El juez del 'caso Tsunami' ve "consolidada" la tesis del terrorismo e insiste en buscar a Rovira en Suiza

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón considera "consolidada" la tesis de que los disturbios violentos organizados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic deberían ser considerados como terrorismo.

Así lo explicita en un reciente, auto, en el que relata que, "lejos de descartarlo", el avance de su investigación "ha permitido consolidar, con mayor claridad que el pasado 6 de noviembre de 2023, que la tesis de calificación inicial se vislumbra, en este momento inicial, como plausible".

En dicha fecha, el magistrado imputó a, entre otros, el expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por delitos de terrorismo. Precisamente, en otro auto, el juez insiste en su decisión de averiguar dónde reside concretamente esta última en Suiza. La política independentista se fugó al país helvético hace seis años y no ha comunicado a la Audiencia Nacional en qué domicilio concreto vive.

"No ha facilitado información alguna sobre su paradero actual. Más allá de afirmar que reside en la Confederación Helvética desde 2018, nada se sabe del lugar en el que se encuentra. Tampoco su defensa ha informado sobre el domicilio de la investigada [Marta Rovira] en el país en que afirma residir, Suiza", reprocha el juez.

Debido a esta "ausencia de información", García-Castellón exige a la secretaria general de Esquerra que aclare si "se encuentra realmente (o no) a disposición del órgano judicial", después de que, semanas atrás, ya preguntase a las autoridades suizas cuál es el domicilio de Rovira.

El asalto a El Prat

En la primera de las resoluciones citadas, el juez, de hecho, subraya "la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo".

Se refiere, entre otros extremos, a los informes que describen cómo se produjo el asalto al Aeropuerto del Prat, organizado por Tsunami Democràtic en octubre de 2019 en respuesta a la sentencia del procés. De acuerdo con la tesis del juez —a la que se opone frontalmente la Fiscalía—, Puigdemont y Rovira estaban detrás de la plataforma independentista, como nexos entre ésta y la órbita política separatista.

[El juez del 'caso Tsunami Democràtic' investiga por terrorismo a Puigdemont y a Marta Rovira, de ERC]

Para considerar afianzada la tesis del terrorismo, el instructor alude a "la clara afectación que [los disturbios de Tsunami] tuvieron a los intereses generales y a estructuras económicas esenciales del Estado", así como a "los daños concretos que se causaron a los perjudicados y las graves lesiones sufridas por las víctimas del delito".

En su auto, el instructor cita un oficio de ENAIRE (la entidad que opera los aeropuertos españoles) que confirma, "efectivamente, que Tsunami bloqueó el acceso a la torre de control" del aeródromo barcelonés. "Con esta acción se buscaba afectar a la seguridad del tráfico aéreo", valora.

En total, se vieron afectados 115 vuelos (58 salidas y 57 llegadas). La protesta congregó a más de 8.000 personas, que provocaron destrozos millonarios. Cientos de manifestantes independentistas se enfrentaron a la Policía. Así lo relatan varios informes de los Mossos d'Esquadra.

"Se logró perturbar el servicio de la aviación civil internacional y los servicios del aeropuerto, poniendo en peligro la seguridad del aeropuerto y del tráfico aéreo", insiste el juez.

El juez instructor del 'caso Tsunami', Manuel García-Castellón. Efe

Además, durante el asalto a El Prat, de hecho, falleció un turista francés con problemas de corazón, que tuvo que andar varios kilómetros debido al colapso de la infraestructura.

Todo ello se lo recuerda García-Castellón al fiscal Miguel Ángel Carballo, contrario a la imputación de Puigdemont y Rovira por terrorismo. El Ministerio Fiscal también se opuso a que el magistrado —ya que la causa afecta al expresident catalán, que está aforado— envíe el caso Tsunami al Tribunal Supremo.

En respuesta, García-Castellón narra que los "graves" delitos "no sólo exigen su esclarecimiento 'promoviendo la acción de la Justicia', sino que además exige, 'en defensa de la legalidad', que la instrucción y enjuiciamiento se efectúe por el órgano judicial que ostenta la competencia objetiva y funcional para ello, que en este caso sería de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como se señala en la exposición razonada que se pretende desactivar".

No por casualidad, los entrecomillados que cita el juez —"promover la acción de la Justicia" y "defender la legalidad"— son, precisamente, las atribuciones exactas de la Fiscalía, a la que el juez reprocha que pretenda "desactivar" los más de cien folios de exposición razonada, que es el nombre que recibe el documento con el que García-Castellón solicitó al Supremo que asumiese este caso.

Miles de personas ocupan el aeropuerto de El Prat en 2019, convocadas por Tsunami Democràtic Efe

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional también recuerda qué acciones considera el Código Penal que pueden ser calificadas como terrorismo. "Suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado", "alterar gravemente la paz pública...", cita el juez. 

A renglón seguido, insiste en que las acciones violentas alentadas por Tsunami Democràtic "encajan en estas finalidades". Y recuerda los tratados internaciones y las directivas europeas que también coordinan la lucha contra este delito. De hecho, el terrorismo es uno de los puntos de conflicto entre el PSOE y su socio Junts, el partido independentista al que pertenece Carles Puigdemont. 

Los separatistas catalanes pretenden que la futura ley que amnistíe los delitos vinculados al procés ampare a los imputados, procesados y condenados por terrorismo, en todos sus tipos y formas. La proposición registrada en el Congreso por el PSOE el pasado noviembre sí amnistiaba a aquellos investigados siempre que no existiese una sentencia firme, lo que también beneficiaría a Puigdemont. En todo caso, la Unión Europea, de una forma u otra, acabará teniendo que revisar qué dispone la Ley de Amnistía sobre un delito tan grave como el de terrorismo.