El avión oficial de Guinea Ecuatorial señalado por la Policía Nacional.
La Policía localiza el avión oficial que usó la dictadura de Guinea Ecuatorial para secuestrar a dos españoles
La Comisaría de Información desvela que Carmelo Ovono, hijo de Obiang, habría usado un Embraer 135/145 presidencial para capturarles en Sudán.
13 diciembre, 2023 03:12La Policía Nacional ha localizado el avión presidencial con el que la dictadura de Guinea Ecuatorial, supuestamente, secuestró a dos ciudadanos españoles en noviembre de 2019.
Se trata de una aeronave que forma parte de la flota oficial del país africano que dirige Teodoro Obiang. De hecho, Carmelo Ovono Obiang, uno de sus hijos, está investigado por un juzgado de la Audiencia Nacional por esta presunta detención ilegal y por las torturas que denunciaron las dos víctimas.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un reciente informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, que desvela que la aeronave usada fue un Embraer 135/145, con matrícula 3C-QQH. Aparece decorada con el escudo de la antigua colonia española y los dos colores que la identifican: rojo y verde.
El aparato tiene 25 años, pero no ha estado todo este cuarto de siglo en manos del régimen de los Obiang. De 1998 hasta 2001 fue operado por la compañía Luxair. Entre 2001 y 2008, por una empresa ecuatoguineana de aviación. Pertenece al Gobierno de Guinea Ecuatorial desde 2008. Siempre ha estado en funcionamiento, salvo un breve periodo de tres años, entre 2003 y 2006.
El secuestro
El supuesto secuestro ocurrió en noviembre de 2019 en Juba, la capital de Sudán del Sur, país al que se trasladaron dos opositores al régimen de los Obiang para reunirse con otros movimientos políticos afines a su causa.
Pero, allí, habrían sido engañados y apresados por Carmelo Ovono, el encargado del espionaje internacional —la llamada Inteligencia exterior— en el Gobierno que encabeza su padre.
Según desvela el informe policial, los cuatro secuestrados fueron introducidos en unos contenedores de carga, donde pasaron toda la noche del 15 de noviembre de 2019. Al día siguiente, les custodió "una caravana de militares [sudaneses] fuertemente armados" hasta la puerta del Embraer presidencial. Uno de ellos les habría dicho: "Teodoro Obiang paga mucho por vosotros".
Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, en una imagen de archivo.
Además del hijo del dictador, apodado Didi, también figuran como investigados en la causa judicial otros dos altos cargos del Gobierno ecuatoguineano: Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo.
Tal y como reveló EL ESPAÑOL en exclusiva, los tres han fichado recientemente como abogado conjunto a Javier Gómez Bermúdez, el exjuez que, entro otros hitos, fue ponente de la sentencia del 11-M.
Este procedimiento judicial, el llamado caso Guinea, se inició cuando el juez Santiago Pedraz admitió a trámite la querella de un grupo opositor, que acusaba a estos tres dirigentes de haber secuestrado en Sudán del Sur a cuatro activistas políticos. Dos de ellos tenían DNI español y habían formado parte de nuestro Ejército.
Se trata de Feliciano Efa y de Julio Obama. Este último murió en extrañas circunstancias en una cárcel de Guinea Ecuatorial, pocos días después de que la Audiencia Nacional permitiese a Didi regresar a su país, una vez le fue notificada la querella interpuesta por el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R), al que pertenecían las dos víctimas del secuestro. El MLGE3R considera que se trató de una "represalia".
Represión fuera de Guinea
Carmelo Ovono, además de ser uno de los hijos del dictador que gobierna la antigua colonia desde 1979, es el encargado de la Inteligencia de Guinea Ecuatorial en el extranjero.
Por su parte, Nicolás Obama Nchama es el ministro encargado de la Seguridad Nacional. Isaac Nguema, el director adjunto de la Seguridad de la Presidencia. En resumen, los tres imputados son figuras relevantes en la cúspide del régimen de Teodoro Obiang.
La Comisaría General de Información también acusa a Didi de ejercer una "sistemática" represión contra los opositores al régimen de su padre en el extranjero. Incluso, la Policía asegura que creó una empresa en España para camuflar las vigilancias y seguimientos que coordinaba contra los disidentes políticos. Algunas de ellas fueron ejecutadas en pleno centro de Madrid.
El Ministerio de Exteriores español ha solicitado, sin éxito, información a las autoridades ecuatoguineanas sobre la muerte de Julio Obama. Y el juez Pedraz ha ordenado repatriar su cadáver para practicarle la autopsia. Lo hizo el pasado enero y, por el momento, los restos no han sido enviados a España. El Gobierno de la antigua colonia lleva un año negándose a colaborar y alega la muerte se debió a una enfermedad.
El caso Guinea ha sido abordado, incluso, en el Parlamento Europeo. Por una abrumadora mayoría de 518 votos a favor y sólo seis en contra, la Eurocámara reclamó sanciones a la dictadura de Guinea Ecuatorial, a la que responsabilizó de la muerte de Obama.
Además, un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) alertó de que Carmelo Ovono introdujo en España "grandes cantidades de dinero en efectivo, sin que estuviera claro su origen".
Fachada de la Audiencia Nacional. Europa Press
Desde el momento en que trascendió la existencia de esta investigación judicial, las autoridades españolas también desconocen el paradero y la situación de Feliciano Efa, el único de los dos nacionalizados que aún sobrevive. Los otros dos secuestrados eran residentes en España e, igualmente, opositores al régimen de los Obiang.
Así lo relató también el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. En un informe fechado el pasado agosto, consultado por EL ESPAÑOL, Naciones Unidas señala que las autoridades ecuatoguineanas "impiden cualquier asistencia consular".
"Actualmente, los tres secuestrados [aún vivos] se encuentran desaparecidos, no se sabe su paradero y, aunque la autoridad judicial española ha requerido conocer su ubicación y estado de salud, las autoridades de Guinea Ecuatorial no informan de su paradero, por lo que vuelven a estar sometidos a una situación de desaparición forzada", reprochó el Grupo de Trabajo en un dosier.
