CGPJ con mandato prorrogado desde hace cinco años. Que Sánchez dijera eso de "¿La Fiscalía de quién depende?" tampoco ayuda... La imagen de la Justicia podría ser mejor...
Imagínate que cada día riegas una planta con vinagre. De repente, la planta está mustia. Pero, claro, ¿quién ha echado cada día vinagre?
Si te dedicas a asfixiar al Poder Judicial —hablo del PP y del PSOE— la imagen del Poder Judicial no será buena. El ciudadano tiene un concepto de la Administración de Justicia que se corresponde con la realidad: plazas sin cubrir, un órgano de gobierno del Poder Judicial que está caduco, lentitud... Es verdad, pero ¿eso quién lo ha provocado?
No hay nada mejor que ofrecer una solución mala a un problema que tú mismo has creado, para evitar solucionar el verdadero problema.
Al Poder Judicial se le dan los medios justos y se sustenta por el voluntarismo de la gente que trabaja, como sucede en todos los servicios públicos, como la educación y la sanidad.
¿Deberían dimitir los vocales del CGPJ? ¿O una parte de ellos?
El problema es que es el órgano de gobierno de los jueces. Nos concede licencias por estudios, bajas por maternidad, tramita jubilaciones, se encarga de la acción disciplinaria...
Sin vocales, 5.500 trabajadores del Estado se quedan sin órgano de gobierno y sin ningún tipo de prestación.
No sé si ha sido la crisis más gorda en la Justicia, pero el Pacto del lawfare ha conseguido que todas las asociaciones de jueces, incluso la considerada progresista, critiquen el acuerdo PSOE-Junts. Las asociaciones reivindican el cumplimiento de la ley y el Estado de derecho. En definitiva, la autoridad del Poder Judicial.
En muchas cosas, las cuatro asociaciones estamos más de acuerdo de lo que parece. Es verdad que en los asuntos más visibles, aquellos que a la gente le importan más, no tanto.
Las cuatro asociaciones acabamos de ganar un juicio al CGPJ para que nos fijen las cargas de trabajo a efectos de salud laboral. Para cuestiones orgánicas sí hay más unidad.
Ahora bien, efectivamente, cómo será el asunto [del pacto PSOE-Junts] para que las cuatro asociaciones estemos de acuerdo en algo tan grave. Es inaceptable. Incluso, de cara al exterior. Desde el partido que está en el Gobierno, estás diciendo que se van a formar comisiones de investigación para ver si los jueces han ido en contra de políticos por sus ideas.
No sé si es la crisis más grave. Hemos tenido ya muchas. Acuérdate del mensaje de WhatsApp de Cosidó [EL ESPAÑOL desveló un mensaje en el que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguraba que su partido "controlaría" la Sala de lo Penal del Supremo "por la puerta de atrás"], la del Consejo General del Poder Judicial...
Tras leer su libro, creo que la crisis de la autoridad tiene mucho que ver con la crisis de la intermediación. Y esto nos afecta a los periodistas. Antes eran las personas encomendadas de valorar y trasladar al ciudadano lo que debía conocer. Ahora, creo que gran parte de la ciudadanía no se fía de los intermediarios. "No lo verás en los medios", dicen. Pasa algo similar con los políticos. Al igual que a los periodistas, se les atribuyen intereses espurios, maniobras en la sombra. A los jueces, igual...
Creo que la profesión de periodista, a día de hoy, es muy complicada. Se ha popularizado mucho la información. Cualquier persona puede ser informada. Y desinformadora, que es lo que más hay. En el mismo espacio digital compiten medios serios y tradicionales con plataformas con nombres de diarios creadas para polarizar y desinformar.
Nos ha comido la era digital. Los que hemos nacido en un mundo analógico, seguimos aplicando las estructuras de pensamiento analógicas a un mundo digital, sin haber adquirido competencias para discriminar opinión e información o lo que es y no es una fuente válida. Todo esto, unido a la gran competencia que existe entre los medios.
Como opinión personal, creo que el periodismo ha perdido un poco, con carácter general, su función de contrapoder. Hay periodismo que, en vez de combatir al Gobierno, combate a la oposición. Y al revés: cuando la oposición de hoy era la que estaba en el Gobierno, combatían a la que era oposición entonces.
¿Deberían los jueces elegir a los jueces?
Soy partidaria de que 12 de los 20 vocales [del CGPJ] sean elegidos por los jueces. Pero creo que este sistema de elección debería tener sus contrapesos, garantizarse que no reproduzca lo que sucede en la Cámara, que no sea un cambio de cromos entre asociaciones judiciales.
Creo que es fácil de hacer: que cada juez, en vez de proponer a 12, elija a un número de entre cuatro y seis. Así, habría una diversificación seguro. Pero no es la única solución: los cargos discrecionales deberían elegirse bajo un baremo de objetividad.
Por ejemplo, si se va a elegir al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, examinar criterios como: que tenga diez años de experiencia en la dirección de un órgano colegiado, que hable catalán, que conozca el Derecho propio catalán, que sea doctor y que haya publicado equis. Entre la gente que supere ese baremo, ya te pones a elegir.
Si eso sucediera, si el Consejo General del Poder Judicial tuviera atadas las manos a la hora de elegir los cargos discrecionales, los políticos, una hora más tarde, dejarían de tener interés por el CGPJ.
Pero el sistema de elección lleva siendo el mismo desde el 85 y cuando hay más conflicto es ahora...
