El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz insiste en ceder a la Justicia de Guinea Ecuatorial la investigación contra Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos del dictador del país africano, Teodoro Obiang.
De esta forma, Pedraz rechaza el recurso planteado por la Fiscalía, que criticó duramente esta decisión del magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Otros dos miembros del Gobierno ecuatoguineano, altos cargos del régimen, también estaban siendo investigados por la Audiencia Nacional por el supuesto secuestro de cuatro opositores políticos.
Dos de las víctimas tenían DNI español y una de ellas murió en extrañas circunstancias en una cárcel de Guinea, una vez iniciada la investigación judicial en España. Además, ambos habían formado parte de nuestras Fuerzas Armadas.
La Fiscalía se opuso a la cesión. Por otro lado, además, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el mismo día que Pedraz cedió la causa a Guinea, la Sala de lo Penal—tres jueces, jerárquicamente superiores al juez— le obligó a convertir la investigación en un procedimiento de sumario, dada la gravedad de los delitos. El archivo de un sumario, además, debe avalarlo este tribunal, instancia superior al Juzgado Central de Instrucción.
Pedraz, no obstante, recalca que esta decisión de la Sala no le impide ceder el asunto a la Justicia guineana. Por su parte, la Fiscalía exigió que fuese el Tribunal Supremo el que tuviese la última palabra en el envío de esta investigación a Guinea Ecuatorial; algo que el juez también rechaza.
Al ceder la causa a Guinea, Santiago Pedraz señaló que no tiene motivos para dudar de la limpieza del proceso judicial en aquel país, pese a que implique al hijo de su máximo líder y de las advertencias de ONGs internacionales sobre la calidad democrática de la antigua colonia.
Este martes, el juez se reafirma en su criterio y rechaza los motivos "genéricos": "Desde luego, no basta simplemente (...) con decir que el régimen de Guinea Ecuatorial y su Poder Judicial es 'corrupto' o que no coopere. Hay que concretar las causas para este caso y, con ello, decidir". "No hay datos para decir que Guinea Ecuatorial no esté dispuesta a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo", añade.
Recurso del fiscal
En su recurso, el fiscal Vicente González Mota recalcó que en el llamado caso Guinea o caso Obiang se ha investigado si se produjeron en España seguimientos o vigilancias a quienes luego serían víctimas del secuestro, que, además, tienen DNI español. Por ello, justificó que, inequívocamente, la Audiencia Nacional era la que debía asumir la causa.
De hecho, la Fiscalía puso como ejemplo para apuntalar su argumento a los atentados del 11-M, juzgados en la Audiencia Nacional en 2007. Los condenados fueron ciudadanos de nacionalidad marroquí, argelina, libia, siria, egipcia y libanesa. "La jurisdicción de los tribunales españoles, conforme a la interpretación que se hace en el auto que aquí se recurre, decaería en favor de los tribunales de Marruecos, Argelia, Libia, Siria, Egipto o el Líbano si estos hubieran incoado un procedimiento contra sus nacionales", comparó González Mota.
El juez Santiago Pedraz en una imagen reciente.
Además del hijo del dictador, apodado Didi, también figuran como investigados en la causa judicial otros dos altos cargos del Gobierno ecuatoguineano: Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo.
Y tal y como reveló EL ESPAÑOL en exclusiva, los tres ficharon como abogado conjunto a Javier Gómez Bermúdez, el exjuez que, entre otros hitos, fue ponente de la sentencia del 11-M (precisamente, el ejemplo que cita el fiscal González Mota).
Javier Gómez Bermúdez, durante el juicio del 11-M.
El recurso de la Fiscalía también enunciaba, para extraer argumentos similares, el llamado caso Couso, instruido por Pedraz y que versó sobre la muerte del reportero español José Couso en Irak en 2003.
En contestación al recurso, Pedraz menciona el caso de Carmelo Soria. Este diplomático español fue asesinado en 1976 por agentes de la policía secreta de Augusto Pinochet. Recientemente, la Corte Suprema de Chile ratificó las condenas por haber secuestrado, torturado y asesinado a Soria. "La remisión (de la exposición razonada al Supremo) solo se producirá cuando el juez considere que no debe declinar la competencia jurisdiccional con arreglo al principio de subsidiariedad", replica el magistrado en respuesta al fiscal.
