La lucha por el control de la Justicia: del CGPJ al 'lawfare', pasando por el Tribunal Constitucional

Por un solo voto de diferencia, Cándido Conde-Pumpido se alzó ese día con la presidencia del TC gracias a una renovación en la que el Gobierno pudo nombrar a dos magistrados, ambos exaltos cargos del propio Ejecutivo: Juan Carlos Campo, ministro de Justicia hasta 2021, y Laura Díez Bueso, exdirectora general a las órdenes del ministro Félix Bolaños. 

Desde ese momento, los problemas de Sánchez con el Tribunal Constitucional se acabaron.

La corte de garantías ha ido avalando, una a una, todas las normas polémicas: la ley del aborto, la ley Celaá de educación, la ley de eutanasia, la restricción de derechos como el de manifestación durante la pandemia (con cambio de criterio, ahora a favor del Gobierno), el uso por los parlamentarios de fórmulas extravagantes para acatar la Constitución, la limitación de competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando está en prórroga de mandato, el impuesto a las grandes fortunas...

pumpido 169

En todos esos casos -salvo el de la ley de eutanasia, que fue apoyada por dos magistrados conservadores- la nueva mayoría progresista ha impuesto sus siete votos frente a los cuatro de la minoría, que no dudan en hablar de "rodillo".

El control del TC por una mayoría de magistrados propuestos por el PSOE se revela ahora clave ante la ley de amnistía y otras iniciativas (las comisiones sobre la lawfare, el uso del catalán, cesión de más competencias, financiación autonómica) que Sánchez se ha comprometido a poner en marcha con los partidos independentistas a cambio de sus votos para seguir en la Moncloa.

Ajustar cuentas

La amnistía y las comisiones de investigación exigidas por Junts per Catalunya y ERC para ajustar cuentas con los jueces han puesto en pie de guerra a la carrera judicial y, en menor medida, a la carrera fiscal. 

Este otoño se han vuelto a ver concentraciones de magistrados, con o sin togas, a las puertas de las sedes judiciales; comunicados de jueces decanos, de miembros de la Fiscalía del Tribunal Supremo, de asociaciones de jueces y fiscales alarmados por los términos del pacto de investidura firmado entre el PSOE y Junts, en el que se habla de la investigación parlamentaria de "situaciones comprendidas en el concepto lawfare".

El desmentido del nuevo ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de que las comisiones parlamentarias sobre el espionaje con Pegasus, la llamada operación Cataluña y los atentados de Barcelona vayan a investigar la actuación de los jueces no resulta creíble en los tribunales.

El afán tranquilizador del Gobierno queda fulminado cada vez que los portavoces parlamentarios de Junts y ERC intervienen en el Congreso o en el Senado e insisten en sus invectivas contra los jueces.

Tomás Serrano.

El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín, suspendió el pasado 13 de diciembre la reunión institucional que tenía previsto mantener con Bolaños después de que la diputada Míriam Nogueras señalara con nombres y apellidos a varios magistrados del alto tribunal.

La portavoz de Junts les llamó "indecentes" y, en un alarde que pone en manifiesto su conocimiento del estatuto constitucional de los jueces, sostuvo que debían ser "cesados y juzgados de inmediato" por, según ella, "perseguir" a los independentistas.

La entrevista entre Marín y Bolaños se celebró finalmente días más tarde y las invectivas contra los jueces centraron la conversación. El presidente en funciones del Supremo pidió que el Gobierno ponga de su parte todos los medios a su alcance para que cesen los ataques al Poder Judicial.

En el Tribunal Supremo existe preocupación. No solo por el desarrollo que puedan tener las comisiones parlamentarias de investigación, sino también por el anuncio del Gobierno de que desclasificará documentos sobre el caso Pegasus.

Los magistrados que han intervenido en el procés y los encargados del control de las actividades del CNI se sienten en el punto de mira ante unos independentistas envalentonados por las cesiones de Sánchez. "Vamos a acabar teniendo que pedirles perdón", se ha llegado a escuchar en el Palacio de las Salesas.

La 'aldea gala' del CGPJ

Y, en medio de este clima de tensión, un Consejo General del Poder Judicial que ya duplica su mandato es el único órgano constitucional que Sánchez aún no ha podido conquistar.

Pese a las reformas exprés realizadas sin los informes institucionales y pese a la incidencia que están teniendo el recorte de competencias del CGPJ en el funcionamiento de los tribunales, el PP no ha cedido hasta ahora en su bloqueo a la renovación.

Habrá que ver en qué se concreta la propuesta hecha a Sánchez por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que la Comisión Europea medie en la negociación sobre el órgano de gobierno de los jueces.

A través de distintas declaraciones institucionales -algunas de ellas muy relevantes y adoptadas por unanimidad, como la referida a las comisiones de la lawfare- el CGPJ está siendo un actor de primer orden en lo que la institución considera defensa de la "independencia judicial" y el PSOE e independentistas califican de "injerencia política".

Los conflictos de las fuerzas políticas con el Poder Judicial están lejos de amainar. La Sala Penal del Tribunal Supremo y todos los órganos que han intervenido en asuntos del procés tendrán que decidir sobre la aplicación de la ley de amnistía.

Para ello, tendrán que examinar si se opone al Derecho de la Unión Europea y a la Constitución Española, lo que puede da lugar a cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE y a cuestiones de inconstitucionalidad. La batalla jurídica por el olvido de los delitos del procés no ha hecho nada más que empezar.