Creo que tiene que ver con que la sociedad ha cambiado y nos hemos acostumbrado a no dialogar ni pactar. Creo que ahora hay más control sobre los vocales, que no existía, a ese nivel, antes.
La polarización entre los dos grandes partidos se ha trasladado al Consejo. No me puedo creer que de los 50 candidatos que había [propuesto el CGPJ] no hubiera 12, consensuados por los dos grandes partidos, con capacidad para ser vocales. Pero los partidos no quieren gente buena, sino manejable. Por eso, plantean a perfiles con un componente político muy marcado y no dan su brazo a torcer.
Estamos asistiendo a la colonización por parte de los partidos de todas las instituciones del Estado. Los que no han cumplido son los presidentes de las Cámaras [Congreso y Senado]. El resto ha hecho su trabajo. El CGPJ presentó a sus candidatos. ¿Y quién ha convocado a las Cámaras? Hemos llegado a un nivel de asimilación del Legislativo y el Ejecutivo...
Otro ejemplo de esto es el uso y abuso del decretazo. Varios magistrados del Constitucional lo reprochaban hace poco...
Es que ya casi ni se hacen leyes. Todo son ahora decretos-ley. Y se está evitando a los órganos consultivos mediante la presentación de proposiciones de ley en vez de proyectos de ley...
Es verdad que a este Gobierno le ha tocado la pandemia. Pero, obviando el escenario pandémico, se ha acostumbrado, es verdad. Pero no ha sido el único. Se lleva haciendo un montón de tiempo y va cada vez a más. Constata que no nos gusta dialogar ni pactar... Cada vez menos.
En esta última legislatura se ha naturalizado que miembros del Gobierno, de Podemos, dijera que los jueces y juezas son machistas y que aplican la Ley del sólo sí es sí de forma torticera o errónea para perjudicar a Irene Montero. ¿Cómo lo ha vivido?
Ha calado mucho en ciertos sectores. Pero cualquiera con un mínimo conocimiento del Derecho sabe que eso no es así. Los jueces no nos solemos poner de acuerdo en nada nunca. ¿Nos vamos a poner de acuerdo para, de un momento a otro, ir contra el Gobierno?
El problema es que las leyes se hagan sólo con criterios políticos, sin criterios jurídicos. Una compañera mía, mujer, jueza y muy feminista, trabaja en una Audiencia Provincial, en Penal. Y me narraba lo doloroso que es para ella haber oído a una víctima declarar, reconfortarte de que la sentencia haya quedado justa y, luego, tener que comunicar a esa chica que su agresor, que está en la cárcel, estará tres o cuatro años menos y saldrá pronto en libertad.
Creo que la crisis de la autoridad está muy vinculada a la crisis del concepto de élite. Acuérdese del 15-M. La casta versus la gente. Y creo que eso explica también, en parte, la crisis del periodismo y los ataques al llamado Régimen del 78, en el que tanta influencia tuvieron las élites.
Ir siempre en contra del que destaca por algo de manera notoria —tomemos esa definición de élite— nos sume a todos en un mundo de nadería.
En el libro hablo de la contraposición de la autorictas a la nueva celebritas. La primera es la autoridad moral, ética, la que tiene el que es un sabio que, por su profesión o conocimientos, aporta un diagnóstico más certero que quien no la tiene. Eso eran las élites. El problema sucede cuando se arremete contra todo, sin hacer distinción.
La nueva celebritas nace cuando buscamos a alguien que sea como nosotros, incluso con nuestra misma formación, pero que tenga, por un motivo u otro, muchos seguidores y nos sintamos identificados con esa persona. Y quizá no tiene ni idea de lo que está hablando.
La emocionalidad versus la razón...
Exacto. No sólo la emocionalidad, sino el sentimiento de identidad. Muchos influencers son gente normal, por formación, aspecto o trabajo. La gente se siente más identificada con alguien como ellos que con alguien que ha estudiado mucho o es muy guapo. Para algunas cosas está bien, pero, por otro lado, no puedes fiarte de quien no conoce una materia y habla del tema.
Pero ¿va de la mano la crisis de autoridad de los jueces y la de ciertos consensos heredados del 78?
Comprendo que haya gente que considere que la Constitución deba ser reformada; no hay ninguna perfecta. Entiendo que se critiquen algunos aspectos de la Transición; tenemos ya la suficiente madurez democrática como para plantear que algunas cosas se podían haber hecho de una forma distinta. Lo que no comprendo es que para arreglar una cosa, tengamos que destruirla. No tenemos espíritu constructivo. A lo largo de nuestra Historia, nos hemos dedicado a sustituir un modelo por otro distinto al anterior.
Creo que el 15-M nació de un sentimiento legítimo y necesario, el cuestionamiento de lo que parecía que habían sido los años dorados de la Democracia y resultó que, tras ellos, había corrupción, trapicheos entre determinadas élites y mucha confusión entre lo público y lo privado. Pero, en vez de utilizar la parte buena que tuvo el discurso del 15-M, hay quien prefiere romper con todo.
En España, tenemos un déficit de cultura política y participativa. ¿Nos falta también cultura jurídica?
Creo que debería existir una asignatura de Derecho Constitucional en la ESO. Mucha gente no sabe la diferencia entre un Parlamento autonómico y el estatal, no sabe qué es y hace el Defensor del Pueblo, no sabe la diferencia entre diputados y ministros, por qué es importante la separación de poderes o que el presidente del Gobierno no es elegido directamente, sino por el Legislativo.