El secuestro
Este procedimiento judicial se inició cuando el juez Santiago Pedraz admitió a trámite la querella del grupo opositor Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R), al que pertenecían los cuatro activistas.
Según la querella, todos ellos habrían sido engañados y apresados por Carmelo Ovono, el encargado del espionaje internacional en el Gobierno que encabeza su padre.
El avión oficial de Guinea Ecuatorial señalado por la Policía Nacional.
Tras ser detenidos en Sudán del Sur, donde se habían reunido con movimientos políticos afines a su causa, habrían sido introducidos en unos contenedores de carga y custodiados después por una caravana de militares fuertemente armados, que los habrían conducido hasta la puerta de un avión presidencial del Gobierno de Obiang. Un informe policial señala que el jet oficial fue utilizado para llevarles, retenidos, a Guinea.
Dos de las supuestas víctimas contaban con la nacionalidad española. Se trata de Feliciano Efa y de Julio Obama. Este último murió en extrañas circunstancias en una cárcel de Guinea Ecuatorial, pocos días después de que la Audiencia Nacional permitiese a Didi regresar a su país, una vez le fue notificada la querella. El MLGE3R considera que se trató de una "represalia".
Los investigados
Carmelo Ovono, además de ser uno de los hijos del dictador que gobierna con puño de hierro la antigua colonia desde 1979, es el encargado de la Inteligencia de Guinea Ecuatorial en el extranjero.
Por su parte, Nicolás Obama Nchama es el ministro de la Seguridad Nacional. Isaac Nguema, el director adjunto de la Seguridad de la Presidencia. En resumen, los tres imputados son figuras relevantes en la cúspide del régimen de Teodoro Obiang.
[La Policía investiga el espionaje en plena Gran Vía al abogado de los secuestrados por Obiang]
La Comisaría General de Información de la Policía Nacional acusa a Didi de ejercer una "sistemática" represión contra los opositores al régimen de su padre en el extranjero. Incluso, esta unidad policial asegura que Carmelo Ovono Obiang creó una empresa en Marbella para camuflar las vigilancias que coordinaba contra los disidentes políticos que residen en nuestro país. Algunos de estos seguimientos fueron ejecutados en pleno centro de Madrid.
Sin embargo, Pedraz destaca en su auto que no hay indicios claros que demuestren que estos actos sirvieron para preparar específicamente el secuestro de las cuatro víctimas. Además, tal y como recalca el juez en respuesta a la Fiscalía, "aquí sólo se investigan unos hechos muy concretos y no 'una persecución sistemática de opositores al régimen'".
La muerte de Obama
El Ministerio de Exteriores español solicitó, sin éxito, información a las autoridades ecuatoguineanas sobre la muerte de Julio Obama. Y el juez Pedraz ordenó repatriar su cadáver para practicarle la autopsia. Lo hizo en enero de 2023 y, por el momento, los restos no han sido enviados a España. El Gobierno de la antigua colonia lleva más de un año negándose a colaborar y alega que la muerte se debió a una enfermedad.
El caso Guinea ha sido abordado, incluso, en el Parlamento Europeo. Por una abrumadora mayoría de 518 votos a favor y sólo seis en contra, la Eurocámara reclamó sanciones a la dictadura de Guinea Ecuatorial, a la que responsabilizó de la muerte de Obama.
Además, un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) alertó de que Carmelo Ovono introdujo en España "grandes cantidades de dinero en efectivo, sin que estuviera claro su origen".
Desde el momento en que trascendió la existencia de esta investigación judicial, las autoridades españolas también desconocen el paradero y la situación de Feliciano Efa, el único de los dos nacionalizados que aún sobrevive. Los otros dos secuestrados eran residentes en España e, igualmente, opositores al régimen de los Obiang.
El exparacaidista Feliciano Efa, una de las víctimas españolas del supuesto secuestro.
Así lo relató también el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. En un informe fechado el pasado agosto, consultado por EL ESPAÑOL, Naciones Unidas señala que las autoridades ecuatoguineanas "impiden cualquier asistencia consular".
"Actualmente, los tres secuestrados [aún vivos] se encuentran desaparecidos, no se sabe su paradero y, aunque la autoridad judicial española ha requerido conocer su ubicación y estado de salud, las autoridades de Guinea Ecuatorial no informan de su paradero, por lo que vuelven a estar sometidos a una situación de desaparición forzada", reprochó el Grupo de Trabajo en un dosier.