Fotomontaje de la fachada de la Audiencia Nacional y Carmelo Ovono Obiang, hijo de Teodoro Obiang.
La Fiscalía reprocha a Pedraz que ceda a Guinea la causa judicial contra el hijo del dictador Obiang
El fiscal González Mota usa el ejemplo del 11-M para contradecir la tesis del juez. El abogado de Ovono Obiang es, de hecho, Gómez Bermúdez.
11 enero, 2024 14:40La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reprochado al juez Santiago Pedraz que haya cedido a la Justicia de Guinea Ecuatorial la causa judicial en la que figura como investigado Carmelo Ovono Obiang, el hijo del dictador del país, Teodoro Obiang.
Así lo refleja el fiscal Vicente González Mota en un recurso enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular Pedraz.
El magistrado, el pasado 8 de enero, optó por ceder a Guinea Ecuatorial la causa y renunció a seguir investigando él a Ovono. Pese a las advertencias de colectivos de derechos humanos y de organizaciones internacionales, no ve motivos para "poner en duda" la limpieza del proceso judicial abierto por los tribunales ecuatoguineanos.
Carmelo Ovono, hijo del autócrata que gobierna el país desde 1979 con puño de hierro, está siendo investigado por la Audiencia Nacional en el llamado caso Guinea o caso Obiang, en el que la Audiencia Nacional investiga el supuesto secuestro de cuatro opositores al régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial.
Dos de ellos tenían DNI español y habían servido en nuestras Fuerzas Armadas. El hecho ocurrió en noviembre de 2019 en Juba, la capital de Sudán del Sur, país al que habían viajado las víctimas para reunirse con otros movimientos políticos afines a su causa.
El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. Reuters
Pero, allí, habrían sido engañados y apresados por Carmelo Ovono, el encargado del espionaje internacional —la llamada Inteligencia exterior— en el Gobierno que encabeza su padre.
Tras ser detenidos, habrían sido introducidos en unos contenedores de carga y custodiados después por una caravana de militares sudaneses fuertemente armados, que los habrían conducido hasta la puerta de un avión presidencial del Gobierno de Guinea Ecuatorial. Un informe policial señala que el jet oficial fue utilizado para llevarles a Guinea.
El avión oficial de Guinea Ecuatorial señalado por la Policía Nacional como el utilizado en el supuesto secuestro.
Uno de los españoles acabó muriendo en prisión, en circunstancias aún no aclaradas, después de que Ovono regresase de España a su país.
El 11-M
En su escrito, González Mota recalca que en dicha instrucción se ha investigado si se produjeron en España seguimientos o vigilancias a quienes luego serían víctimas del secuestro, que, además, tienen DNI español. "El iter criminis comienza, por tanto, en
España, indiciariamente, y, por tanto, la competencia y jurisdicción [es] de los tribunales españoles", expone el recurso de la Fiscalía, en contra de la tesis sostenida por el juez Pedraz para desvincularse de la causa.
El juez Santiago Pedraz en una imagen reciente.
De hecho, el fiscal pone como ejemplo para apuntalar su argumento a los atentados del 11-M, juzgados en la Audiencia Nacional en 2007. Los condenados fueron ciudadanos de nacionalidad marroquí, argelina, libia, siria, egipcia y libanesa. "La jurisdicción de los tribunales españoles, conforme a la interpretación que se hace en el auto que aquí se recurre, decaería en favor de los tribunales de Marruecos, Argelia, Libia, Siria, Egipto o el Líbano si estos hubieran incoado un procedimiento contra sus nacionales", compara.
"Permítanos señalar a modo de ejemplo las consecuencias que tendría que la jurisdicción española tuviera que ser cedida en favor del país del presunto autor de un atentado terrorista en España cuando el sicario que presuntamente estuviera implicado en los hechos fuera extranjero y en ese país se incoara un procedimiento penal", incide.
González Mota, además, expone que, si Pedraz pretende ceder la causa, debería consultar previamente al Tribunal Supremo, mediante una exposición razonada.
Los Obiang
Además del hijo del dictador, apodado Didi, también figuran como investigados en la causa judicial otros dos altos cargos del Gobierno ecuatoguineano: Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo.
Tal y como reveló EL ESPAÑOL en exclusiva, los tres ficharon recientemente como abogado conjunto a Javier Gómez Bermúdez, el exjuez que, entre otros hitos, fue ponente de la sentencia del 11-M (precisamente, el ejemplo que cita González Mota).
Este procedimiento judicial se inició cuando el juez Santiago Pedraz admitió a trámite la querella del grupo opositor Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R), al que pertenecían los cuatro activistas.
Dos de ellos eran españoles. Se trata de Feliciano Efa y de Julio Obama. Este último murió en extrañas circunstancias en una cárcel de Guinea Ecuatorial, pocos días después de que la Audiencia Nacional permitiese a Didi regresar a su país, una vez le fue notificada la querella. El MLGE3R considera que se trató de una "represalia".
Represión fuera de Guinea
Carmelo Ovono, además de ser uno de los hijos del dictador que gobierna con puño de hierro la antigua colonia desde 1979, es el encargado de la Inteligencia de Guinea Ecuatorial en el extranjero.
Por su parte, Nicolás Obama Nchama es el ministro de la Seguridad Nacional. Isaac Nguema, el director adjunto de la Seguridad de la Presidencia. En resumen, los tres imputados son figuras relevantes en la cúspide del régimen de Teodoro Obiang.
La Comisaría General de Información de la Policía Nacional acusa a Didi de ejercer una "sistemática" represión contra los opositores al régimen de su padre en el extranjero. Incluso, esta unidad policial asegura que Carmelo Ovono Obiang creó una empresa en Marbella para camuflar las vigilancias que coordinaba contra los disidentes políticos que residen en nuestro país. Algunos de estos seguimientos fueron ejecutados en pleno centro de Madrid.
El Ministerio de Exteriores español solicitó, sin éxito, información a las autoridades ecuatoguineanas sobre la muerte de Julio Obama. Y el juez Pedraz ordenó repatriar su cadáver para practicarle la autopsia. Lo hizo en enero de 2023 y, por el momento, los restos no han sido enviados a España. El Gobierno de la antigua colonia lleva más de un año negándose a colaborar y alega que la muerte se debió a una enfermedad.
El caso Guinea ha sido abordado, incluso, en el Parlamento Europeo. Por una abrumadora mayoría de 518 votos a favor y sólo seis en contra, la Eurocámara reclamó sanciones a la dictadura de Guinea Ecuatorial, a la que responsabilizó de la muerte de Obama.
El exparacaidista Feliciano Efa.
Además, un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) alertó de que Carmelo Ovono introdujo en España "grandes cantidades de dinero en efectivo, sin que estuviera claro su origen".
Desde el momento en que trascendió la existencia de esta investigación judicial, las autoridades españolas también desconocen el paradero y la situación de Feliciano Efa, el único de los dos nacionalizados que aún sobrevive. Los otros dos secuestrados eran residentes en España e, igualmente, opositores al régimen de los Obiang.
Así lo relató también el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. En un informe fechado el pasado agosto, consultado por EL ESPAÑOL, Naciones Unidas señala que las autoridades ecuatoguineanas "impiden cualquier asistencia consular".
"Actualmente, los tres secuestrados [aún vivos] se encuentran desaparecidos, no se sabe su paradero y, aunque la autoridad judicial española ha requerido conocer su ubicación y estado de salud, las autoridades de Guinea Ecuatorial no informan de su paradero, por lo que vuelven a estar sometidos a una situación de desaparición forzada", reprochó el Grupo de Trabajo en un dosier.
