21 fiscales de la Sala Penal del TS piden a García Ortiz que defienda a los jueces atacados por Junts
Reclaman al fiscal general que adopte las "medidas necesarias" para "preservar la independencia de los tribunales".
19 diciembre, 2023 18:51Veintiuno de los 28 fiscales de la Sala Penal del Tribunal Supremo han pedido este martes al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que tome "las medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes" para "preservar la independencia judicial" frente a las descalificaciones de jueces relacionados con el 'procés' por parte de Junts per Catalunya.
El escrito se refiere específicamente a los "ataques, insultos y amenazas realizadas por la diputada de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras" contra magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, altos funcionarios de la Guardia Civil y periodistas.
Nogueras calificó a los jueces de "indecentes" y sostuvo que deben ser "cesados y juzgados de inmediato" por "perseguir" a los independentistas.
Los firmantes (todos los fiscales de Sala de lo Penal excepto Joaquín Sánchez-Covisa y la práctica totalidad de los fiscales del Supremo adscritos a la jurisdicción penal) expresan su "más enérgico rechazo a los insultos, amenazas y falsas acusaciones vertidas, amparándose en la tribuna parlamentaria".
[Fiscales del Supremo reprochan a Álvaro García que no replique las acusaciones de 'lawfare']
Los fiscales del Supremo consideran que las manifestaciones de Nogueras "no solo son gravemente lesivas para la dignidad personal e institucional de los afectados (miembros de otros poderes del Estado), sino que además son absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de derecho".
A su juicio, también representan "un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática".
Los fiscales recuerdan que la Constitución establece que el Ministerio Público tiene por misión "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social". Lo mismo dispone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
"La sujeción a ese mandato constitucional y estatutario nos obliga a solicitar al fiscal general que se proceda sin más dilación al cumplimiento de los deberes constitucionales y legales expuestos", señalan.
Piden, a este respecto, a García Ortiz que "adopte como primer defensor y garante del orden constitucional las medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales, cuya actuación está siendo indebidamente cuestionada por las manifestaciones" de Junts.
A 24 horas del Consejo Fiscal
Éste es el segundo escrito que firman en las últimas semanas los fiscales adscritos a la Sala Penal del Supremo en relación con las acusaciones de 'lawfare' proferidas por los partidos independentistas.
El 21 de noviembre, 18 fiscales de lo penal del Supremo mostraron su "decepción" por la "falta de voluntad" de García Ortiz de replicar las "injuriosas insinuaciones que sobre la actuación de los fiscales que intervinieron en la causa penal conocida como el 'procés' y sus derivadas se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts, conocidas como 'lawfare'”.
Unos días después, el 11 de diciembre, el fiscal general aprovechó una reunión de los fiscales superiores para manifestar que defenderá “como corresponde a la más alta representación de esta institución" a cualquier fiscal "que pudiera verse perturbado en sus funciones, incluido, por supuesto, a cualquiera de los fiscales que hayan intervenido en las causas relacionadas en el 'procès' independentista de Cataluña”.
A propuesta de los vocales de la Asociación de Fiscales, en el orden del día del Consejo Fiscal previsto para mañana, miércoles, se abordarán las acusaciones de 'lawfare' contra los fiscales del 'procés'.