El TC ordena a los jueces investigar el suicidio de un detenido por violencia de género en la comisaría

El hombre, que ya había protagonizado un intento de suicidio el día anterior, apareció ahorcado en su celda.

En una sentencia con ponencia del magistrado Enrique Arnaldo, aprobada este lunes por unanimidad por la Sala Segunda del TC, el tribunal aplica a estos hechos la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la necesidad de llevar a cabo una investigación "eficaz y suficiente", tal y como se ha establecido para, por ejemplo, supuestos de denuncias de torturas o malos tratos en dependencias policiales.

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En este caso, la muerte de D.J. ha llegado hasta el TC por un recurso de amparo interpuesto por su hermana contra las resoluciones judiciales que archivaron la investigación.

D.J fue encontrado ahorcado en una celda de la Comisaría de Algeciras en la madrugada del 1 de junio de 2020.

Según el atestado policial, ingresó en dependencias policiales sobre las 18:10 horas del sábado 30 de mayo de 2020.

Una hora más tarde, utilizando un azulejo que arrancó de su celda, se intentó quitar la vida causándose numerosos cortes en el antebrazo izquierdo.

Fue trasladado sobre las 20:00 horas al hospital. Tras ser curado, fue devuelto a la Comisaría a las 23:31 horas del 31 de mayo.

Los agentes decidieron encerrarlo en una celda distinta para evitar que repitiera su intento y, en cumplimiento de los protocolos de seguridad, comenzaron a efectuar rondas de vigilancia.

Sobre las 00:15 horas del 1 de junio le entregaron la cena y le acompañaron a los aseos.

A las 01:40 horas, en una de las rondas, el detenido fue hallado ahorcado en los barrotes de su celda con los jirones de una manta.

Tanto la hemana de D.J. como la Asociación de Juristas Gitanos denunciaron en el Juzgado a los agentes responsables de la custodia y pidieron una serie de diligencias de investigación: la identificación de los policías, las grabaciones de las cámaras de vigilancia de los calabozos, la identidad del resto de detenidos que se encontrasen en calabozos y la entrega de la manta, entre otras.

El Juzgado incorporó a la causa el atestado policial, los informes forenses de autopsia y del Instituto de Medicina Legal de Cádiz, así como las imágenes de video grabadas por las cámaras de seguridad de los calabozos.

Archivo

En octubre de 2020, con el informe favorable del fiscal, el juez acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

Argumentó que "no aparece dato alguno en lo investigado que apunte a que los agentes que estaban custodiando los calabozos actuaran con falta de diligencia".

Según el Juzgado, los agentes "actuaron como era de esperar, llevando a D.J. a recibir asistencia sanitaria cuando se produjo heridas con un azulejo que partió, cambiándolo de celda para evitar que volviera a dañarse, hablando con él, acompañándolo al servicio y haciendo rondas de seguridad, en una de las cuales se descubrió el cadáver. El detenido no tenía nada que pudiera usar para volver a hacerse daño, solo una manta para cubrirse, que fue lo que usó para quitarse la vida. Los agentes no pudieron predecir ni evitar
el fatal final".

La Audiencia Provincial de Cádiz confirmó el archivo de la investigación.

Investigación "insuficiente"

El TC coincide con la demandante en que hubo una "actividad instructora insuficiente" que condujo a una "clausura anticipada" dela investigación, lo que es contrario al derecho a una tutela judicial efectiva.

El archivo fue acordado sin practicar diligencias de investigación interesadas por la denunciante, hermana del fallecido, y por la asociación personada como acusación popular, "ni tan siquiera la toma de declaración a los agentes de Policía encargados de la custodia del detenido", destaca el tribunal.

El TC pone de manifiesto la "situación de vulnerabilidad" en la que se encontraba D.J. y señala que, a la vista del desenlace y del intento de suicidio anterior, "era exigible del juez instructor que llevase a cabo una investigación eficaz y suficiente que permitiese despejar cualquier sospecha de responsabilidad de terceros en la muerte".

En este sentido, explica que se dejaron de practicar diligencias pedidas en tiempo y forma "que podían resultar adecuadas para el esclarecimiento de los hechos objeto de la causa, en particular para determinar si el riesgo de suicidio del detenido era real e inmediato y si los agentes de policía encargados de su custodia hicieron cuanto era posible para evitar que ese riesgo se materializase".

Declaración de los agentes

"El Juzgado de instrucción pudo al menos haber tomado declaración a los agentes de policía encargados de la vigilancia en los calabozos en la Comisaría de Algeciras cuando sucedieron los hechos investigados (cuya versión del suceso, plasmada en el atestado, no ha podido ser contrastada ante el juez instructor), con el fin de valorar si la actuación de los agentes fue todo lo diligente que cabía esperar en la custodia de un detenido que, según parece, ya había intentado suicidarse horas antes en los mismos calabozo".

También resultaba procedente, añade, el examen de la manta y demás objetos que tuvo a su disposición el detenido "para comprobar cómo pudo confeccionar con esa prenda una cuerda resistente para ahorcarse en los barrotes de su celda".

El Constitucional no solo anula las resoluciones del Juzgado y de la Audiencia que archivaron la investigación, sino que también ordena la retroacción de actuaciones "para que se le dispense la tutela judicial demandada, llevando a cabo las diligencias indagatorias que resulten posibles para satisfacer la exigencia constitucional de una investigación eficaz y suficiente"