Las acusaciones populares piden hasta 33 años de cárcel para los CDR procesados por terrorismo

Las acusaciones populares personadas en la causa judicial en la que han sido procesados por terrorismo 12 miembros de los CDR solicitan hasta 33 años de cárcel para ellos.

Así figura en el escrito de acusación al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Lo firman los abogados José María Fuster-Fabra y Juan Ignacio Fuster Fabra, que representan a la Asociació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), a la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ), a la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC), a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y al partido político Vox.

Concretamente, las acusaciones populares solicitan 33 años de prisión para los acusados Eduardo Garzón Bravo, Jordi Ros Sola, Alexis Codina Barberán, Germinal Tomás Abueso, Esther García Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casanova Rocabruna y Rafael Joaquín Delgado López, por los delitos de pertenencia a organización terrorista (una década de cárcel), tenencia y fabricación de explosivos (13 años) y por estragos de carácter terrorista en grado de tentativa (10 años).

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Asimismo, solicitan ocho años de cárcel para los procesados Ferrán Jolís Guardiola, Xavier Buigas Llobet, David Budría Altadill y Clara Borrero Espejo por el delito de pertenencia a organización terrorista.

Para todos los acusados, que serán juzgados por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, las acusaciones populares piden la inhabilitación absoluta y que se les prohíba dedicarse a profesiones relacionadas con la educación y el deporte durante diez años.

El escrito de acusación de los Fuster-Fabra expone que el "origen del mal llamado conflicto catalán" se sitúa en "la utilización espuria por parte de sectores nacionalistas" y de medios de comunicación que "generó un caldo de cultivo favorable a las tesis secesionistas", que, en ocasiones, provocaron "comportamientos de carácter supremacista".

Según relata el documento a lo largo de sus 70 páginas, "no sólo el mensaje verbal se radicalizó, sino que formó una corriente de grupos y grupúsculos, ya sean oficiales o extraoficiales a las autoridades políticas independentistas catalanas, que actuaron de forma organizada, coordinada y planeada para en un momento determinado, con sus acciones, subvertir el orden constitucional, alterar la paz social y crear un clima de terror e inseguridad en las calles de toda Cataluña y en especial de la capital, Barcelona".

Fachada de la Audiencia Nacional. Eduardo Parra Europa Press

Entre otros extremos, el escrito recuerda que, durante la investigación policial, que corrió a cargo de la Guardia Civil, se incautó un cuaderno a uno de los detenidos, en el que se detallaba un plan para asaltar el Parlament de Cataluña.

El objetivo de dicho plan sería el de encerrarse en la Cámara autonómica hasta que el entonces presidente catalán, Quim Torra, declarase la independencia del territorio catalán.

Las acusaciones populares también recuerdan que los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados crearon en el chalé de Codina un laboratorio para fabricar explosivos, "comprando todos los materiales necesarios para llevar a cabo dichas tareas y organizando al milímetro las acciones en las que pretendían hacer uso de esos elementos incendiarios y deflagrantes".

Todos los acusados, según la investigación judicial, conformarían el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR, que sería una unidad radical encargada de emplear métodos violentos para lograr la independencia de Cataluña. Su creador sería Ferrán Jolís Guardiola, para el que las acusaciones populares piden ocho años de prisión.

"Desempeñaba un papel de dirigente y coordinador en la Comisión de Seguridad de los CDR, así como las funciones de seguridad de las comunicaciones; prestaba cobertura, logística, apoyo y formación, en materia de comunicaciones y ciberseguridad, para la preparación y realización de acciones", le atribuye a Jolís el escrito.

El asalto al Parlament, de hecho, habría sido encargada al ERT por parte del autodenominado CNI catalán, un grupo de líderes secesionistas que trató, con diversos métodos, de obtener la desconexión de España.

En el sumario de esta causa, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se relata que Ferrán Jolís Guardiola y Xavier Buigas Llobet conversaron sobre cómo tratarían de asaltar la Cámara autonómica y encerrarse en ella.

A través de pinchazos telefónicos, la Guardia Civil detectó que poseían "recursos económicos y capacidad para movilizar a miles de personas", reza el sumario de esta causa judicial. "Se les facilitaría acceso desde el interior [del Parlament]", indicaba un informe de la Benemérita.

Sobre el procesado Eduardo Garzón, el escrito de acusación señala que "ejercía una notable influencia sobre los miembros [del ERT]". "Es decir, existía una cierta jerarquía y el procesado asumía el liderazgo en muchas de las acciones emprendidas", relata el documento, que también recoge varias conversaciones en las que participa Jordi Ros para conseguir productos químicos para fabricar, supuestamente, sustancias explosivas.